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El Estado podrá intervenir a las CCAA que paguen a más de 60 días

El Gobierno quiere que la nueva Ley de Control de la Deuda Comercial acabe con las facturas en el cajón y los impagos a proveedores.

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Siete meses de plazo. Ése será el margen que tendrán las comunidades autónomas, a partir del 1 de enero, para cambiar la relación con sus proveedores. Si no lo hacen, podrían ser intervenidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Minhap). Así figura en el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público que el viernes aprobó el Consejo de Ministros. El período medio de pago tendrá que ser de menos de 30 días. Y el que no cumpla, podrá recibir la visita de los hombres de negro de Antonio Beteta. Al final, el Estado se reserva la aplicación de "medidas coercitivas", entre ellas la intervención de la autonomía en lo que hace referencia al gasto y a la gestión de los impuestos.

La clave, según fuentes de Hacienda, está en que comunidades y ayuntamientos "sólo gasten lo que deben y paguen todo lo que gasten". Hasta ahora, no ha sido ésa la norma. Los gobiernos regionales y locales han vivido muchas veces por encima de sus posibilidades. Así, cuando llegaban al límite de déficit fijado legalmente, seguían como si tal cosa. Y las facturas que llegaban a partir de ese momento, se acumulaban sin fecha de pago fija. Desde un punto de vista contable, sí aparecían como déficit (porque la mayoría sí estaban reconocidas, no eran exactamente facturas en un cajón); pero no figuraban como deuda, porque el dinero no salía de ningún sitio.

Ahora, el Minhap quiere acabar de una vez por todas con esta situación. En su momento ya dio un primer paso con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero aquél era un instrumento fundamentalmente para deuda financiera. El nuevo anteproyecto va dirigido a la deuda comercial; vamos, lo que comúnmente conocemos como facturas de los proveedores públicos.

Período Medio de Pago

La ley girará en torno al concepto de Período Medio de Pago (PMP). Para empezar, todas las facturas de los proveedores tendrán que realizarse mediante la nueva factura electrónica. Así, Hacienda sabrá exactamente cuándo comienza la obligación de pago de cada autonomía, por cada concepto y podrá determinar cuál es su PMP. De hecho, incluso será obligatorio que todas las administraciones publiquen en su web este dato.

A partir de aquí, comenzarán los problemas para aquellas regiones y ayuntamientos que no consigan un PMP inferior a 30 días. El Ministerio ha establecido un plan de sanciones en cuatro etapas:

  • Lo primero será hacer un plan de tesorería, en el que se incluirá la cantidad de dinero que se va a dedicar mensualmente al pago de los proveedores y qué medidas se van a tomar para reducir el PMP.
  • Si una autonomía supera en más de 30 días el plazo máximo de la normativa sobre morosidad (vamos, si tiene un PMP de más de 60 días), se pondrán en marcha las llamadas "medidas de prevención". El Ministerio tomará la iniciativa y fijará "qué importe dedicar mensualmente al pago a proveedores" y qué medidas debe aprobar.
  • Si ni aún así se reducen los tiempos (hablamos de 5 meses desde el comienzo de los problemas), aparecen las medidas de corrección. ¿Y en qué consisten? Pues en que el Gobierno podrá retener "los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación". Además, podrá imponer "modificaciones presupuestarias" y las operaciones de endeudamiento a largo plazo de esta región necesitarán la aprobación del Minhap.
  • Pero si tampoco con todo esto se alcanza una solución y el PMP sigue siendo superior a 60 días, podríamos llegar, siete meses después de iniciado el procedimiento, a las "medidas coercitivas", que incluirían el envío de una comisión de expertos desde el Ministerio a la región correspondiente y la "cesión de competencias normativas en relación con los tributos cedidos", que pasarían a ser ejercidas por el Estado. Esto sería una intervención pura y dura.

El último recurso

Eso sí, desde Hacienda aseguran que no será necesario llegar a tal extremo. Éste sería el último recurso. En su opinión, a las comunidades les conviene (y mucho) limitar las sanciones. La teoría del Gobierno es que la mera posibilidad de llegar a las medidas correctivas (no digamos a las coercitivas) empujará a los hasta ahora díscolos gobiernos regionales por la buena dirección.

El objetivo es pasar a un "criterio de tesorería": es decir, sólo comprometo el dinero del que dispongo en caja, bien porque lo he ingresado con impuestos bien porque he emitido deuda. Pero no me comprometo a nada que no sepa seguro que puedo pagar en menos de 30 días.

Los buenos datos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria son el principal argumento del Ministerio en este sentido. Las comunidades autónomas han reducido su déficit a la mitad y también se han limitado mucho los impagos a proveedores. En Hacienda aseguran que casi todos los gastos que afectan a 2012 han sido ya pagados, a excepción de unos pocos "restos" que se resolverán con un nuevo plan de pagos (algo diferente al de hace un año), que se pretende sea el último.

En teoría, desde la aprobación de la nueva ley, ya no habrá necesidad de hacer nuevas regularizaciones. Los proveedores públicos cobrarán a menos de 30 días. La nueva ley de transparencia permitirá inhabilitar al gestor que "gaste sin crédito". La pretensión del Gobierno es que el texto salga de las Cámaras a finales de octubre y sea de plena aplicación a partir del 1 de enero del año que viene.

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