Es una de las informaciones que aparece hoy en las portadas de la prensa económica, cuyos asuntos varían tanto como los colores de las cabeceras. Expansión decide abrir hoy señalando que "las empresas medianas de la bolsa ganan un 18% más". Más que las grandes del Ibex 35, dice el diario. Aclara que "crecen un 2% en ventas y evolucionan mejor que los grandes grupos" del principal indicador de la bolsa española.
Otra de las informaciones destacadas en este diario es que "la crisis dispara un 120% la deuda de las empresas con la seguridad social". Añade Expansión que "en sólo unos años, la seguridad social ha pasado de ser un colchón para las cuentas del Estado a constituir un motivo adicional de preocupación" y lo achaca a "la caída de cotizantes, la subida del paro y el incremento de pensionistas", algo que ha disparado su déficit mientras en paralelo "la bolsa de deuda pendiente de cobro por la Seguridad Social se ha incrementado desde 2007 en un 120%".
Si echamos un vistazo a el Economista vemos en el principal titular una llamativa información sobre la obtención del permiso de residencia en España. El afán por atraer inversiones ha hecho que el Ejecutivo suavice las cantidades de las inversiones necesarias para obtener dicho permiso. Según el Economista éste será ahora de un millón de euros de inversión en España para obtener la residencia y de 500.000 euros si se trata de la compra de un inmueble. Es una parte más de la Ley de emprendedores.
En el Economista también llama la atención que "se podrá rescatar el plan de pensiones para evitar desahucios". Así lo cuenta este diario, quien advierte también que "forma parte de la Ley Antidesahucios que entra este jueves en vigor".
Finalmente, en Cinco Días vemos el "nuevo marco en la obra civil". El económico de Prisa advierte de que "fomento frena en seco la revisión de los precios de los contratos" y añade que "el alza de costes correrá a cargo de las constructoras durante la ejecución" y no como hasta ahora, cuando era la administración quien corría a cargo de estos incrementos. Dice el Ejecutivo que las empresas deberán ajustar a la realidad los costes reflejados en sus propuestas para los concursos de obra pública.