Las Administraciones Públicas tardaron en pagar a sus proveedores 141 días de media en 2012, casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la ley, mientras que la morosidad en el sector privado fue de 93 días frente a los 75 que la norma establecía.
No obstante, en 2012 el plazo medio de pago a proveedores disminuyó un 13% de media en las Administraciones Públicas y un 5,1% en el sector privado, según el informe "Morosidad 2012" de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que representa a cerca de un millón de empresas.
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha defendido hoy en rueda de prensa la ley sobre morosidad, porque antes de 2010 "quien pagaba a 400 días lo hacía de forma legal y hoy es ilegal", ha explicado, aunque ha afirmado que todavía no es suficiente.
En 2012 por primera vez en diez años bajó el plazo medio de pago en el sector público, aunque sigue siendo alto, según Cañete. Según el informe, el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la ley 15/2010 para ese año.
En este sentido, ha recordado que tanto la ley española como la Directiva Europea que se implantará en marzo, obligan en 2013 a las administraciones públicas a reducir sus plazos de pago a 30 días y al sector privado a 60.
La plataforma se reunió la semana pasada con el Ministerio de Hacienda para trasladar sus propuestas y, según Cañete, en breve se liquidará el 100% de los pagos pendientes antes de 2011, que supone unos 3.700 millones de euros. Pese a ello, todavía queda una cantidad pendiente superior a 2.000 millones, ha asegurado.
Entre las propuestas de esta organización, destaca la derogación del apartado 5 del artículo 228 del real decreto 3/2011 "que se aprobó días antes de las elecciones generales" que permite a los contratistas de obra pública pagar a sus proveedores a plazos superiores a 250 días. Para Cañete, supone un "fraude de ley" que perjudica a las pymes y a los autónomos.
La plataforma también ha pedido que pymes y autónomos no tengan que adelantar el IVA de facturas no cobradas y que se establezca un régimen sancionador con multas "ejemplarizantes" de hasta 900.000 euros.
Asimismo ha reivindicado la creación del Observatorio de la Morosidad, para conocer el comportamiento de las transacciones comerciales, como el resto de países "serios" de Europa, ya que, según ha dicho Cañete "estamos conduciendo sin GPS".