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Rubalcaba pretende cargar a cada familia una factura extra de 1.700 euros

Las propuestas socialistas para salir de la crisis se centran en el gasto público; algo que tendría que ser aprobado por la UE.

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Alfredo Pérez Rubalcaba, este lunes, en Ferraz. | EFE

"Reactivar la economía para combatir el desempleo". Éste es el título con el que Alfredo Pérez Rubalcaba presentó este domingo las propuestas del PSOE en materia económica para salir de una crisis que dura ya seis años. El líder socialista, acosado dentro de su partido y a la baja en las encuestas, trata de recuperar la iniciativa con un programa alternativo al del Gobierno.

Son 22 medidas agrupadas en seis grandes apartados. Casi todas implicarían aumentos del gasto público. Por eso, no es extraño que en el epígrafe destinado a la fiscalidad se plantee una importante subida de casi todos los grandes impuestos. Eso sí, en una situación como la actual, este programa necesitaría la aprobación de la UE. Y desde Bruselas ya han dicho que no.

En manos de Bruselas

Todo el plan de Rubalcaba gira en torno al gasto público. El líder socialista lleva semanas denunciando que es la "austeridad" que nos impone Alemania la que nos ha traído hasta aquí. Por eso, pide casi en cada comparecencia de prensa que el Gobierno negocie ante la UE un nuevo calendario de reducción del déficit. Ni siquiera los dos años de margen que Luis de Guindos negoció con Bruselas (y que permitirán retrasar el límite del 3% hasta 2016) le parecen suficientes al PSOE.

De hecho, en esta propuesta, Rubalcaba no se queda sólo en peticiones a la UE para que permita a España mantener sus números rojos. Las dos medidas estrellas del plan son un fondo público de 20.000 millones para la financiación de las pymes y otro de 10.000 millones para reestructurar la deuda de los hogares. Y lo que quiere el socialista es que el dinero salga de la bolsa de 100.000 millones de euros que Bruselas puso a disposición del Gobierno para la recapitalización de la banca. Parece la cuadratura del círculo: 30.000 millones extra que nadie tiene que pagar, porque llegan de un fondo ya creado.

El problema es que la teoría se ha dado de bruces con la realidad. Por un lado, Bruselas ya ha dicho que el dinero del rescate de la banca es para eso, para la recapitalización del sistema financiero; en realidad, deberían decir que es para las "cajas", las entidades públicas que por ahora son las únicas que han recibido dinero público. Y claro, parece lógico que aquellos que han prestado el dinero pongan las condiciones, como en cualquier préstamo.

De hecho, ésta es una cuestión interesante porque refleja una situación que se obvia en los análisis que se hacen desde España. Nuestro déficit público ha sido superior a los 100.000 millones de euros en los últimos cuatro años. Por eso, a mediados de 2010, los mercados casi se cerraron para nuestro país. Y la tabla de salvación ha estado en la UE y el BCE. Sin su respaldo, el ajuste habría sido mucho mayor (de esos 100.000 millones), porque el país probablemente habría entrado en default , ya que nadie nos habría prestado. La austeridad, ya sea mucha o poca, no es una elección ideológica, sino una imposición externa, de los acreedores o los avalistas, que quieren recuperar su dinero. Por eso, el Gobierno del PP, como ya hizo el del PSOE, somete todos sus planes a la aprobación de Bruselas. Y Rubalcaba tendría que hacer lo mismo si llegase a La Moncloa, le guste o no.

En tercer lugar, está la cuestión de quién pagaría esos 30.000 millones de euros. Aunque procedan del fondo europeo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), habrá que devolverlos en algún momento. Si dividimos entre los más de 17 millones de hogares que hay en España, tenemos unos 1.700 euros de deuda extra que se anotaría cada familia y que tendría que pagar con sus impuestos en los próximos años.

Es más, la tercera gran medida de la propuesta del PSOE es un "Programa Extraordinario de Mantenimiento del Empleo" que pagaría a las empresas la mitad del "coste" de los trabajadores a los que redujese la jornada en vez de despedirlos. El objetivo es alcanzar "una moratoria de los despidos por causas económicas hasta 2015". Según Rubalcaba, en Alemania hasta 1,5 millones de empleados se benefician de un plan como éste. Suponiendo que en España ese número fuese de un millón de empleados, con un coste de 30.000 euros al año, que se quedaría en 15.000 por media jornada: al Estado le costaría unos 7.500 millones más sólo en ayudas a estas compañías (otros 440 euros por hogar).

Las propuestas

Pero no es sólo una cuestión de dinero. Las propuestas del PSOE están apenas esbozadas, pero sólo con el texto presentado este domingo ya han surgido algunas dudas, en algunos aspectos fundamentales:

  • Causas: el texto afirma que "Las causas de este nuevo e intenso deterioro económico hay que situarlas en el diseño de las políticas fiscales europea y española basadas en la austeridad como único objetivo, en las insuficiencias de la política de financiación de la deuda pública y, por encima de todo, en el bloqueo efectivo del crédito al sector privado". Ni una sola mención a los ocho años de gobierno socialista.
  • Reestructuración de la deuda hipotecaria: los 10.000 millones del fondo para ayudar a los hogares irían destinados a pagar la hipoteca de las familias "que no puedan hacer frente" a la misma por razones sobrevenidas "como consecuencia de la crisis". No hay ningún apunte a cómo se evitaría el efecto perverso de que alguien dejase de pagar pensando que podría tirar del fondo público y quedarse en su casa.
  • Impuestos: el programa de Rubalcaba no habla de subir impuestos, sino de "construir un sistema fiscal capaz de luchar contra el fraude, que sea justo y más eficiente". Pero todas las medidas que propone supondrían en la práctica un incremento tributario. Es más en la rueda de prensa de este lunes, admitió que le gustaban las propuestas en materia fiscal de Cayo Lara y anunció que se reuniría con IU para encontrar puntos de acuerdo. De esta manera, el PSOE, en el IRPF, pide "equiparar las rentas del capital con las del trabajo" (se entiende que subiendo las primeras, no bajando éstas últimas). También plantea "un mínimo homogéneo para todas las CCAA en materia de impuesto de sucesiones", para que no pueda haber comunidades como Madrid, que lo fijaron en el 0%. También pide incrementar la "progresividad del Impuesto de Sociedades eliminando deducciones", algo parecido a lo que ha hecho el Gobierno hace unas semanas, subiendo el tributo al no tocar el tipo general y cargarse deducciones.

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