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EDITORIAL

El disparate eléctrico

Los españoles soportan una tarifa de la luz desorbitada, y el único culpable de tal despropósito es el intenso intervencionismo público.

Los españoles soportan una tarifa de la luz desorbitada, y el único culpable de tal despropósito es el intenso intervencionismo público que han ejercido -y siguen ejerciendo- los distintos Gobiernos en el mercado eléctrico. El de la energía es, junto al de la banca, uno de los sectores más regulados y menos libres que existen en España. Y el problema es que la clase política ha aprovechado su poder absoluto en esta materia para determinar de forma arbitraria y, sobre todo, profundamente errónea algo tan esencial como el mix energético y el precio de la electricidad, generando así gravísimas distorsiones cuyo elevado coste afrontan ahora los consumidores en forma de una factura cada vez más cara, al igual que las eléctricas, obligadas a lidiar con un creciente déficit de tarifa que se traduce en menor calidad crediticia y mayores cargas financieras. Efectivamente, en contra de lo que se suele aducir, el libre mercado brilla por su ausencia aquí, ya que es el Gobierno el que decide cómo se produce la electricidad y a qué precio -los peajes de acceso suponen casi el 60% de la factura final y son fijados por Industria-.

Así pues, la primera verdad es que los políticos son los principales responsables del actual dislate energético, no el mercado (empresas y consumidores). Y el gran paradigma de dicho intervencionismo es, sin duda, la enorme burbuja renovable que se gestó durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que, por desgracia, se ha empeñado en mantener Mariano Rajoy. En la actualidad, España soporta una de las facturas de la luz más caras de la UE, tanto para consumidores domésticos como industriales, pero hace poco más de diez años su precio era inferior a la media europea. Este radical cambio acontecido en la última década tiene un origen, llamado energía renovable, y unas consecuencias, las fortísimas subidas en el recibo de la luz. La explicación es así de sencilla, por mucho que se quiera ocultar. España se ha convertido en líder mundial en energía renovable, la fuente más cara e ineficiente, pero hay que pagarlo. Muy caro.

Durante los últimos años, los políticos lograron ocultar la cruda realidad al conjunto de la población reduciendo de forma arbitraria la parte del precio de la luz que controla el Gobierno (peajes de acceso), al tiempo que el coste de producir electricidad aumentaba de forma sustancial conforme el PSOE impulsaba la nefasta burbuja renovable. La diferencia entre el precio y el coste real de la electricidad se llama déficit de tarifa, un particular mecanismo para maquillar el precio real de la luz, cuya factura roza ya los 30.000 millones de euros, una cuantía que tendrá que ser abonada, bien mediante futuras subidas del recibo, bien con más impuestos. El recibo que pagan los españoles se ha duplicado en la última década gracias al sostenible modelo energético impuesto por los políticos, y aun así la tarifa tendría que dispararse un 50% extra para cubrir el elevado coste de producir electricidad en España. Así pues, los graves problemas de hoy -constante encarecimiento de la luz, subidas de impuestos, inseguridad jurídica, déficit de tarifa...- se gestaron en el pasado, solo que ahora se hacen claramente perceptibles para el consumidor. Libertad Digital ha sido el único medio de comunicación que desde el principio ha alertado del inmenso perjuicio que, tarde o temprano, arrojaría la caótica política energética impulsada por Zapatero, aún vigente con el Gobierno de Rajoy. El tiempo, como siempre, es el encargado de dar y quitar razones. España es líder en energía limpia y, por desgracia, también en energía cara.

La solución, por tanto, no estriba en intervenir aún más los precios o en que el Gobierno reconfigure a voluntad un mix energético que hace aguas, se mire por donde se mire, y mucho menos en mirar a otro lado, culpando a las eléctricas, cual chivo expiatorio, de las subidas de la luz. No y mil veces no. La única receta eficaz consiste en atajar la raíz del problema y, por tanto, sustituir el intervencionismo por el libre mercado. Dicho de otro modo, que los consumidores y no los políticos decidan libremente qué energía producir y a qué precio. El Estado ya ha demostrado de forma fehaciente su nula capacidad para gestionar algo tan esencial como la energía.

En Libre Mercado

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