Ley de estabilidad presupuestaria

El Gobierno advierte a las CCAA: desde ahora, ya no hay excusas con el déficit

Asegura que no se suspenderá ninguna comunidad autónoma, aunque ya está abierta esa puerta.

"Las excusas se han acabado". Con estas palabras, el Gobierno ha querido dejar claro que este lunes 30 de abril comienza una nueva etapa en las relaciones entre las administraciones públicas españolas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, quizás la pieza angular de toda la política económica del equipo de Mariano Rajoy, ha entrado en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Todo lo que el Ejecutivo del PP ha hecho hasta ahora ha ido dirigido a controlar las cuentas de los poderes públicos, asediados por unos números rojos que amenazan con llevarse por delante la economía española. Desde este momento, Cristóbal Montoro tiene los instrumentos en su mano para meter en cintura a autonomías y ayuntamientos derrochadores. Ahora la clave, es si serán capaces de llegar a las últimas consecuencias: la intervención de las autonomías o la disolución de las administraciones locales. En Hacienda aseguran que sí, que no les temblará la mano. Tiempo habrá para comprobar si es así.

Transparencia y unidad

Lo más destacado de la nueva normativa es que por primera vez "todas" las instituciones públicas estarán coordinadas por parte del Gobierno. Ya no existirá la posibilidad de que un Ejecutivo regional ponga en peligro sus cuentas públicas sin conocimiento de Hacienda. De hecho, recuerdan que pese al énfasis en cumplir con el 5,3% marcado con Bruselas, la finalidad "no es llegar a un objetivo de déficit determinado", sino "garantizar la confianza en las cuentas públicas españolas".

La segunda novedad respecto a lo que ha estado vigente hasta ahora es la "transparencia". Todos los planes de las comunidades autónomas, así como las recomendaciones del Gobierno, las peticiones de cambio de aquellos planes o los requerimientos se publicarán y colgarán en la web de Hacienda.

Sin excusas

En la explicación que este lunes ha ofrecido el Gobierno ha tenido una enorme importancia la cuestión de las facilidades que se han dado a las autonomías para cumplir con estas exigencias. Desde hace años, los gobiernos regionales ha aducido que no tenían suficiente dinero para cumplir con todos los requisitos que se les imponían desde Madrid en forma de legislación básica (por ejemplo, en Sanidad, aunque las competencias son de las autonomías, el catálogo de servicios lo fija el Gobierno central).

Para ayudar a los ejecutivos regionales, Hacienda ha ido aprobando diversas medidas en los últimos meses que aportarán un total de 20.000 millones extra para las CCAA:

  • Se ha aplicado íntegramente el sistema de financiación por primera vez
  • Se ha duplicado el plazo de liquidación de las devoluciones negativas (es decir, un dinero que deben al Estado)
  • Se ha adelantado la liquidación positiva del año 2011 (en este caso, era el Estado el que debía pagar)
  • Se ha aprobado la línea ICO a proveedores, para eliminar esta fuente de presión sobre las cuentas
  • Se han aprobado normas en Sanidad y Educación (las famosas reformas de Mato y Wert) para que las autonomías tengan margen de decisión en las materias objeto de sus competencias

Lo que pretende el Gobierno con todas estas acciones es acabar con las "excusas" de los gobiernos regionales. Ya no hay ninguna "para no cumplir con la Ley" y aquél que no lo haga ya sabe lo que le espera, porque desde Hacienda aseguran que se aplicará la normativa "con todas sus consecuencias".

El control de Hacienda

Todo este proceso de convergencia se iniciará cada año con la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales de las diferentes comunidades. El Gobierno exigirá que las cuentas regionales se adecuen a los objetivos de déficit y deuda, y hará recomendaciones que estarán obligadas a seguir.

De hecho, el control no se quedará en su elaboración, sino que habrá un seguimiento, mes a mes, de la ejecución presupuestaria (en el caso de los ayuntamientos, será trimestral). Y cuando una autonomía comience a desviarse de los objetivos marcados, tanto en el diseño de sus cuentas como en su cumplimiento, entonces entrarán en juego las medidas correctivas y coercitivas que el Gobierno ha previsto y que podrían acabar en esa famosa intervención de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas.

De esta manera, en el plazo de un mes desde que el Gobierno detecte riesgo de incumplimiento, emitirá una resolución que se publicará y que se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras esta medida, todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo de la autonomía en cuestión tendrán que ser aprobadas por Hacienda. Además, habrá informe previo en subvenciones y convenios (es decir, que podrá cortar el grifo de transferencias) y se solicitará un Plan Económico-Financiero (PEF) a las autoridades regionales para reconducir el rumbo.

Hasta aquí, lo que se han expuesto son las llamadas "medidas correctivas", aquellas destinadas a cambiar una mala dinámica de una región, podríamos decir que por las buenas. Sin embargo, si una región no sigue estos pasos (presenta un PEF incompleto o no presenta nada o se salta los límites durante un trimestre), entran en juego las medidas coercitivas: intervención en caso de las autonomías y disolución de la corporación local en el de los ayuntamientos.

¿Para cuándo una intervención?

En el Gobierno están convencidos de que "no será necesaria" ninguna intervención de una región. Creen a pies juntillas que los diversos mecanismos de control (los Presupuestos guiados por Hacienda, el estudio mes a mes de la ejecución presupuestaria y las medidas correctivas en caso de desviación) harán casi imposible que una autonomía llegue a ese punto. De hecho, es cierto que sólo en caso de muy mala fe por parte de un Gobierno regional podría alcanzarse el punto de no retorno de una intervención, que en cualquier caso "nunca implicaría una suspensión" de la autonomía, como explican en Hacienda.

Las medidas coercitivas previstas por el Gobierno comienzan por la adopción de un acuerdo de no disponibilidad (para limitar de raíz la capacidad de gasto de la comunidad en cuestión), la obligación de realizar un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2% del PIB (con posibles intereses si no se siguen las indicaciones) y por fin, el envío de una delegación de expertos de Hacienda para controlar las cuentas de forma directa. Este grupo de enviados tendrá una semana para elaborar un informe de obligado cumplimiento. Y si aún así, el Ejecutivo regional no cumple, entonces el Gobierno podrá, con mayoría absoluta del Senado, obligar a la Ejecución forzosa.

Aunque esta perspectiva parezca muy lejana, lo cierto es que, al menos en teoría, podría comenzarse desde ya mismo este proceso. En quince días, tendrá lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por eso, este lunes 30 de abril era el último día de presentación de las cuentas autonómicas, con las medidas correctoras necesarias para cumplir con los objetivos de déficit.

Y, puesto que ya está aprobada la nueva ley, si alguna no presentase esas cuentas o lo hiciese de forma incorrecta, podría ver como se inicia el proceso de intervención desde ya mismo. De nuevo, la pregunta es si alguna región se arriesgará y si el Gobierno se atreverá a cumplir su amenaza. Eso sí, el Gobierno también ha asegurado que hasta el momento la mayoría de las regiones ha pedido su ayuda y que las cuentas presentadas hasta ahora van en la buena dirección.

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