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El Gobierno calcula que la Ley de Unidad de Mercado ahorrará 1.500 millones al año

Una vez se apruebe, las empresas tendrán que pedir una sola licencia en una región y podrán comercializar sus productos en todo el país.

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El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado para su remisión a las Cortes, donde será tramitado por la vía de urgencia, ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha recordado que se trata de una reformas clave.

El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado en enero, llegará al Congreso tras superar un "exhaustivo" trámite de audiencia pública, durante el que se han presentado 37 observaciones y 15 informes preceptivos, entre ellos, los de la Comisión Nacional de la Competencia y el Consejo de Estado, que ha avalado su constitucionalidad. Según lo anunciado por Sáenz de Santamaría y Luis de Guindos, no habrá demasiadas diferencias entre este proyecto y lo presentado en enero.

De esta manera, lo más importante es que se instaura la licencia única. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cualquier empresa que reciba la autorización para ofrecer sus servicios o comercializar un producto en una comunidad autónoma estará capacitada para ofertar este bien en el resto del territorio nacional. Por lo tanto, ya no tendrá que pasar 17 procesos de autorización de cada región. Saenz de Santamaría ha apuntado, también, que se trata de que las administraciones se fíen las unas de las otras.

Sin embargo, esto no quiere decir que las normativa autonómica quede suspendida. Lo que no podrán hacer los gobiernos regionales es solicitar más permisos de comercialización, pero sí podrán exigir requisitos como el del etiquetado en la lengua propia de cada autonomía. En este sentido, Luis de Guindos ha asegurado que el Gobierno ha hablado con las asociaciones empresariales: "Nos comunicaron que el tema lingüístico no es un obstáculo fundamental y que aquí asiste una ley comunitaria [que establece que el idioma para comercializar un producto es el castellano]. La percepción es que no es un obstáculo básico".

Los detalles de la Ley

Según los cálculos del Gobierno, la aprobación de esta ley supondrá "un aumento total del PIB del 1,52% en un periodo de diez años". Por lo tanto, anualmente, el impacto será del 0,15% PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.

En el Ministerio de Economía destacan que una vez se apruebe, las empresas tendrán que pedir una sola licencia en una región. Con ella, podrán comercializar sus productos en todo el país. Y lo mismo ocurrirá con los servicios. De esta manera, el establecimiento de este principio de licencia única "elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España". Los principales aspectos de la ley son los siguientes:

1. Licencia única y legislación de origen: cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional.

2. Restricciones al sometimiento de autorizaciones y requisitos prohibidos:

  • Se limitan los supuestos en los que las Administraciones Públicas pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas.
  • Se prohíbe la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.

3. Cooperación administrativa: se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para el intercambio de información necesario entre las autoridades de origen y de destino.

4. Procedimiento ágil de resolución de conflictos:

  • Se legitima a la futura CNMC para recurrir en vía contencioso-administrativa cualquier acto que vulnere la unidad de mercado.
  • La admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos.
  • Se permite a los operadores solicitar a la CNMC el recurso de actos o disposiciones contrarias a la unidad de mercado que les afecten.
  • Esto implica que los operadores podrán obtener la suspensión de sanciones impuestas hasta que no se pronuncie un órgano jurisdiccional evitando las pérdidas ocasionadas por dilaciones judiciales.

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