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Las debilidades de un sistema de reparto

Las debilidades de un sistema de reparto son varias, quizá por eso no está permitido dicho sistema en el aseguramiento privado.

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Las debilidades de un sistema de reparto son varias, quizá por eso no está permitido dicho sistema en el aseguramiento privado, de donde no puede inferirse que cuando se trata de pensiones públicas la debilidad natural se convierta, por el hecho de lo público, en fortaleza.

La debilidad fundamental es la dependencia de los ingresos presentes para satisfacer derechos que se han adquirido a lo largo de muchos años de contribución al sistema. Es evidente que en momentos de crisis y de bajo empleo –situación actual–, las insuficiencias financieras se hacen presentes, poniendo en peligro el buen fin del derecho adquirido.

El sistema se ha venido desarrollando como si las condiciones de referencia hubieran permanecido constantes. Apenas pequeños retoques: número mínimo de años de cotización para tener derecho a la pensión máxima, número de años a considerar para determinar la base reguladora para el cálculo de la pensión, y poco más.

La edad de jubilación para la pensión máxima –supuestos cumplidos los demás requisitos– en los sesenta y cinco años teóricos ha sido considerada un logro social, que ahora puede convertirse en el enterrador del propio sistema. Desde que nos vanagloriábamos de estos logros –principios de los ochenta– hasta el día de hoy, la esperanza de vida media de la población española se ha elevado en más de veinte años –sólo en los últimos trece años, del 2000 al 2012, ha pasado de 75,8 años a 81,6 años–. Por ello, si el jubilado medio nacido en el año 2000 esperaba percibir diez años de pensión hasta el momento de su muerte, quien se jubile habiendo nacido en 2012 esperará ser pensionista durante más de diecisiete años, con lo que las cuentas, pronto o tarde, no cuadrarán.

En este sentido, estaría más que justificada la fijación de la edad de jubilación en relación con la esperanza de vida, pues es más complejo y de peores consecuencias económicas incrementar las cotizaciones para financiar el incremento de gasto en prestaciones, pues éste estaba pensando para una esperanza de vida claramente inferior de la que hoy goza la población española. Pero eso de alargar la vida activa parece que no produce entusiasmo en un país en el que el nirvana se consigue con la holganza.

Naturalmente, si a esto añadimos la disminución de la natalidad, que ha convertido la pirámide de edades en un cilindro ligeramente abombado por el centro, y con una tasa de desempleo del 26%, se comprenderá cuál es el problema al que nos enfrentamos.

La naturaleza de la cotización no es la de un impuesto, sino la de un precio para adquirir el derecho a una prestación futura; es decir, lo que en el aseguramiento privado llamamos prima. Dado que el Estado es el garante y que como administrador ha sido, al menos, negligente en reformar a tiempo el sistema, recórtense las prebendas y respétense los derechos. Vamos, es como yo lo veo.

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