La Ley de Unidad de Mercado ya está en marcha. El anteproyecto de ley de una de las normas más anunciadas por el Gobierno ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Ahora queda el trámite parlamentario, por lo que la aprobación definitiva se retrasará al menos hasta el verano.
El texto llega con tres meses de retraso respecto a lo previsto inicialmente. En otoño ya se hablaba de su inmediata aprobación. Pero finalmente las negociaciones con todos los implicados (autonomías y el resto de ministerios) han retrasado uno de los proyectos estrella de Luis de Guindos y Jaime García-Legaz. No sólo eso, en este tiempo, algunas de las iniciativas más atrevidas del secretario de Estado de Comercio y del ministro de Economía se han venido abajo. Al final, la ley presenta numerosas vías de escape que muchos gobiernos autonómicos intentarán aprovechar. La clave, como en muchos otros casos, llegará a la hora de la aplicación, pero viendo cómo han evolucionado otras normas en las últimas tres décadas, es previsible imaginarse qué puede llegar a ocurrir.
En todas las presentaciones de la norma, el Gobierno ha querido dejar claro que ésta era "absolutamente respetuosa con las competencias autonómicas". De hecho, han dejado claro que ésta no es una ley recentralizadora, sino que opera bajo el principio de "confianza mutua", es decir, que cada administración se fía de una empresa o producto si otra administración ha dado su visto bueno, algo que también chocará con las intenciones de los gobiernos regionales (y no sólo nacionalistas).
¿Licencia única?
Como ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ésta ley establece el "principio de licencia única". Esto quiere decir que una empresa que obtenga el permiso de un Gobierno autonómico para operar en su territorio, podrá hacerlo también en las otras 16 regiones, sin necesidad de un trámite adicional. El problema es que la propia ley abre varias vías de escape que permitirán a los ejecutivos regionales evitar algunas de estas obligaciones.
En el campo de las mercancías, la ley sí supone un avance bastante importante respecto a lo que había hasta ahora. Un producto habilitado en una región podrá en principio, venderse en las demás sin más requisitos. Eso sí, incluso en esta cuestión habrá excepciones, especialmente en lo que hace referencias al etiquetado, que deberá cumplir con la normativa autonómica.
El caso de los servicios es distinto. En este caso, la ley aprueba la licencia o permiso de acceso único. Sin embargo, en lo que hace referencia a la prestación del servicio, se admite que los profesionales tendrán que atender a lo establecido en la "normativa de la comunidad" correspondiente. Esto quiere decir que un fontanero (por poner el mismo ejemplo del Gobierno) que se habilite en una región, no tendrá que conseguir una licencia en las otras 16. Eso sí, sólo se verá libre de este trámite; en todo lo demás, seguirá estando a expensas de la normativa autonómica.
Hay que apuntar que tanto en un caso como en otro, la ley recoge algunas excepciones. Así, las autonomías sí podrán entrar a regular si la actividad pone en peligro la seguridad, la salud pública, ocupa un espacio público, bienes de patrimonio cultural o supone un riesgo medioambiental. De nuevo, el problema es qué ésta es una rendija por la que podrían intentar colarse algunas autonomías, que usarán estas excusas para saltarse la ley si así lo estiman conveniente.
La polémica de las lenguas
Respecto a la discriminación lingüística (las leyes autonómicas que obligan al uso de la lengua regional en el etiquetado o los comercios), no habrá ningún cambio respecto a lo que estaba vigente hasta el momento. Tanto en el etiquetado como en otro tipo de obligaciones respecto de las lenguas co-oficiales, las empresas estarán obligadas a seguir las disposiciones autonómicas.
Sáenz de Santamaría ha echado balones fuera: "Esta ley no puede entrar a modificar cuestiones de leyes de naturaleza orgánica como los estatutos de autonomía". En realidad, esto quiere decir que finalmente el Gobierno ha sacado de la norma una referencia directa a la "discriminación lingüística". La vicepresidenta ha asegurado que en lo que hace referencia al etiquetado, "la normativa es de carácter europeo". En la práctica, lo que ocurrirá es que buena parte de las leyes autonómicas sobre el uso de las lenguas en las prácticas comerciales seguirán estando plenamente vigentes
Consejo de Unidad de Mercado
Otra de las novedades de la ley es la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado que, según la vicepresidenta, "analizará de qué manera se puede converger en esa mejora de la regulación" y que incluirá un observatorio de nuevas prácticas regulatorias para acabar con las normas discriminatorias: "Una administración no va a exigir más requisitos que otra administración".
En este sentido, las empresas podrán realizar denuncias de las leyes regionales que quiebren la unidad de mercado. Aquellos que consideren que están siendo discriminados, podrán acudir a la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Según explica el Ministerio, "la CNMC deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, el organismo interpondrá recurso ante autoridad judicial que significará la suspensión automática del acto recurrido". Es decir, que sólo con la decisión de la Comisión se detiene la aplicación de la norma autonómica. En el Ministerio creen que "de esta forma se evitan los costes de tiempo y dinero que suponen a las empresas y profesionales esperar a una resolución judicial para ejercer sus actividades económicas".
Las palabras de la vicepresidenta
Sáenz de Santamaría ha asegurado que es "muy urgente", porque las "dificultades administrativas se han visto como desincentivos a la inversión, han provocado inseguridad jurídica y no han permitido aprovechar las economías de escala" de un mercado de 47 millones de habitantes.
La vicepresidenta ha explicado que el principio sobre el que se basa este plan es que "si para usted está bien, yo confío en lo que usted hace y usted confía en lo que hago yo". "Y como todos somos muy respetuosos de nuestras competencias" ha recalcado, pues todas las administraciones tendrán que admitir los permisos que otra administración haya dado.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que ésta es una "norma que hace país" y garantiza el "mercado interior" en España. Para explicar hasta dónde llega la locura normativa de los últimos años, ha puesto varios ejemplos: "Hoy una empresa que vende productos alimentarios debe incluir especificaciones distintas sobre la composición del producto, o un fontanero tiene que obtener un certificado de certificación profesional adicional al que tenía en su comunidad autónoma". Por eso, es imprescindible en su opinión "eliminar las barreras".
Según los cálculos del Ministerio de Economía, "esta ley puede suponer en diez años un aumento del PIB del 1,52%, lo que supone 1.500 millones al año", unos beneficios que se repartirán por todo el sistema.