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Francisco Aranda

Búsqueda de empleo en el Reino Unido

La filosofía novedosa que ha introducido la ministra Fátima Báñez es que el dinero público no se va a regalar a las CCAA sin más.

La filosofía novedosa que ha introducido la ministra Fátima Báñez es que el dinero público no se va a regalar a las CCAA sin más.

Hace poco me recordaba un amigo de Jerez de la Frontera la sorpresa que le produjo el hecho de que el servicio público de empleo local contactara hace tiempo con empresas para tratar de acercar a desempleados en formación al mundo laboral con el objetivo de hacer el matching correspondiente de una forma rigurosa. Resulta curioso que algo tan lógico como eso signifique una sorpresa. Me he interesado por ello y resulta que detrás de esta iniciativa está Miguel Ristori, un experto en orientación laboral y emprendimiento que trabaja bajo programas concretos con excelentes resultados.

Esas prácticas tienen que generalizarse ya. No tiene sentido seguir gastando dinero en políticas activas de empleo que no logran el objetivo de la inserción laboral. Un plan de empleo que no logra recolocar es un fracaso, y me da igual que sea una entidad pública o privada. Digo esto porque tampoco me parece acertado aportar recursos públicos a ETT o agencias privadas de colocación antes de conocer el resultado de su desempeño. Hay que estimular al que lo hace bien, no al que dice que lo hará bien.

Los recursos públicos de las políticas activas de empleo deben ser evaluados. Un viejo economista solía decir que "lo que no se evalúa, se devalúa", y tenía razón. Fruto de esa ausencia de evaluación nos encontramos con que el ministro Montoro se refiere a las políticas activas de empleo como aquellas que tienen un nombre muy bonito pero que son inútiles o con generosas mariscadas alrededor de la formación. El asunto me parece tan grave que debería inhabilitarse de por vida para gestionar recursos públicos a aquellos que han malgastado ese dinero.

Precisamente, la filosofía novedosa que ha introducido la ministra Fátima Báñez es que el dinero público no se va a regalar a las CCAA sin más. De hecho ya se ha acordado en la última Conferencia Sectorial que el 40% de los fondos se distribuirá en función del grado de cumplimiento por cada comunidad de los objetivos acordados el año anterior. Me parece un cambio trascendental porque se introducen criterios de eficacia real; es decir, si una comunidad utiliza los recursos con éxito podrá seguir contando con ellos e incluso gestionar una cantidad mayor, pero si se dedica a invitar a marisco los perderá de forma irremediable. Hasta ahora, el modelo era diabólico porque las CCAA recibían más recursos si tenían más desempleados, obviando la eficacia en la gestión.

En realidad, no estamos inventando nada nuevo. Tan sólo se empieza a replicar el modelo británico de los llamados job-seekers' agreements, algo así como un contrato que suscriben en el Reino Unido los desempleados con su servicio público de empleo. En alrededor de 30 páginas se recoge la filosofía, los derechos y también los deberes del desempleado mientras se dedica a buscar trabajo. Para que no haya dudas incluso subrayan qué significa "estar buscando empleo de forma activa". Y lo especifica con total claridad al exigir al menos tres acciones semanales. Al mismo tiempo, también existe un apartado de quejas del desempleado a su orientador laboral. No vale sólo atender al desempleado cada dos semanas y animarle. Se trata de exigir un trabajo metódico por parte a los dos intervinientes. Por cierto, para recibir el subsidio hay que vivir en el Reino Unido. Es decir, no es un dinero que se entrega a fondo perdido o a cambio de nada. Se trata de una compensación de renta a cambio de trabajar en la búsqueda de empleo.

Por otro lado, la nueva filosofía que Báñez quiere imponer a las políticas de empleo cuenta con mejorar el contrato de formación y aprendizaje para jóvenes. A mí me parece un aspecto muy relevante porque permite obtener al joven trabajador un certificado de profesionalidad, que es un título oficial de enorme importancia para el casi medio millón de jóvenes desempleados que tenemos y que carecen de cualquier título acreditativo de formación secundaria. Ya sé que habrá algún presunto empresario que tratará de abusar de esta figura, pero para que eso no se produzca la justicia debe actuar de forma ágil y contundente, evitando que se invalide de forma generalizada un instrumento muy útil para el empleo. Recordemos que en Alemania el 60% de los trabajadores jóvenes pasan por un contrato de aprendizaje. Esa formación profesional real es una de las causas del éxito alemán.

Al mismo tiempo, me parece muy importante acometer una flexibilización radical en la contratación a tiempo parcial, porque esa es una de las grandes pasarelas que nos lleva del desempleo al empleo en momentos complicados. En Holanda, país con una bajísima tasa de paro, la mitad de sus trabajadores tienen ese tipo de contratos.

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