La verdad es que Soraya Sáenz de Santamaría no se ha esforzado demasiado en concretar y detallar el "impulso reformista" que, de forma aun más vaga, nos ha anunciado este lunes el presidente Mariano Rajoy para el año 2013. Básicamente, la vicepresidenta se ha limitado a explicar que se trata de hacer una "apuesta por la competitividad" a través de medidas de "liberalización de servicios" como la energía y la telecomunicaciones; reformas, en definitiva, que "permitan liberar de trabas burocráticas a empresarios y trabajadores".
Tal vez la razón por la que la vicepresidenta no haya abundado en detalles se deba al "cansancio retrospectivo" que, dice, le causa "contar el número de reformas" que ya se han llevado a cabo, y que ha querido enumerar para convencernos de que el esfuerzo reformista ha "sido claro e intenso". Sea como fuere, el problema está en que, a falta de mayor concreción, no sabemos el alcance que van a tener estas medidas. En principio, suena bien todo aquello que persiga la supresión de trabas burocráticas y una mayor competitividad mediante la liberalización de los mercados, especialmente en un ámbito que tanto lo requiere como es el energético. La duda está en cuál va a ser el alcance y el ritmo de aplicación de estas medidas por parte de un Gobierno que ya nos anunció hace más de un año un "impulso reformista" pero que, sin embargo, ha permanecido instalado en un maquillado inmovilismo, no exento de contraproducentes medidas fiscales.
Algo más que mero "cansancio retrospectivo" causa a muchos ciudadanos comprobar que muchas de las reformas profundas y urgentes que España necesita van a esperar eternamente, puesto que el Gobierno asegura que ya han sido acometidas. Tal es el caso de la que afectaría a nuestro insostenible y sobredimensionado sector público. ¿Cómo esperar también una auténtica cura de adelgazamiento del Estado, si este Gobierno se muestra "satisfechamente cansado" por un mero ajuste en su "parque móvil" o en su "publicidad y comunicación institucional"? ¿Cómo esperar la supresión de las subvenciones a las patronales, los sindicatos y los partidos políticos, cuando la vicepresidenta, refiriéndose exclusivamente a estos últimos, se muestra satisfecha por una mera "desvinculación de las subvenciones al IPC y reducción de un 20% en los Presupuestos de 2012 y un 20% adicional en los de 2013"? ¿Cómo esperar la erradicación de trabas burocráticas a favor de la unidad de mercado, si eso supone entrar de lleno en una reforma de nuestro insostenible modelo autonómico, reforma capital que el Gobierno no se atreve a afrontar y que está obstaculizando muchas otras, como la que afecta a ayuntamientos y diputaciones?
Bien está –insistimos– la reforma liberalizadora del mercado energético que anuncia Sáenz de Santamaría. Pero, al margen de que debía haber sido anunciada con concreción a finales del año pasado, y no vagamente a finales de éste, ¿qué alcance va a tener, mientras el Gobierno no se atreva a denunciar la insostenibilidad de la mal llamada energía verde y ni siquiera ose pronunciar la palabra nuclear? ¿Es muestra de ese "claro impulso reformista" la pasividad –en el mejor de los casos– con la que el Gobierno ha asistido al cierre de Garoña, lo que ha reducido aun más nuestro ridículo parque nuclear?
Habrá que dar nuevamente tiempo al tiempo; pero si el Gobierno prosigue en ese "reformismo pausado" con el que se muestra tan satisfecho, no será la primera vez que unos buenos anuncios queden en papel mojado. Y eso también causa mucho "cansancio retrospectivo".