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El Constitucional admite el recurso del PSOE contra las condiciones para prejubilarse

El recurso alega que el Gobierno ha vulnerado el Pacto de Toledo.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE al decreto del Gobierno que endurece las condiciones de acceso a las jubilaciones anticipada y parcial.

En una providencia dictada el 9 de julio y dada hoy a conocer por los socialistas, el alto tribunal da traslado de su decisión al Congreso, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el procedimiento en un plazo de quince días y hacer las alegaciones que estimen convenientes.

El PSOE presentó el pasado 13 de junio este recurso contra el Real Decreto de 15 de marzo "De medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo".

En él se establece que los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán tener más años cotizados (35 años) y se quedarán con una pensión menor, mientras que tendrán más facilidades quienes quieran compatibilizar su prestación con un trabajo.

Asimismo, desincentiva la jubilación parcial y traspasa a las empresas el coste de despedir a sus trabajadores de más de 50 años.

El recurso alega que el Gobierno no sólo ha vulnerado el Pacto de Toledo, sino que pretende de forma errónea regular por decreto ley derechos, deberes y libertades contenidos en el título I de la Constitución Española (principios rectores de la política social y económica).

También argumenta que a través de esa norma se ha reformado sin motivo ni necesidad urgente, unilateralmente y sin consenso, la Seguridad Social y se ha cambiado una ley de 2011 del PSOE que se aprobó en el marco del Pacto de Toledo y que establecía el aumento progresivo de la edad de jubilación a 67 años.

Otros motivos aducidos en el recurso se refieren a que modifica la regulación de la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo, además de cambiar el régimen de aportaciones económicas en los despidos colectivos para evitar la discriminación de los trabajadores de más edad.

En relación con cuestiones formales, el PSOE plantea en el recurso que el Ejecutivo está abusando del uso legislativo del decreto ley y está sustrayendo a las Cortes sus facultades porque ha convertido ese procedimiento en la manera habitual de legislar.

En este sentido, critica que no existe vinculación alguna entre los aspectos regulados por el real decreto y su urgente aprobación, y detalla que en los quince meses que llevaba el Gobierno en el cargo en el momento de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya había promulgado 35 reales decretos.

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