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La Generalidad abre expediente a Uber tras las presiones de los taxistas

La Generalidad afirma que operar sin las correspondientes licencias puede suponer una sanción de hasta 2.000 euros.

LM/ Agencias
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La Generalidad ha abierto un expediente a la empresa Uber, que ha creado una aplicación que pone en contacto a particulares para realizar trayectos en vehículos privados, lo que ha puesto en pie de guerra a Confederación del Taxi de España por "supuesta actividad irregular" en el transporte de personas.

La dirección general de Transportes y Movilidad de la Generalidad mantuvo ayer una reunión con el Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC) después de que la Confederación del Taxi de España exigiera este sábado la retirada de la aplicación Uber, al considerar que fomenta "el transporte pirata", "sin garantía alguna" para los viajeros.

Según ha informado el departamento de Territorio y Sostenibilidad, que dirige Santi Vila, este expediente tiene como objetivo "controlar que todas las actividades anunciadas para esta empresa se hacen bajo el vigente marco normativo".

Ha recordado, en este sentido, que operar sin las correspondientes licencias puede suponer una sanción de hasta 2.000 euros.

La legislación vigente en Cataluña establece que las actividades de transporte de personas que se realizan mediante un precio o una retribución tienen la consideración de transporte público y como tal están sujetas a un régimen de autorización administrativa previa.

En el caso de los vehículos de hasta nueve plazas, incluida la del conductor, esta autorización corresponde a dos modalidades: taxi o alquiler de vehículos con conductor.

La aplicación desarrollada por Uber permite poner en contacto a particulares para trayectos en vehículos privados e intermedia en el cobro de estos servicios.

La Generalidad de Cataluña entiende que las actividades de transporte anunciadas por Uber son de transporte público y, por tanto, necesita las autorizaciones administrativas pertinentes.

El transporte de personas sin disponer de licencia o autorización administrativa constituye una infracción muy grave, sancionable con una multa de hasta 1.250 euros.

También lo es, señala la Generalidad, la oferta de servicios de transporte sin disponer de título habilitado, lo que está sancionado con hasta 800 euros.

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