Alrededor de 30.000 fallecidos figuraban como beneficiarios de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según un informe preliminar del Tribunal de Cuentas elaborado a partir del cruce de datos de las comunidades autónomas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
Ya en junio de 2011, era el diario El País quien publicaba que el Gobierno manejaba dicha información y denunciaba que más de 30.000 muertos estaban cobrando las ayudas de dependencia, debido a supuestos errores en la aplicación de la ayuda en cada Comunidad Autónoma. En esta ocasión ha sido el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, del PP, quien lo ha denunciado a la entrada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, a la que asisten los consejeros autonómicos del ramo y preside la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. Así, el incumplimiento de la normativa podría haberse prolongado a lo largo del tiempo y dichos muertos haber continuado cobrando las ayudas a la dependencia.
Echániz ha afirmado que el informe "es demoledor" para el PSOE porque pone en evidencia no solo "la mala gestión" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sino la "descoordinación" en las prestaciones.
"En el cruce de los datos formulados entre el Imserso y las comunidades autónomas hay hasta 30.000 fallecidos", ha subrayado el consejero castellanomanchego sobre el informe que se estudiará esta tarde en el consejo territorial.
En Castilla-La Mancha, el número de fallecidos que estaban en el sistema era de mil, según el consejero. Echániz ha señalado que el Ejecutivo junto a las CCAA pondrá en orden un sistema que, en su opinión, se creó de una forma "deslavazada" y "desordenada", "con poco rigor y está dando más problemas que satisfacciones", según ha dicho.
Por su parte, el consejero extremeño de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández, también del PP, ha valorado la reforma de la ley de dependencia que ha aprobado el Ejecutivo y ha acusado al PSOE de usar "intereses políticos y demagógicos".
A su juicio, todos los políticos a la hora de tomar decisiones tienen que priorizar, y la disminución presupuestaria la están sufriendo todas las autonomías, en respuesta a los consejeros de las autonomías gobernadas por el PSOE, que han criticado que el Gobierno desmantele el sistema de la dependencia con la excusa de la crisis.
Hernández ha destacado que en el caso de Extremadura se han tomado decisiones "para priorizar la dependencia" y por eso las partidas presupuestarias dedicadas a ella han aumentado más de un 6 por ciento y "es una buena muestra de lo que podían hacer otros", ha añadido.
Sobre el Consejo Territorial ha dicho que se va a establecer un nuevo sistema "para que pesen más a la hora de la financiación de la dependencia las prestaciones de servicio que generan empleo frente a las prestaciones económicas".
Extremadura, según este consejero, tiene "la ventaja" de tener más prestaciones de servicios -el 58 por ciento- frente a las prestaciones económicas que son inferiores.
En cuanto al catálogo de servicios sociales que viene a unificar las prestaciones sociales para todas las comunidades autónomas y que también abordarán en la reunión, el consejero extremeño ha opinado que "viene a realzar el papel de los servicios sociales y a potenciar los préstamos que en algunas ocasiones han crecido de forma desigual".