La retención de una parte de los depósitos bancarios en Chipre para evitar la quiebra del país y poner en marcha su rescate es una buena medida cuya aplicación se ha llevado a cabo de manera desastrosa por parte del Gobierno chipriota. Porque ha sido el Gobierno soberano de Chipre, y no Angela Merkel a través de la Troika, como algunos sostienen interesadamente, el que ha decidido violar la garantía implícita de los depósitos inferiores a 100.000 euros, asumida con carácter general por todos los Estados miembros de la Unión Europea. A falta de que se concrete la cuantía exacta de la quita para los modestos ahorradores, Nicosia es el único responsable de este agravio a la seguridad jurídica que debe imperar en el régimen financiero de todos los Estados de la UE.
Chipre es un país sobreexpuesto a la deuda griega a causa de su enorme captación de depósitos extranjeros. Su sistema financiero tiene en estos momentos un agujero de 10.000 millones de euros, lo que supone nada menos que el 60% del PIB del país. Pero resulta que Chipre es, además, un destino habitual de dinero ruso de origen más que dudoso, según ciertas denuncias, de tal forma que los magnates rusos estarían creando empresas filiales en la isla que, a su vez, invertirían en Rusia con apariencia de legalidad para blanquear todos los fondos depositados previamente en las entidades del pequeño país. Las presiones del Gobierno de Putin para preservar los fondos procedentes de Rusia revelan la importancia estratégica que la banca chipriota tiene para la nueva oligarquía. Nada más sensato, por tanto, que apoyar a Alemania en su negativa a rescatar a la banca de Chipre con fondos públicos, ya que ello supondría salvar a los oligarcas y a posibles mafiosos rusos a costa de los contribuyentes europeos, sin que ello evite además que saquen más tarde sus depósitos y, por tanto, el sistema chipriota precise un rescate adicional.
La Unión Europea debe proteger al pequeño ahorrador chipriota y, por extensión, a todos los contribuyentes europeos restringiendo la quita a las sumas superiores a los 100.000 euros para evitar la socialización injusta de las pérdidas de su sistema bancario. Los inversores extracomunitarios que han estado utilizando la banca de Chipre para sus operaciones financieras, más o menos dudosas, han de asumir el coste les corresponde en tanto que acreedores de unos bancos cuyos servicios han venido utilizando largo tiempo en beneficio propio. Lo contrario sería sentar un precedente irresponsable que dañaría a todo el sistema financiero europeo, cuya seguridad jurídica es un bien superior que todos los Gobiernos, empezando por el de Nicosia, deben preservar.