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Prejubilaciones de oro en la universidad: 300.000 euros "sin soporte legal"

Pide a las CCAA que supervisen el gasto en personal docente investigador para evitar que se emplee en este tipo de prácticas.

LM/ Agencias
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Al menos 33 de las universidades públicas españolas han venido estableciendo durante más de una década programas de jubilación voluntaria anticipada e incentivada con cantidades entre 200.000 y 300.000 euros para el personal docente investigador (PDI) funcionario, que carecían de "soporte legal", unos planes a los que han destinado 43,6 millones de euros sólo entre 2007 y 2009, según revela un informe del Tribunal de Cuentas.

Según explica, se trata "siempre de actuaciones singulares de cada universidad" que se han venido adoptando "como un efecto contagio" en "buena parte" de las universidades públicas. El informe recoge que sólo entre 2007 y 2009, casi 1.500 personas se acogieron a estos planes de jubilación anticipada e incentivada en las universidades.

De hecho, en estos tres años se destinaron 43,6 millones de euros a los planes de incentivos en las universidades públicas. Las Universidades de Sevilla (6,4 millones), del País Vasco (3,8 millones) y de Barcelona (5,7 millones), fueron las que más dinero destinaron.

El informe dice que en estas universidades se "ha adulterado el significado de la figura del profesor emérito" creando una figura nueva, la de "profesor emérito a los solos efectos del PDI jubilado" que a juicio del Tribunal de Cuentas, "no tiene cobertura legal (...) y, a la postre, supone una utilización instrumental de la misma con la que se pretende amparar la fijación de unos incentivos a la jubilación voluntaria que no encuentran, a su vez, cobertura legal".

Los planes se suelen centrar en el personal docente e investigador funcionario, con dos modelos: el que exige tener 60 años y treinta de servicios o 65 años y quince de servicios y el que requiere tener 65 años de edad en todos los supuestos."La duración del incentivo se extiende hasta que se cumplan los setenta años. De esta manera, un profesor de universidad con sólo quince años de cotización puede acreditar a los sesenta y cinco años una retribución muy por encima del cien por cien de la pensión; algo ciertamente llamativo en el contexto general de los diferentes regímenes de seguridad social", denuncia el Tribunal de Cuentas.

Cargo al presupuesto de acción social

En cuanto a la "naturaleza del incentivo", el informe destaca la dificultad de conocerla porque se carga en los presupuestos de la universidad y, de hecho, apunta que en los Consejos de Gobierno de las universidades "no tenían claro el tema" porque en ocasiones hablan de "premios a la jubilación e, incluso, deciden que se abone con cargo a las partidas presupuestarias destinadas a la acción social".

Con todo, "cabe concluir que el incentivo se aproxima al valor de la pensión máxima; con lo que el personal afectado se aseguraría desde el momento de la jubilación hasta los setenta años unos ingresos equivalentes al doble de dicha pensión máxima" que, en algunos casos, se justifican como premio de jubilación en metálico.

"Resulta desproporcionado, desde cualquier óptica que se analice, pretender justificar la concesión de unos incentivos que pueden alcanzar hasta un valor superior a los 300.000 euros como un premio y con cargo al concepto presupuestario previsto para las ayudas sociales", denuncia el informe.

Paliar la diferencia

El informe refleja que, si bien la motivación de los planes "es muy variada", se alegan "básicamente dos circunstancias": paliar la diferencia entre las percepciones económicas del personal docente en activo que opta a la jubilación voluntaria y las que pasará a percibir como pensión de jubilación y contribuir a la reordenación de los recursos humanos para acomodarlos a las nuevas necesidades educativas y permitir el relevo generacional.

Sin embargo, mientras el primer argumento "tiene una proyección bien definida en el incentivo económico a la jubilación voluntaria", el segundo "carece de sólidas bases con origen en los pertinentes estudios de necesidades y de adecuación de los recursos humanos a la carga docente".

Con todo, para el Tribunal de Cuentas, "la adopción y ejecución de acuerdos por los órganos de gobierno de las Universidades públicas estableciendo programas de jubilaciones voluntarias incentivadas suscita serias dudas desde la óptica de la legalidad vigente", que tiene "clara intención de propiciar la permanencia en el servicio activo del personal docente e investigador universitario".

Además, lejos de suponer un ahorro, estos planes acaban suponiendo un mayor gasto para el erario público.

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