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La UE instaura el rescate privado de bancos

El coste de los futuros rescates bancarios recaerá sobre accionistas y acreedores de la entidad, y sólo en última instancia sobre el contribuyente.

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El coste de los futuros rescates bancarios recaerá sobre accionistas y acreedores de la entidad, y sólo en última instancia sobre el contribuyente.

La Unión Europea (UE) ha sentado las bases del futuro mecanismo de resolución bancaria, la nueva fórmula para evitar la quiebra desordenada de grandes entidades financieras, comúnmente consideradas "sistémicas" o "demasiado grandes para caer" (too big to fail). Y la novedad radica en que los bancos en problema serán auxiliados, básicamente, mediante dinero privado, a diferencia de lo sucedido hasta ahora, en donde la mayoría de estados ha inyectado ingentes cantidades de dinero público para evitar su caída.

Los ministros de Finanzas de los Veintisiete han acordado en la madrugada de este jueves que sean los accionistas (propietarios) y acreedores de los bancos los que sufraguen el coste de las futuras insolvencias bancarias, en lugar de los contribuyentes. Este mecanismo, denominado bail-in (en inglés), es muy similar al adoptado recientemente en Chipre, en donde incluso los grandes depositantes de los bancos quebrados, con más de 100.000 euros, sufrieron quitas para minimizar la factura del rescate financiero.

El objetivo de la directiva, que entrará en vigor en 2014 ó 2015 (aún tiene que ser acordada con el Parlamento Europeo), es aclarar el orden de prelación en caso de resolución bancaria. Es decir, en qué orden y circunstancias se deben aplicar quitas a los distintos agentes para cubrir el agujero del banco y, de este modo, restablecer su solvencia. En todo caso, se prevé que el bail-in no se empiece a aplicar hasta 2018.

La nueva normativa establece que, como mínimo, el 8% del pasivo (deuda) del banco debe cubrirse con el capital aportado por los accionistas y mediante quitas al resto de acreedores privados (convirtiendo parte de la deuda en nuevas acciones), según el siguiente orden de prelación: accionistas; productos híbridos (preferentes y deuda subordinada); deuda júnior; deuda sénior; depósitos de más de 100.000 euros de grandes empresas; y, por último, depósitos de más de 100.000 euros de pymes y particulares.

Si aún así es insuficiente para garantizar la solvencia de la entidad, entrarían en juego los nuevos fondos de resolución nacionales, constituidos con las aportaciones de los bancos, para cubrir hasta un 5% extra de los pasivos de la entidad en problemas. Estos fondos, constituidos ex ante, serán sufragados por los propios bancos de cada país, al igual que sucede en la actualidad con los Fondos de garantía de depósitos (FDG). En este caso, su cuantía deberá ascender al 0,8% del saldo de depósitos protegidos que, sumado al 0,5% que cubren hoy los FDG, constituirían un colchón extra equivalente al 1,3% de los depósitos de hasta 100.000 euros.

Así pues, una vez cubierto el umbral mínimo del 8% de los pasivos mediante las citadas quitas, las autoridades nacionales, previa autorización de Bruselas, podrán cubrir un 5% extra de la deuda de la entidad haciendo uso de estos nuevos fondos de resolución. De hecho, estos fondos podrán "compensar a accionistas o acreedores siempre que sus pérdidas superen las que habrían recibido en un procedimiento de insolvencia normal", según el comunicado emitido por el Ecofin. Esto dejaría un cierto margen de maniobra a cada Estado para determinar de forma arbitraria las quitas a realizar en cada caso, generando así inseguridad jurídica, extremo que ha sido criticado por la patronal bancaria europea.

El rescate público, limitado

Hasta aquí el rescate privado de bancos, encargado de cubrir hasta el 13% de los pasivos. Sólo en caso de que el citado fondo de resolución no alcance para cubrir el 5% extra de la deuda bancaria, el Estado podría solicitar ayuda al Fondo de rescate europeo (ESM, por sus siglas en inglés), pero dicha cuantía no será inyectada directamente en la entidad sino que será prestada de forma de forma indirecta, a través del Estado, tal y como sucedido en el caso de España. Es decir, la UE presta dinero al Estado y éste a la entidad en cuestión, con lo que el crédito se contabiliza como deuda pública (y en su caso como déficit), ya que en última instancia es avalado por los contribuyentes.

