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El FMI pide una nueva reforma laboral y reducir los impuestos al empleo

El organismo mantiene su idea de la devaluación interna y plantea al Gobierno que dé un nuevo impulso a las liberalizaciones.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) es optimista con respecto al futuro de la economía española, aunque advierte de que todavía quedan numerosos riesgos por afrontar. La tercera pata de la famosa troika (junto al BCE y la Comisión Europea) ha publicado este jueves la versión completa de su IV Informe sobre nuestro país. Las principales propuestas ya se conocían desde hace un mes y medio, puesto que a finales de mayo se presentaron las conclusiones preliminares. Y nada ha cambiado demasiado desde entonces.

Lo más destacado son sus advertencias. Aunque el tono general del documento es positivo, los autores creen que queda mucho trabajo por delante. Así, los expertos del organismo detectan tres importantes debilidades: un mercado laboral que todavía mantiene una tasa de paro cercana al 25% y está "enormemente fragmentado" entre fijos y temporales; en segundo lugar, un "lento crecimiento" de la productividad, que no permite aprovechar las ventajas acumuladas en los últimos años; y una enorme "carga de deuda" que, a pesar del desapalancamiento de los últimos años, sigue restringiendo la capacidad de maniobra del sector privado para emprender nuevos proyectos o incrementar su consumo.

Para enfrentarse a estos retos y que la recuperación sea "fuerte, duradera y creadora de empleo", le ponen deberes a Mariano Rajoy. Son ocho propuestas que, en algunos casos, inciden en aspectos en los que ya ha habido cambios en los últimos dos años. Eso sí, destaca una cuestión por encima de todas: la mitad de las recetas del FMI se centran en el mercado laboral. Al igual que ya hiciera la Comisión Europea, el organismo presidido por Christine Lagarde apunta a la necesidad de una nueva segunda reforma laboral. No será sencillo que tengan éxito. El Gobierno ha repetido por activa y por pasiva que la reforma laboral "ya está hecha" y que a lo máximo que llegará será a retocar lo vigente en la actualidad.

Los ocho puntos en los que el FMI cree que queda mucho trabajo por hacer son:

  • "Reducir el endeudamiento del sector privado". Los autores piden una nueva ley de quiebras, tanto para empresas como para particulares, con el objetivo de que empezar de nuevo sea más rápido y sencillo.
  • "Limitar los dividendos y bonus de los bancos" y utilizar estos fondos para reforzar su capital.
  • Mantener la senda de consolidación presupuestaria "gradualmente, pero de forma constante", para llevar el déficit y la deuda a un nivel sostenible. En este punto, también piden un sistema fiscal "más amigable" para el crecimiento económico.
  • Apoyo de los socios europeos y el BCE. A éste último, en concreto, le piden que mantenga las "facilidades monetarias", al menos hasta que la inflación se acerque a su objetivo del 2%.
  • "Recorte del coste de la contratación", especialmente en los casos de empleos de baja cualificación. Si acaso, los autores dicen que la caída en los ingresos del Estado podría compensarse con una subida en los impuestos indirectos (IVA y especiales).
  • "Más equilibrio entre los contratos fijos y temporales" y ayuda a las empresas para adaptar las condiciones laborales a sus circunstancias.
  • "Mejora de las ayudas a los desempleados para encontrar un empleo".
  • "Eliminar barreras regulatorias" que permitan a las empresas crecer, contratar y ser más productivas, especialmente "a nivel regional".

Las tres claves

En el resto del documento, se repiten las mismas claves. En este sentido, podemos encontrar tres grandes áreas de mejora (que se corresponden, más o menos, con las debilidades apuntadas anteriormente) en las que el FMI cree que el Gobierno debería dar un paso adelante con nuevas reformas. Habría una cuarta, que podría identificarse con la consolidación del sector financiero y las cuentas públicas. Pero en este caso más que una reforma propiamente dicha estaríamos hablando del mantenimiento del camino emprendido en los últimos años.

En lo que hace referencia a los cambios dirigidos a mejorar el comportamiento de la llamada "economía real", el FMI recuerda que España mantiene un importante problema de productividad. En este sentido, los autores reconocen que la mejora en tipo de cambio efectivo conseguida en los últimos años ha sido espectacular, lo que se ha traducido en una mejora de once puntos en la balanza por cuenta corriente en seis años (una cifra que sólo Corea del Sur en los noventa fue capaz de alcanzar). Además, reconocen que en este caso ha tenido incluso más mérito, puesto que España no ha podido recurrir a la herramienta de la devaluación.

Sin embargo, incluso así, los expertos del organismo creen que esta ratio sigue entre un 5 y un 15% por encima de la tasa sostenible a medio plazo. Vamos, que las empresas españolas necesitan mejorar su procesos productivos o reducir algo sus costes para ser de verdad competitivas respecto a sus rivales. Evidentemente, para lograrlo hay dos caminos y el FMI apuesta por transitar uno y otro. Así, pide mantener la contención en los salarios (incluso, desliza que no sería malo un poco de inflación para que este ajuste fuera más callado) y mantener las reformas liberalizadoras en los mercados más intervenidos.

Precisamente, esto último tiene mucha relación con el segundo de los grandes retos que el FMI identifica. Los autores hacen un especial énfasis a la necesidad de eliminar las barreras para que las empresas se desarrollen con normalidad desde su creación, incluyendo los obstáculos a su crecimiento o a su capacidad para gestionar su negocio de acuerdo a las necesidades de su sector.

En este sentido, es significativa la importancia que le dan a la famosa Ley de Unidad de Mercado, a la que dedican diferentes espacios a lo largo del documento y que creen que es fundamental para mejorar la competitividad a medio plazo de las empresas españolas y reducir los costes a los que se enfrentan. A este respecto, el organismo recuerda al Gobierno que, aunque es una norma bien orientada, su éxito requerirá un "fuerte compromiso y cooperación", tanto de la Administración central como de los ejecutivos autonómicos.

Finalmente, el tercer gran capítulo reformista es el que tiene que ver con el mercado laboral. Como apuntamos anteriormente, al menos la mitad de las medidas concretas propuestas por los autores del informe van directamente dirigidas a este campo. No hay nada novedoso, aunque sí es destacable que mantengan un discurso similar al que llega desde Bruselas: hay que dar un paso más respecto a lo realizado desde 2012.

El FMI propone tres líneas de actuación. Por un lado, reducir los costes laborales para las empresas (cotizaciones e impuestos al trabajo), que incluso podrían compensarse con una subida del IVA. Es la famosa devaluación interna de la que tanto se habla. Se minora el coste de contratar y lo que se pierde en ingresos se recupera con impuestos indirectos, que no afectan a las exportaciones.

También piden la reducción de las diferencias entre trabajadores indefinidos y temporales. No se habla de contrato único, aunque los tiros parecen ir en esta dirección (quizás no hasta ese nivel, pero sí al menos una reducción de las modalidades). Por último, cambio en las políticas activas de empleo, especialmente en lo que hace referencia a la formación de los desempleados.

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