Argentina amenaza con impagar su deuda pública, una vez más, pero en las últimas horas el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece dispuesto a negociar algún tipo de acuerdo con los fondos de inversión que le han ganado la partida en los tribunales de Nueva York para evitar una nueva quiebra soberana, cuyos efectos serían muy negativos para su economía nacional.
El Gobierno de Argentina aseguró el miércoles que el levantamiento de la medida cautelar que evitaba que el país tuviera que pagar unos 1.330 millones de dólares (980 millones de euros) a varios fondos de cobertura impide el próximo pago de la deuda a los acreedores, previsto para el 30 de junio.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía detalló que la resolución, dictada por la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, "imposibilita el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el juez Griesa".
Esta medida, que hace efectivo el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos del pasado martes, "empuja a Argentina al default -suspensión de pagos-", tal y como ya advirtió el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, que ha denunciado que "quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda argentina".
"Argentina lamenta la decisión adoptada en el día de la fecha por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos que deja sin efecto la suspensión ('stay') de las medidas cautelares 'pari passu' dictadas por Griesa, en el marco de la sentencia en favor de los 'fondos buitre'", apunta la nota del Ministerio.
Este texto se ha dado a conocer horas después de que representantes argentinos y de los fondos buitre se hayan reunido en Nueva York. Sin embargo, el Gobierno argentino insiste en que este anuncio "muestra la inexistencia de voluntad de negociación" y advierte de que "imposibilita el pago del próximo vencimiento de la deuda" contraída por Argentina.
El Ministerio de Economía explica que Argentina no podrá pagar los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados "a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los 'fondos buitre'", una cifra que según cálculos del propio Ministerio ascendería a unos 15.000 millones.
Seguirán negociando
Sin embargo, a pesar de la amenaza oficial de impago, Argentina busca una salida in extremis para evitar el default tras acordar una nueva reunión con los fondos acreedores la próxima semana en Nueva York para alcanzar algún tipo de acuerdo, según informa Financial Times.
"El plan es estar aquí la próxima semana para negociar con los holdouts (fondos de cobertura)", dijo Carmine Boccuzzi, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, el abogado que representa a Argentina, en una audiencia ante Thomas Griesa, el juez del distrito de Nueva York, cuya sentencia obliga a pagar a Argentina. La fecha límite es el próximo 30 de junio, cuando vence el próximo tramo de deuda.
En caso de que fructifique la negociación, se podría resolver, finalmente, el default de 2001, por el cual Argentina ha permanecido al margen del mercado internacional de capitales para poder financiarse.
El fallo del Tribunal
Con su decisión, el Supremo estadounidense refuerza la validez del dictamen de un tribunal inferior por el que se prohibía a Argentina realizar cualquier pago de su deuda reestructurada si no se abonaban también las cantidades adeudadas a los tenedores de bonos que no aceptaron el canje propuesto en 2001.
En noviembre de 2012, la Corte Federal de Nueva York dictaminó la obligación de Argentina de abonar los 1.330 millones de dólares que adeuda a los 'hedge funds' que rehusaron reestructurar sus bonos argentinos en cartera tras la quiebra del país austral en 2001. "Argentina tiene que pagarle a los demandantes el 100% de esos 1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados", indicó el juez federal Thomas Griesa en su sentencia de noviembre de 2012.
Argentina incumplió en 2001 las obligaciones del servicio de deuda por importe de 95.000 millones de dólares (69.853 millones de euros). Posteriormente, en 2005, el país ofreció a sus acreedores un canje por bonos de valor inferior, oferta que repitió en 2010.
Argentina logró con estas propuestas acuerdos que cubrían el 92% de su deuda. No obstante, algunos inversores, incluyendo NML Capital, rechazaron ese acuerdo y exigieron al país austral el pago íntegro de la deuda, tras lo que fueron llamados "buitres" por las autoridades argentinas, ya que estos fondos habían comprado los bonos con descuento ante la posibilidad de impago del país.