El número de parados bajó en 72.800 personas en el tercer trimestre y acumula una caída de casi 61.000 en lo que va de año gracias al leve repunte que está experimentando el sector privado, único y auténtico artífice de la creación de riqueza y empleo. De hecho, entre marzo y septiembre, empresas y autónomos han logrado generar cerca de 200.000 nuevos puestos de trabajo, algo inédito en este mismo período desde 2007, cuando se generaron casi 442.000. Pese a ello, España sigue registrando una tasa de paro próxima al 26%, con más de 5,9 millones de desempleados, una cifra estratosférica, impropia de un país desarrollado, que refleja la dramática situación que sufren numerosas familias.
Así pues, urge alcanzar un crecimiento firme y sostenido capaz de crear empleo neto de forma intensa para reabsorber en el menor tiempo posible el ingente número de parados que sigue existiendo en la actualidad. Para ello, es imprescindible que surjan nuevas empresas, que las ya operativas cuenten con un amplio margen de actuación para poder invertir y adaptarse rápidamente a los cambios y que el sector privado goce de la financiación necesaria para poder desarrollar sus proyectos El problema, sin embargo, es que el sector público supone un gran lastre para la consecución de tales objetivos, ya que vampiriza la economía mediante impuestos elevados y una ingente deuda cuya financiación monopoliza el escaso crédito disponible.
Por un lado, la estructura estatal sigue sobredimensionada, despilfarrando valiosos recursos en el funcionamiento de entes y organismos completamente inútiles y prescindibles, al tiempo que el gasto público, lejos de reducirse, se mantiene en máximos históricos. Su mantenimiento durante estos años de crisis se ha materializado en numerosas e inéditas subidas de impuestos que, por desgracia, han terminado por configurar una de las cargas fiscales más pesadas de toda Europa, una histórica losa tributaria que resta capacidad de consumo, ahorro e inversión a familias y empresas.
Pero como el pago de impuestos ni siquiera alcanza para cubrir la totalidad del gasto, el sector público ha incurrido en abultados déficits para poder mantener su edificio en pie. España lleva cuatro años consecutivos registrando un agujero fiscal superior a los 100.000 millones de euros. Sin ir más lejos, el déficit de 2012 se situó en el 10,6% del PIB -incluyendo ayudas bancarias-, el más elevado de la UE. Como resultado, la deuda pública se ha disparado en más de 500.000 millones de euros desde el estallido de la crisis. Esta inmensa factura explica, en parte, la sequía de préstamos que sufre el sector privado, ya que las inmensas necesidades financieras del Estado acaparan el escaso crédito existente, expulsando así del circuito a proyectos empresariales solventes y viables. El PP se queja ahora amargamente de que los bancos no dan crédito, requisito básico para impulsar la recuperación, y, sin embargo, miente, demostrando, además, una gran hipocresía. Crédito hay, sin duda, pero son los políticos quienes lo acaparan por negarse a equilibrar sus cuentas, eliminando por completo un déficit que resta capacidad a la economía productiva para crear riqueza y empleo.