Pese a que la situación socioeconómica sigue siendo extremadamente grave y compleja, los resultados del sector de las mutuas de accidentes de trabajo durante el ejercicio 2013 fueron francamente espectaculares. Así, me cabe la satisfacción de manifestar que el pasado ejercicio lo hemos cerrado con un resultado positivo excepcional: hemos generado unos excedentes estimados de más de 1.030 millones de euros; resalto esta impresionante cifra (unos 171.000 millones de las antiguas pesetas).
Estos resultados justifican el que reivindiquemos una vez más la necesidad de que las mutuas recuperemos la disponibilidad sobre los resultados económicos derivados de nuestra gestión, al menos en parte, ya que es el mejor instrumento para perfeccionar la competencia entre las mismas, que debe basarse en la mejora de la calidad y, en su caso, de la cantidad de servicios y prestaciones.
Para primar la gestión de las mutuas que obtienen resultados satisfactorios es necesaria una nueva regulación que permita, por un lado, un retorno a las empresas mutualistas de parte de las primas que han satisfecho en concepto de accidentes de trabajo y, por otro, que parte de los excedentes puedan ser destinados por las mismas, además de a prestar un mejor servicio a los trabajadores protegidos, a mejorar la competitividad mediante una rebaja real y efectiva de las cuotas que satisfacen. El sistema actual, del bonus, no funciona y, sobre la base de la nueva Ley de Mutuas, debe corregirse.
Las mutuas de accidentes de trabajo estamos sometidas a un intervencionismo sin precedentes por parte de la Administración, lo que hace preciso dar un mayor protagonismo a sus órganos de gobierno y propiciar la identificación de los mutualistas con su entidad, conservando ésta su esencia mutualista y su naturaleza de entidad privada con carácter y vocación claramente empresarial". Esta es una realidad que sentimos los empresarios mutualistas.
Los empresarios responsables de las diferentes mutuas de accidentes de trabajo no podemos seguir con esta incierta normativa, que va cercenando paulatinamente nuestra iniciativa.
Estamos intentando consensuar nuestro futuro con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los agentes sociales, estableciendo unas claras reglas de juego por las que los empresarios asumamos el papel que nos corresponde, de auténticos protagonistas del mutualismo. Este protagonismo hemos de recuperarlo con la mayor urgencia.
Ante la presentación del Anteproyecto de Ley de Mutuas, el pasado mes de diciembre, pienso que ha llegado el momento de que hagamos un alto en el camino, redefiniendo nuevamente el mutualismo, entre la Administración, los agentes sociales (empresarios y sindicatos) y el propio sector.
El complejo mecanismo de sistemas de intervención pública sobre la actuación de las mutuas se ve completado con la existencia de prohibiciones que no tienen sentido, en un marco de libre y leal competencia y de colaboración con la Seguridad Social, como son:
- La prohibición de hacer publicidad y propaganda competitiva.
- La prohibición de políticas comerciales de captación.
- La prohibición de interposición de recursos administrativos, demandas o recursos judiciales de las mutuas con cargo al Presupuesto contra las resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, las entidades gestoras o la Tesorería General de la Seguridad Social; deben presentarlos las mutuas con cargo a su propio patrimonio histórico, aunque el beneficio repercuta favorablemente en las cuentas de la Seguridad Social.
Otro exponente claro de la publificación hacia la que se pretende llevar a las mutuas es la asimilación de sus empleados con los funcionarios, anulando la capacidad de las mutuas de desarrollar políticas de recursos humanos propias.
El presupuesto de las mutuas se integra en el de la Seguridad Social y finalmente en los Presupuestos Generales del Estado. En esta materia, también existen destacables restricciones en perjuicio de las mutuas y su buena gestión, viéndose como se ven obligadas a construir presupuestos excesivamente voluntaristas.
Por lo que hace al terreno de la competencia, si algo ha venido caracterizando a las mutuas ha sido el que se ha gestionado la colaboración de prestaciones de Seguridad Social con criterios de empresa privada en un marco competitivo, donde cada mutua ha intentado presentar sus servicios allá donde ha estimado conveniente, con lo que se han generado criterios de eficacia propios de ese margen libre de actuación.
Un nuevo sistema que contemple las propuestas que se vienen señalando y las que más adelante se indican es mejor que el que progresivamente se ha ido implantado, con el que se ha pasado de una gestión privada a una gestión netamente de recursos públicos, con nulo marco de creatividad y un alto coste de oportunidad económico, y donde no se está viendo beneficio vía retorno a quienes los generan: los empresarios.
