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Botella impone el IBI a 11.000 inmuebles singulares

El Ayuntamiento de Madrid empezará a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a más de 11.000 edificios históricos.

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El Ayuntamiento de Madrid empezará a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a más de 11.000 edificios históricos.

El contribuyente español se enfrenta a una Administración demasiado grande y opaca, por lo que esta colección de noticias e informaciones varias ayuda a que los pagadores de impuestos sigan más de cerca el uso que se hace de sus recursos. Semana tras semana, Libre Mercado lucha contra esta situación publicado noticias que reflejan el llamado "Bienestar del Estado".

Empezamos la crónica del despilfarro de esta semana con una polémica información: según las respuestas parlamentarias del Ejecutivo, Mariano Rajoy cuenta con más de 550 "asesores de confianza". Concretamente, el Gobierno popular apenas ha reducido en 51 el número de asesores de confianza que mantuvo la Administración Zapatero, un recorte que no llega ni al 10%. Así, en La Moncloa hay hoy 578 trabajadores ejerciendo estas labores con cargo al presupuesto público. Cabe señalar que recientemente se añadieron 129 plazas de libre designación en las áreas ministeriales del gobierno de la nación.

Puestos a hablar de personal, no podemos olvidarnos de los casi 30.000 "enchufados" del gobierno andaluz que trabajan en la "administración paralela" del Ejecutivo regional. Hablamos de decenas de miles de personas que, gracias a su proximidad con PSOE, UGT y CCOO, viven a costa de los contribuyentes sin necesidad de superar ninguna oposición. Por suerte para los pagadores de impuestos andaluces, las tres primeras sentencias del TSJA podrían empezar a desmontar este tinglado, por lo que al menos hay esperanza de que esta lacra vaya a menos.

Las cosas tampoco van mejor en cuanto al déficit, pero no ayuda que la Unión Europea lo siga permitiendo. Esta semana hemos conocido que la UE podría retrasar de nuevo el cumplimiento del objetivo de déficit. Así lo señaló Olli Rehn tras su reciente visita a España. De confirmarse, este sería un incumplimiento más de la Administración española con los socios europeos. El año pasado, por ejemplo, el descuadre presupuestario superó en alrededor de 100.000 millones el objetivo fijado por Bruselas. Así, se registró un déficit para 2011 del 8,9% frente a un compromiso de dejar este indicador en un 6%.

¿A cuánto ascenderá el déficit final para 2012? Según las estimaciones de Funcas, podríamos estar hablando de un desfase presupuestario del 7,3% para 2012. Esto supondría superar notablemente el pacto de dejar el déficit en un 6,3%, compromiso que a su vez suponía una relajación del nivel acordado inicialmente con Bruselas. De acuerdo con las proyecciones de Funcas, 2013 volverá a registrar otro incumplimiento más del déficit, esta vez del 5,6%.

Evidentemente, no ayuda que comunidades como Cataluña incumplan de forma sistemática el déficit. En 2012 tuvo un déficit del 2,3%, un desfase de más del 45% respecto a lo fijado por el gobierno central. No obstante, el gobierno catalán fue "rescatado" entonces por los contribuyentes de toda España a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Aquel mecanismo desembolsó 5.370 millones de euros que no han servido de mucho: de cara a 2013, el Ejecutivo catalán pide 9.073 millones de euros. Hablamos, por tanto, de un segundo rescate que absorbería el 40% de los fondos del FLA para todas las autonomías y sumaría ya 20.000 millones de euros entregados a Cataluña en dos años para intentar rescatar a sus políticos manirrotos.

Así las cosas, es evidente que la "austeridad" está brillando por su ausencia. Esta semana conocimos que España cerró 2012 con 2,9 millones de empleados públicos. La cifra es similar a la registrada en 2007: esto significa que la plantilla de personal de las Administraciones sigue en niveles dignos de los años de la "burbuja" inmobiliaria. Al mismo tiempo, el dato confirma que entre 2008 y 2012, lejos de haberse aplicado políticas de contención del gasto, las diferentes entidades públicas aumentaron su número de empleados en alrededor de 300.000 personas.

Hablemos ahora de los impagos que genera esta irresponsable forma de manejar el dinero de los contribuyentes:

  • Los hospitales deben a las compañías farmacéuticas más de 3.200 millones de euros. El retraso medio en los pagos equivale a 261 días. Extremadura disparó estos impagos en un 51%, aumentando sus obligaciones en 82 millones de euros.
  • Cataluña no paga a los hospitales concertados. La región gobernada por CIU no solamente aumentó su deuda farmacéutica en un 8% durante 2012, sino que tampoco es capaz de financiar a sus hospitales de gestión concertada, a los que apenas entregará el 75% de lo prometido cuando reciba un nuevo rescate del Fondo de Liquidez Autonómica.

Tampoco ayuda que no se cumplan las promesas electorales que prometían rectificar algunas de las formas en las que el Estado estrangula al sector privado. Pensemos, por ejemplo, en los autónomos españoles, que adelantaron 977 millones por el IVA de facturas no cobradas. La cifra se une a los 1.933 millones de euros adelantados en 2011. Antes de la cita con las urnas, tanto PP como PSOE habían hablado de acabar con este problema, pero un año después nada ha cambiado.

Peor aún es la situación de los impuestos: en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se ha decidido vender como un avance la decisión de imponer un IBI reducido a los edificios históricos en vez de un IBI convencional. En la práctica, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid es empezar a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles a más de 11.000 inmuebles. Cierto es que incorporar una bonificación superior al 80% aminora la factura final de esta nueva subida de impuestos, pero no por ello deja de ser lo que es: una nueva subida de impuestos.

El caso del consistorio madrileño no es ningún hecho aislado: el Gobierno central recaudó 6.800 millones más en impuestos durante el año pasado. Tras 27 subidas de impuestos, el Ejecutivo disparó los ingresos tributarios un 4,2% a base de empobrecer aún más a las empresas y familias españolas. Esto apenas equivale al 7% del déficit registrado en 2011, lo que confirma que España no tiene un problema de ingresos sino de gastos. Al fin y al cabo, el esfuerzo fiscal en nuestro país es el mayor de la Eurozona.

Estos salvajes aumentos de la presión fiscal sirven, eso sí, para financiar una clase política muy bien pagada. Un estudio del Tribunal de Cuentas fijó la retribución media de los alcaldes y presidentes de diputación en 74.463 euros al año. Para concejales y diputados provinciales, el sueldo medio sería de 52.439 euros. El informe explica también que los sobresueldos son la norma, articulados a través de otros organismos y sin aparente límite.

Entre esos organismos encontramos, por ejemplo, los "Consejos Sociales" autonómicos. Estos entes llegan a registrar años con cero publicaciones, como ha ocurrido en Aragón durante 2011. El total de gasto derivado del mantenimiento de estos entes públicos suma 20 millones de euros. Más ejemplos de su efectividad: los dos informes al año editados por Asturias y Extremadura en 2011.

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