La Fiscalía ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, 8 años y 9 meses para su hijo Gerardo Díaz Santamaría y otros 8 años para el empresario Ángel de Cabo por el vaciamiento del Grupo Marsans, a quienes acusa, entre otros delitos, de integración en grupo criminal.
En su escrito de acusación, el fiscal pide penas carcelarias para once personas, a las que acusa de los delitos de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
La Fiscalía pide penas más reducidas para De Cabo e Iván Losada, "mano derecha" del dueño de Viajes Marsans que se enfrenta a 4 años y 3 meses de prisión, porque colaboraron con la justicia, y reclama además a Díaz Ferrán y otros acusados una multa de 5 millones de euros por blanqueo
El fiscal asegura que Díaz Ferrán poseía, junto al fallecido Gonzalo Pascual, un grupo de sociedades cuya cabecera era Viajes Marsans y que agrupaba a otras 117 empresas, a través de Holdisan y Parihol, dedicadas al sector turístico y del transporte.
El grupo empresarial empezó a acumular deudas que comprometían gravemente la viabilidad -dice el escrito de conclusiones preliminares de la Fiscalía- lo que desencadenó que, a partir de diciembre de 2009, el Consejo de Administración fuera sustituido por dos administradores solidarios y que pasara a venderse, en 2010, al empresario Ángel de Cabo.
La situación derivó en la salida a concurso de Viajes Marsans y otras empresas, en los que se determinó que el déficit patrimonial de la empresa superaba los 270 millones mientras que la deuda de Díaz Ferrán alcanzaba los 413 millones y la de Pascual los 313.
"Altísimo nivel de vida"
"Tan lamentable situación patrimonial, que afectaba tanto al grupo empresarial como al patrimonio personal de sus titulares, amenazaba el altísimo nivel de vida que hasta entonces ambos llevaban por lo que decidieron salvar de las ejecuciones a las que se veían abocados la mayor parte de los bienes, mediante un sistemático vaciado de su patrimonio personal y empresarial, en evidente perjuicio de los acreedores", dice el fiscal.
Díaz Ferrán y Pascual transmitieron a De cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que éste abonara cantidad alguna, si bien debía pagarles 8 millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales "con lo que podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia".
El fiscal describe el proceso de despatrimonialización de las sociedades adquiridas, dirigido a vaciar de cualquier activo realizable. Para ello pusieron a otros miembros del grupo en nómina de las sociedades, se hicieron con los vehículos de alta gama y yates de lujo de los que disponían, vaciar las tesorerías o comprar las viviendas de las que disponían Díaz Ferrán y Pascual.