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El 70% de los recortes en 2012 consistió en paralizar obra pública

El déficit cayó en 19.800 millones en 2012 si se excluyen las ayudas bancarias, pero el grueso del ajuste se concentró en la inversión pública.

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El déficit público se elevó hasta el 10,6% del PIB (111.641 millones de euros) el pasado año frente al 9,4% (100.402 millones) de 2011, de forma que el agujero fiscal aumentó un 11,2% interanual (11.239 millones). Se trata del segundo mayor descuadre presupuestario de la historia de España tras el 11,2% del PIB registrado en 2009.

Dicho desajuste deriva de unos gastos de 493.685 millones de euros frente a unos ingresos de 382.044 millones. Así pues, el conjunto del sector público gastó el pasado año un 2,8% más que en 2011 (13.612 millones), mientras que apenas ingresó un 0,6% extra (2.373 millones de euros), a pesar de la histórica subida de impuestos aprobada en 2012.

Sin embargo, lo más relevante del dato de déficit es el fuerte impacto que provocó el rescate de las cajas de ahorros sobre las cuentas públicas. En términos netos (descontando el cobro de intereses y garantías por parte del Estado), las ayudas financieras sumaron 37.566 millones de euros al agujero fiscal de 2012 frente a los 3.527 millones registrados en 2011, según la oficina estadística de la UE (Eurostat).

Impacto del rescate financiero en 2011

Impacto del rescate financiero en 2012

De este modo, una vez descontadas dichas ayudas, el déficit bajó del 9,1% del PIB en 2011 (96.875 millones) al 7,1% en 2012 (74.075) millones, en base a las cifras europeas. Es decir, el plan de consolidación fiscal aplicado por el Gobierno logró reducir la brecha presupuestaria en casi 22.800 millones de euros.

¿Cómo se ha repartido el ajuste?

El siguiente gráfico muestra la evolución de los ingresos y gastos no financieros del sector público, pero excluyendo en todo caso el efecto que ha tenido el rescate financiero en ambas partidas durante 2011 y 2012. Así, el gasto público se situó en 455.000 millones el pasado año, unos 19.800 millones menos que en 2011, mientras que los ingresos rozaron los 381.000 millones, casi 3.000 millones más.

Por el lado de los ingresos, el aumento de la recaudación ha sido mínimo, apenas un 0,8% interanual, a pesar de la histórica y continuada subida de impuestos puesta en marcha por todas las administraciones públicas. Sin embargo, según Hacienda, el impacto directo de los aumentos tributarios aprobados por el Gobierno rondó los 11.200 millones de euros en 2012. Dicho de otro modo, el Estado habría dejado de recaudar ese dinero en ausencia de tales medidas debido a la recesión económica, lo cual pone de manifiesto el sustancial esfuerzo fiscal que el Ejecutivo está exigiendo a los contribuyentes (familias y empresas).

Por el lado de los gastos, y siempre excluyendo el rescate financiero, 2012 fue el año en el que más se redujo el gasto público durante la crisis, casi 20.000 millones frente a los cerca de 10.000 de 2011. Sin embargo, según explica Juan Ramón Rallo, dicho ajuste se centró, básicamente, en la inversión pública (formación bruta de capital y transferencias, excluyendo ayudas bancarias).

Tal y como muestra la siguiente tabla, en donde se recoge la práctica totalidad del gasto público, el dinero destinado a infraestructuras (obra pública, transporte, saneamiento, equipamientos, etc.) se desplomó un 36% interanual, un recorte próximo a 14.000 millones, representando así el 70% del ajuste en la partida de gastos. Una cifra que supera de lejos el ahorro derivado de la eliminación de la paga extra a los funcionarios y la reducción de plantillas públicas (unos 7.500 millones), los recortes en consumos intermedios (servicios públicos) o la reducción de subvenciones al sector privado.

Recortar en inversión pública supone el tijeretazo más fácil, ya que no implica una reducción estructural del gasto público ni, mucho menos, redimensionar el tamaño del Estado. El truco de este recorte consiste en paralizar o retrasar la ejecución de obras, algo difícil de mantener sine die, tal y como muestra el hecho de que en la actualidad el volumen de inversiones con respecto al PIB se encuentra en su valor mínimo desde principios de los años 80.

Además, a pesar de estos recortes, centrados en la inversión, el sector público sigue gastando casi 4.000 millones más que en 2008 y hasta 40.000 millones extra si se compara con 2007, en pleno auge inmobiliario. Asimismo, en términos reales (descontando la inflación), el gasto total sigue superando los niveles de 2006, en la cima de la burbuja, y aún excluyendo los intereses de la deuda, el gasto registrado en 2012 seguiría superando el de 2006 en términos reales.

Por lo tanto, a día de hoy los datos oficiales no avalan la existencia de austeridad en el sector público. Por un lado, los escasos recortes aplicados se concentran en inversión pública, y por otro, incluso excluyendo el coste de la recapitalización bancaria, la inflación y hasta los intereses de la deuda, el gasto de las administraciones públicas supera los niveles alcanzados en 2007 y 2006, los años de mayor crecimiento económico.

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