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Asfixia fiscal

Mientras no se reduzca el tamaño de lo público no se podrán bajar los impuestos ni, en consecuencia, podremos superar la crisis.

Emilio J. González
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El Gobierno se las promete muy felices con lo del fin de la crisis; piensa que la recesión tocará suelo a mediados de este año, como prevé el ministro de Economía, Luis de Guindos, y que la ley de emprendedores que empieza a preparar será el impulso necesario para que la actividad productiva remonte. Yo creo, sin embargo, que no va a pasar nada de esto mientras el Gabinete no ponga en marcha una verdadera política de reducción del gasto público para abrir margen al sector privado y a la sociedad.

Es muy difícil que puedan consolidarse actividades empresariales, ya sea a través de nuevas empresas o mediante la aparición de nuevos autónomos, si las escuetas ganancias que puedan obtener muchos de los emprendedores que necesita este país van a ir a parar a las arcas de Hacienda a través de los impuestos y las cotizaciones sociales. Porque, en estos tiempos de crisis, en los que las empresas, los autónomos y los trabajadores ganan cada vez menos, a los emprendedores les resulta cada vez más difícil afrontar la gran mordida tributaria que aplica el Gobierno a través de las cotizaciones sociales, el IRPF y, sobre todo, un IVA en el que sigue sin arreglarse eso de la obligación de ingresar este impuesto cuando aún no se ha cobrado la factura y en el que se acumulan retrasos y más retrasos en las devoluciones de IVA. De la misma forma, es muy difícil que la demanda de consumo remonte si las familias, además de ganar menos, tienen que pagar más impuestos. Y, por la misma razón, es más difícil que estas mismas economías domésticas puedan salir adelante, evitar la quiebra, el embargo del piso, el impago de cualquier préstamo o de cualquier cuota de la tarjeta de crédito si el Ejecutivo sigue obsesionado con recaudar en vez de con recortar. Es decir, es muy difícil que se recuperen la economía y el empleo si la presión fiscal no se alivia.

El problema es que el Gobierno no parece estar por la labor. El Ejecutivo está aplicando la tijera, o está obligando a que las autonomías la apliquen, en capítulos tan sensibles como sanidad, educación, pensiones y prestaciones por desempleo, mientras sigue sin tocar aquello que más afecta a los políticos y sus allegados, que no es otra cosa que la necesaria reforma de la administración, con la consiguiente reducción de efectivos del sector público. Aquí nos han subido el IRPF y el IVA, pero nadie elimina asesores, ni coches oficiales, ni empresas públicas, ni políticas de gasto innecesarias que ahora no nos podemos permitir y que, en cualquier caso, nunca debieron aprobarse. La crisis está imponiendo al sector privado una terapia de choque, cuando lo que se necesita es una dieta de adelgazamiento radical para el sector público que nadie entre los que tienen que hacerlo quiere aplicar. Pero mientras no se reduzca el tamaño de lo público no se podrán bajar los impuestos ni, en consecuencia, podremos superar la crisis, porque, por mucho que diga la ley de emprendedores, si los impuestos siguen asfixiándonos como lo están haciendo, nunca saldremos adelante.

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