Comprendo la tendencia humana a compadecerse del débil, del ignorante, del que tiene alguna carencia. Es la consecuencia más noble de la fraternidad entre los seres humanos. La compasión se sublima cuando, además, se ponen los recursos propios –esfuerzo personal, dedicación de tiempo y dinero, compromiso, etc.– al servicio de aquel a quien se trata de ayudar, buscando resolver, con la aportación propia, el problema que le aqueja.
La cosa cambia y el valor ético de la conducta se desvanece cuando aquel que se vio llamado a la compasión desplaza a terceros el compromiso, el esfuerzo y la dedicación de tiempo y dinero. La generosidad merece tal apelativo cuando se compromete lo propio, no lo de un tercero, aunque el tercero sea el Estado.
Me preocupa la seguridad jurídica cuando las condiciones pactadas en las transacciones privadas pueden ser modificadas, bien por acuerdos entre las fuerzas políticas, aunque estos desemboquen en la sumisión a un arbitraje impuesto, bien cuando se propone que el juez pueda modificar ad casum las condiciones contractuales, a la luz de la debilidad del obligado contractual.
Estoy pensando en la actualidad de las preferentes, o en lo que se rumorea como líneas de reforma de la Ley Hipotecaria. Tampoco sé por qué hablar de las preferentes y no de la deuda subordinada, de los bonos o de fondos de uno u otro tipo, cuando el emisor no pueda hacer frente a su obligación con el tenedor del título.
El argumento que se esgrime en el tratamiento de las preferentes es que muchos de los que las adquirieron no eran capaces de distinguir el carácter del título –sí distinguían, sin embargo, digo yo, que el tipo de interés que iban a percibir era sustancialmente superior al que habrían percibido en caso de haber optado por el depósito garantizado–. A estos tomadores, que consideramos no tienen capacidad para distinguir entre dos alternativas financieras, sí les reconocemos capacitados para distinguir entre programas electorales y para elegir, mediante su voto, el que consideran más conveniente. Parece una incongruencia gnoseológica.
En cualquier caso, admito que pudo mediar engaño, incluso coacción, a la hora de contratar el producto; ocurre en las mejores familias. Ahora bien, si es así, no cabe resolver la cuestión reintegrando el importe de las preferentes afectadas, o cambiándolas por otros títulos. Si hubo estafa, hay que perseguir penalmente al estafador para que, probada la comisión del delito, se le sentencie a reparar el daño hecho a la sociedad en su conjunto, además de satisfacer la responsabilidad civil del daño producido al afectado.
Pero esto nada tiene que ver con un acuerdo entre fuerzas políticas que, en ocasiones, sólo pretenden ver colgados a unos –a los más fuertes– y liberados de los efectos nocivos de su avaricia a los más débiles. El único acuerdo entre las fuerzas políticas debería ser el de no meter la nariz en las cuestiones propias de los tribunales de justicia.