Asimismo, es evidente que la función de dirección de las mutuas ha tendido hacia una clara dependencia de la norma y de las más diversas formas de dirigir, desde la Administración, que se pueden imaginar. No es posible que se pretenda que la responsabilidad absoluta recaiga sobre los empresarios de las mutuas, y que tengan que estar a las órdenes de la Administración. La nueva ley debe afirmar que la dirección debe corresponder a los órganos de gobierno de las mutuas, en los que están representados todos los empresarios asociados a las mismas.
Los empresarios no queremos que la deriva hacia lo público se siga produciendo. Si se desea continuar con la relación de colaboración de las mutuas con la Seguridad Social, tiene que garantizarse su forma de gestión privada, para lo que resulta necesario una modificación del marco normativo de las mutuas, contrario del que aparece en el anteproyecto de ley.
El principio alrededor del cual planteamos reformar la colaboración en la gestión de las mutuas es la congruencia de su naturaleza privada con una gestión privada efectiva. Esa naturaleza privada debe verse reforzada dotando a las mutuas de la suficiente capacidad de gobierno y de gestión.
En tal sentido, y como responsables de las mutuas, las juntas directivas de las mismas hemos definido unos puntos que entendemos deberían orientar la reforma de la colaboración de las mutuas en la nueva ley:
- Plena autonomía de gestión.
- Libertad de elección, alternatividad o voluntariedad de aseguramiento.
- Propiedad de los beneficios. Una vez dotadas las provisiones y reservas obligatorias y estatutarias, el destino que en cada caso debería darse a los beneficios de las mutuas sería el que se decidiese en sus juntas generales, pudiendo retornar parte a los empresarios asociados y a las propias mutuas, sin perjuicio de que se fijen las aportaciones a la Seguridad Social que correspondan.
- Libre competencia. Los beneficiarios siempre serían la Seguridad Social, las empresas y los trabajadores.
- Seguimiento de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, con la posibilidad de dar altas (es la única forma de intentar atajar el cáncer del absentismo en nuestras empresas).
Los empresarios que formamos parte de los órganos de gobierno de las mutuas observamos que subsisten importantes restricciones que obstaculizan la gestión de nuestras entidades.
Si ni las primas recaudadas ni los excedentes de la gestión son recursos privativos de los empresarios asociados, sino recursos públicos, poco interés puede haber en lograr una gestión eficiente, más allá de tratar de asegurar los ingresos necesarios para cubrir los compromisos de gasto adquiridos y evitar que pueda hacerse efectiva la responsabilidad de los empresarios asociados.
Muchas de estas restricciones a la libre actuación de las mutuas encuentran su justificación en la naturaleza de los recursos que se gestionan; precisamente, para evitar un uso indebido de los recursos públicos se somete a las mutuas a los mismos controles exhaustivos previstos para todo el sector público en materia de contratación y fiscalización, por ejemplo.
Por ello, resulta del todo desmesurado que, a través del nuevo marco normativo en tramitación, se pretenda someter a las mutuas a controles mayores incluso a los actualmente vigentes para las entidades públicas, cuando al fin y al cabo las mutuas son entidades privadas. Obviamente, entendemos que esto no es proporcionado ni tiene razón de ser, puesto que las medidas de control introducidas en la normativa actual son más que suficientes para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Establecer más medidas de control terminaría por lastrar la actuación de las mutuas, cuando lo que realmente resulta necesario es que estos controles sean los mínimos, efectivos y con la máxima seguridad jurídica.
No existe otro medio de alinear incentivos y, a la vez, evitar un uso indebido de recursos públicos que devolver a las empresas mutualistas y a las propias mutuas parte de los recursos que gestionan, y es en este sentido en el que planteamos esta reforma.
No me cansaré de reiterar que es necesaria una nueva regulación que suponga, por un lado, un retorno a los mutualistas de parte de las primas que hemos satisfecho en concepto de accidentes de trabajo y, por otro, permitir que parte de los excedentes puedan ser destinados por las mutuas no sólo a prestar un mejor servicio a los trabajadores protegidos, sino a las propias empresas mutualistas, lo que supondrá una rebaja real y efectiva de las cuotas que satisfacemos los empresarios.
Esperemos que la urgente tarea de la refundación de las mutuas conforme a las líneas antes expuestas se haga con la mayor seriedad, atendiendo las continuas reclamaciones y sugerencias realizadas por nuestro sector.