Se ha hablado mucho del Estado Providente, que en momentos de extrema dureza ha venido a subvenir a las necesidades de la población, con mayor generosidad que el propio Estado del Bienestar, llegando hasta donde no lo hace este último y atendiendo a la necesidad humana con mayor universalidad.
Una exigencia ha estado presente en los casos de Estado Providente: la necesidad imposible de solventar por las propias fuerzas de los sujetos económicos y de sus familias; y pareja a ella la imposibilidad, o al menos la dificultad, de prever que tal necesidad se haría presente en la vida de los ciudadanos, poniendo en peligro sus propias existencias.
En el momento presente, las cosas han cambiado, pues la providencia no se practica necesariamente, y menos aun exclusivamente, con el hambriento, con el necesitado, con la necesidad de imposible previsión, sino con el pudiente que renuncia a la previsión.
Los hechos comienzan mal, por actos que reclamarán la providencia como mal menor. Hoy quisiera someter a juicio el que se está conociendo como "rescate de las autopistas". La irresponsabilidad es general y se da en cualquier momento del proceso. Por un lado hay unos concesionarios de autopistas de peaje que, sin consideración al mercado, creen ser visionarios de las grandes oportunidades, entre las que se encuentra un proyecto de autopistas de peaje.
Hasta ahí, todo es normal, como normal es también el error, siempre posible, de que la previsión de negocio se torne en ruina económica. Al fin y al cabo, cualquier proyecto empresarial concluye en beneficio o en pérdidas que, de ser perseverantes, desembocarán en la quiebra de la empresa
Lo que no resulta tan lógico es que el Estado asuma el resultado, naturalmente en caso de pérdidas, avalando el desarrollo del negocio objeto de concesión, lo cual a su vez facilitará de forma irresponsable la generosidad en la financiación por parte de las entidades financieras.
La historia, como no podía ser de otro modo, termina en la necesidad de rescatar (es el nuevo vocablo de la providencia); pero, ¿a quién? ¿Al empresario quebrado? ¿Al banco que se ha encontrado con un crédito a deudor insolvente, aunque avalado?
Los hechos, desde luego, no se habrían producido en ausencia de aval; a partir de ahí lo que quieran, porque los bancos podrían ejecutar el aval contra el Estado; el empresario desapareció o es insolvente; finalmente, será el Estado el que tendrá que rescatar con los recursos de los españoles, tratando de que el rescate sea lo menos oneroso, de aquí la pretensión de una quita en los créditos del cincuenta por ciento. Y digo yo: ¿es el valor de la autopista el cincuenta por ciento del crédito?
La condena penal a políticos irresponsables que avalan en nombre del Estado lo que carece de sentido económico debe popularizarse en la jurisprudencia de los tribunales de justicia.