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Los cinco gráficos que resumen un lustro de drama laboral

Desde 2007, España presenta 2,7 millones de parados más, el doble de gasto en desempleo y 2,9 millones de cotizantes menos.

Desde 2007, España presenta 2,7 millones de parados más, el doble de gasto en desempleo y 2,9 millones de cotizantes menos.

España cerró 2012 con casi 4.850.000 parados registrados en las listas oficiales de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem). Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre del pasado año, la tasa de paro supera ya el 25%, con cerca de 5,8 millones de desocupados, y según Eurostat, ésta alcanza ya el 26,6% en noviembre (algo más de 6,1 millones de parados), liderando así los indicadores de la UE y la OCDE (que engloba a las economías más desarrolladas). De hecho, el índice de desempleo español es el cuarto más alto del mundo, según los registros del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde que estalló oficialmente la crisis financiera mundial, a mediados de 2007, España ha sufrido un histórico drama laboral durante el último lustro. Así, según las cifras oficiales del Ministerio de Empleo, el número de parados registrados ha aumentado en 2,72 millones de personas desde diciembre de 2007, al pasar de 2,1 millones a algo más de 4,8 millones oficiales, un 127% más.

Asimismo, los beneficiarios de prestaciones por desempleo han pasado de 1,53 millones en 2007 a superar la barrera de los 3 millones en noviembre de 2012 (último dato publicado), lo cual se traduce en un incremento de 1,46 millones (un 95% más).

Nota: datos hasta noviembre de 2012

Este sustancial aumento se ha traducido, igualmente, en un mayor gasto público en prestaciones de desempleo. El presupuesto anual destinado a esta partida ha pasado de los 14.470 millones de euros en 2007 a los más de 31.000 millones que, previsiblemente, alcanzará en 2012. Es decir, el gasto estatal destinado a desempleo se ha disparado en 16.500 millones de euros extra al año, un aumento del 114,2% desde el estallido de la crisis. Aunque el Gobierno estimó inicialmente un gasto en desempleo de 28.805 millones para 2012, esta previsión se ha visto superada por la realidad en algo más de 2.000 millones de euros.

Nota: los 31.000 millones de diciembre de 2012 son provisionales

Por otro lado, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha derrumbado desde los 19,2 millones en 2007 a apenas 16,3 millones a finales de 2012, según los datos de afiliación del último día de mes. Esto significa que la economía española ha destruido un total de 2,86 millones de puestos de trabajo en los últimos cinco años, casi un 15% del total de ocupados registrados al inicio de la crisis. Se trata del ritmo más rápido e intenso de destrucción laboral desde la posguerra, superando a la crisis del petróleo de finales de los años 70, caracterizado por al estanflación, y la recesión de la primera mitad de la década de los 90.

Esta inédita caída de la afiliación tiene consecuencias muy graves para la sostenibilidad del sistema de pensiones. No en vano, mientras han desaparecido 2,86 millones de cotizantes, el número de pensionistas no ha dejado de crecer, al pasar de 7,58 millones en 2007 a 8,18 millones en 2012, casi 600.000 más (un aumento del 7,8%). Como resultado, la ratio de ocupados/pensionistas ha bajado de 2,53 en 2007 a 1,99 en 2012.

Una ratio inferior a dos ocupados por pensionista es financieramente insostenible a corto y medio plazo, según los expertos. De ahí, precisamente, los números rojos que presenta la Seguridad Social y el uso, por primera vez, del Fondo de Reserva del sistema -la famosa hucha de las pensiones- por parte del Gobierno en 2012.

La Seguridad Social presenta un creciente déficit estructural como consecuencia de la caída de la ocupación y el envejecimiento de la población española, tal y como refleja la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales y el gasto en prestaciones contributivas (pensiones y otros subsidios). El déficit estructural no ha dejado de aumentar desde 2010, lo cual significa que las cotizaciones sociales no alcanzan para pagar las pensiones contributivas.

Este agujero no sólo ha obligado a reformar una vez más el sistema público de pensiones, retrasando la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 67 años y aumentando de 15 a 25 años cotizados el período que sirve de base para calcular la cuantía de la pensión, sino que, además, forzará la introducción de nuevos mecanismos correctores para tratar de garantizar la viabilidad del sistema.

Nota: datos disponibles hasta noviembre de 2012

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