El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) informó de que los 1.600 millones de dólares de sobrecostes en la ampliación del Canal de Panamá que reclama se justifican porque la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no dio la información geológica correcta. Asímismo recuerda que si no se logra llegar a un acuerdo antes del próximo día 20 de enero, paralizarán las obras.
Tal y como adelantó Libre Mercado, el contrato suscrito entre la ACP y el Canal de Panamá, contempla varios supuestos en los que los sobrecostes en los que incurra el contratista (GUPC) tendrán que ser asumidos por el empleador (la autoridad del Canal). El primero de ellos tenía que ver precisamente con la información ofrecida por el Canal a la empresa contratista. Si esos errores se traducen en nuevos costes, éstos deben ser asumidos por el empleador, siempre según el contrato.
En la primera rueda de prensa desde que GUPC advirtió de que suspendería los trabajos en Panamá si el Canal no cumplía con los abonos, el coordinador del GUPC, el italiano Paolo Moder, dijo que, si finalmente se rompe el contrato, "acudiremos a todas las instancias judiciales para hacer valer nuestros derechos, a todos los lugares y países que tengamos que ir".
El consorcio que lidera Sacyr exige a la ACP que le reconozca unos 1.600 millones de dólares (casi 1.200 millones de euros) en sobrecostes para terminar la construcción del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal de Panamá en la fecha anunciada de junio de 2015. Unos sobrecostes que han explicado en esta rueda de prensa recogida por las agencias de comunicación.
Un portavoz de la ACP confirmó a Efe que el grupo constructor ya ha recibido desembolsos por 2.831 millones de dólares, conforme a lo establecido en el contrato. Moder aseguró que "todo se ha invertido" en la obra y ninguna de las empresas del consorcio "ha retirado dinero" como ganancia. El gerente de la construcción de la esclusa del sector Atlántico, el español José Peláez, detalló que los 1.600 millones del reclamo se explican en que no se pudo usar el basalto que la ACP les dijo era el adecuado para hacer el concreto, que estaba en la misma área donde se excavaría para levantar la esclusa del Pacífico.
"Además, la ACP no previó, pese a sus estudios de más de 7 años y nosotros tampoco porque nos basamos en esa información que nos suministraron, que hay fallas geológicas a lo largo de 2,5 kilómetros de las esclusas del Pacífico", apuntó Peláez.
El ejecutivo enfatizó que ello explica "la mayor parte del reclamo", mientras Moder detalló que la consecuencia de esas dos circunstancias geológicas conlleva "llevar el material excavado a otro depósito (doce millones de toneladas métricas), comprar en otras canteras el basalto requerido y, además, rellenar con concreto las fallas geológicas descubiertas". "Nos dimos cuenta cuando estábamos excavando", argumentó.
La ACP es responsable -por contrato- de las condiciones físicas no previsibles en dichas áreas y por la información geotécnica dada al contratista, sostuvo Peláez. Especificó que otro factor de sobrecostes es el retraso en siete meses para la aprobación de la fórmula del concreto utilizado para edificar las esclusas. "Elaboramos la fórmula que nos exigían, pero ahora estamos usando la que en principio nos rechazaron porque demostramos que era la adecuada", resaltó Peláez.
Por su parte, un portavoz de la ACP dijo a Efe que la institución está "de acuerdo en revisar todos los reclamos, pero insiste en que se haga por los mecanismos establecidos en el contrato, no fuera de él". "La ACP está dispuesta a pagar lo que esté justificado", reiteró.
El administrador del Canal, Jorge Quijano, anticipándose a una terminación abrupta del contrato con GUPC, anunció en días pasados que la ACP está lista para asumir la finalización de la obra, ya sea en conjunto con la aseguradora Zurich, garante del contrato, o subcontratando a otro constructor. De acabarse el contrato anticipadamente, Moder anticipó que el coste de la obra se aumentaría en unos 2.000 millones de dólares, implicaría un retraso en la entrega "con todo lo que ello implica para Panamá y el comercio mundial" y "el nuevo contratista no daría las garantías técnicas de diseño y operación que GUPC hoy por hoy ofrece".
La ampliación del Canal de Panamá, con una inversión calculada en 5.250 millones de dólares (que incluye unos 1.000 millones en contingencias), aumentará la capacidad de transporte de carga de la vía de 300 a 600 millones de toneladas anuales. Para el lunes próximo se espera una reunión entre la ACP, GUPC y la ministra española de Fomento, Ana Pastor, encargada de mediar en el contencioso contractual, anunció el viernes el presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien ha manifestado que los sobrecostes del consorcio son "un cuentito".