Si, pese a todo, la entidad aún necesita más dinero para completar su recapitalización, entonces se recurriría a "fuentes alternativas de financiación", lo que abriría la puerta a la polémica recapitalización bancaria directa a través del ESM, cuyas bases fueron acordadas la semana pasada, pero siempre y cuando todos los tenedores de deuda no garantizada hayan asumido el máximo de pérdidas posible (100%).

Es decir, únicamente sería posible acudir a la recapitalización directa tras una nueva ronda de quitas en donde los acreedores no garantizados del banco asuman toda su responsabilidad. Por otro lado, una vez agotada esta vía, el Estado miembro beneficiario tendría que asumir incluso parte del coste, sin poner en riesgo su estabilidad presupuestaria, para garantizar que no se desentienda de los problemas de sus entidades.

Además, llegado el caso, cada petición, realizada siempre por el Gobierno en cuestión -no por los bancos directamente-, sería analizada en detalle por el consejo del ESM, ya que la entidad debe tener carácter sistémico y su quiebra plantear un riesgo a la estabilidad de la eurozona. Por último, la recapitalización directa quedaría limitada a un máximo de 60.000 millones de euros para todos los bancos de la zona euro, del total de 500.000 millones que conforman el ESM, y se concedería bajo estrictas condiciones financieras y macroeconómicas.

El rescate directo de bancos con dinero europeo es, por tanto, la última vía: accionistas y acreedores privados serán los primeros en asumir el coste; luego los bancos nacionales a través de los nuevos fondos de resolución; los contribuyentes del país al que pertenece la entidad; y sólo en última instancia aportarán dinero el resto de contribuyentes europeos mediante el ESM, aunque con estrictos límites. Así pues, se trata de un cambio radical en comparación con la estrategia seguida hasta ahora, ya que el bail-in (rescate privado) será la regla general a aplicar en caso de problemas financieros, y sólo posteriormente el bail-out (rescate público), y no al revés como ha sucedido durante la presente crisis.

Pequeños depósitos garantizados

En todo caso, las autoridades comunitarias han acordado blindar los depósitos garantizados, inferiores a 100.000 euros, como en el caso de Chipre. Asimismo, Suecia ha logrado un trato especial, dado que exigió una mayor flexibilidad, al igual que Reino Unido, que no tendrá que crear un fondo nacional de resolución -que se financiará con contribuciones de los bancos- porque ya dispone de una tasa especial sobre la banca.

En el caso de Suecia, mientras que el 8% de los pasivos sujetos a quitas se mide sobre la totalidad de los mismos, para ese país se ha fijado el porcentaje en un 20% de los activos ponderados por riesgo a cambio de que tenga un fondo de resolución más grande. Por otro lado, los fondos de resolución nacionales, si se integran en los fondos de garantía de depósitos, tendrán que tener una cobertura del 1,3 % de los pasivos y si se crean individualmente el 0,8% en diez años, pero en el caso de Suecia tendrá que ser del 3% de los pasivos.

Las autoridades nacionales de resolución fijarán además unos requisitos mínimos de fondos propios y de pasivos elegibles para cada banco, basado en su tamaño, riesgo y modelo de negocios para procurar que las entidades financieras tengan suficiente capacidad de absorción de pérdidas. En todo caso, el mecanismo definitivo de resolución aún tiene que ser acordado por el Parlamento Europeo de aquí a finales de año.

Por último, el acuerdo alcanzado supone un jarro de agua frría al Gobierno español, ya que Mariano Rajoy defendía la aplicación de la recapitalización directa de bancos con carácter retroactivo, así como la garantía plena de todos los depósitos mediante la creación de un nuevo Fondo comunitario. Ninguna de estas medidas ha recibido el apoyo del Ecofin. De hecho, por el contrario, la UE apuesta ahora por implantar un modelo de resolución bancaria muy similar al aplicado en Chipre, que fue duramente criticado desde Moncloa.

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