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Sorprendido por la sorpresa

Prefiero pensar que fue una torpeza en la expresión, porque de no ser así sólo me queda suponer que el ministro niega el derecho de propiedad.

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Hay manifestaciones que no deben pasar inadvertidas. La razón es que, de no merecer comentario, se diría que aquella intervención se enmarca en la normalidad de los acontecimientos por pertenecer al orden natural de las cosas. En ocasiones, esas manifestaciones, sobre todo las realizadas por personas de relieve político, económico o social, no digamos si además detentan una cierta parcela de poder, suponen un verdadero atropello a los derechos de las personas, hasta implicar la negación implícita de derechos humanos, patrimonio de todo individuo por el hecho de serlo.

Me refiero en este momento a las palabras de hace apenas unos días de nuestro ministro de Industria, Energía y Turismo. El señor Soria, tras un análisis de la situación del sector energético, más concretamente de las empresas que operan en él, daba a conocer su sorpresa al descubrir que éstas invertían en el exterior pese a conseguir el mismo rendimiento que obtenían de sus inversiones en España.

La sorpresa, a juzgar por el tono de sus palabras, le conducía a la indignación, no sé si por el hecho de invertir fuera pudiendo invertir dentro o por no llegar a entender la razón de tal falta de patriotismo, pues su actitud rezumaba eso: patriotismo. Un apego a la tierra propia, con los ojos vendados, que le imposibilita para descubrir la realidad y, en caso de ser nociva, tratar de corregirla para mejorar la vida y, en este caso, el sistema productivo de la nación.

Naturalmente, no pudo menos de sorprenderme la sorpresa del señor ministro. ¿Piensa el ministro que los recursos de las empresas privadas pertenecen a su propio patrimonio? O dicho de otro modo: ¿piensa el señor ministro que las decisiones empresariales deben estar sometidas al criterio del Gobierno? Prefiero pensar que aquel decir del ministro fue el resultado de una torpeza en la expresión, porque de no ser así sólo me queda suponer que el ministro niega el derecho de propiedad, o al menos restringe su ámbito a los objetivos que pueda tener un Gobierno en un momento determinado.

Y adentrándome un poco en la consideración: ¿se ha puesto el ministro en el lugar de las empresas, para valorar las distintas variables que conforman el rendimiento empresarial? Por ejemplo, ¿qué valor otorga el ministro a la seguridad jurídica en el desarrollo de una actividad económica? La actividad económica, y más aún la actividad productiva, se sitúa en un escenario de medio y largo plazo que, como tal, está sometido al riesgo, a la incertidumbre, pero no a la veleidad de un regulador. ¿Puede el ministro asegurar, con capacidad para hacerse creer, que en el medio y largo plazo no van a cambiar las reglas del juego, afectando al desarrollo de la actividad?

La regulación, entre otros, tiene el problema de que puede incentivar actividades, las más de las veces injustificadamente, pero también desincentivarlas, expulsando a los agentes a escenarios más estables.

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