Más de 11.500 millones le costará al contribuyente español el fiasco de Catalunya Banc. Y la factura ni siquiera está cerrada. Si finalmente hay que ejecutar las garantías y avales que el Estado ha ofrecido a sus compradores, el coste podría incrementarse en unos cuantos miles de millones de euros.
Con estas cifras sobre la mesa, a lo largo de este martes se han sucedido las reacciones que comparan el dinero público puesto para rescatar a la banca con los recortes en servicios esenciales. Partidos políticos, medios de comunicación, tuiteros de toda condición... el clamor es casi universal: mientras el sistema financiero sale indemne de la crisis, el ciudadano de a pie paga la factura. Pocos mensajes han tenido más éxito en los últimos años. El problema es que, también en esto, una buena parte de demagogia oculta una realidad muy distinta, de la que no se quiere hablar.
De hecho, lo primero que llama la atención es la formulación del planteamiento. Se habla permanentemente de "rescate a la banca". Pero hay que recordar que, al menos en España, no se ha rescatado a ningún banco. Lo que se ha hecho a sido tapar el inmenso agujero dejado por las cajas de ahorros. Es decir, de la banca pública. Incluso el Banco de Valencia estaba controlado por Bancaja (una de las cajas que acabaron en Bankia). Por lo tanto, lo que ha hecho la administración pública española es intentar solucionar el desastre que sus políticos transmutados en banqueros (o cajeros) habían dejado.
¿Quién paga?
La gran pregunta cuando se habla del agujero de las cajas españolas es quién debe pagar para tapar esas pérdidas. Y es precisamente la cuestión que nadie quiere responder. Hay que recordar que los 13.000 millones que se han inyectado en Catalunya Banc no han ido a parar a los bolsillos de sus directivos, ni servirán para pagar dividendos a unos accionistas que no existen. Ese dinero sirve para equilibrar el balance de la entidad.
Catalunya Banc, como el resto de los bancos del mundo, tenía una serie de activos (derechos de cobro por los préstamos que había hecho en el pasado) y una serie de pasivos (obligaciones de pago a sus depositantes, preferentistas, bonistas,...). Lo que ha ocurrido es que sus activos se han deteriorado mucho, porque aquellos que debían pagar no lo han hecho. Hablamos de constructores que han dejado promociones empantanadas o familias que no han podido hacer frente a su hipoteca.
La consecuencia es que, ahora mismo, la entidad no tiene suficientes activos para pagar sus pasivos. O lo que es lo mismo, si no se hace nada, sus clientes perderán parte de sus inversiones. Esto no tiene por qué ser malo, hay numerosos expertos que defienden esta alternativa. De hecho, según la nueva regulación europea, esto es lo que pasará a partir de 2018. En teoría, se acabaron los rescates bancarios: desde ese momento, si una entidad cae, los que sufrirán las pérdidas serán los que tengan allí metido su dinero (eso sí, con un orden de prelación, empezando por los accionistas y acabando por los depositantes).
Estas son las opciones: o pagan los clientes o paga el contribuyente. Si cree que el Estado no se tiene que hacer cargo de la mala gestión de los directivos de las cajas, entonces está de acuerdo en que aquellos que tengan preferentes o bonos o depósitos en esa entidad pierdan sus ahorros. La otra posibilidad es que todos paguemos ese rescate con nuestros impuestos. Y la tercera vía es hacer un mix de estas dos alternativas. No hay más.
El coste
En esta crisis financiera, casi todos los gobiernos han optado por la opción del rescate público. El objetivo era doble: por un lado, lanzar un mensaje de confianza a los inversores extranjeros en el sector bancario nacional y, por otro, no sufrir el coste político de miles de ahorradores dejados en la cuneta. En el caso de España, hay que sumarle la circunstancia de que esos ahorradores lo eran de cajas, instituciones públicas controladas por los partidos.
Al final, este rescate se ha articulado a través del famoso Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Todavía no se sabe a cuánto ascenderá exactamente la factura para el contribuyente, pero no será barata:
- Banca Cívica (Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos, CajaSol y Caja Guadalajara): el Frob aportó 977 millones de euros, pero Caixabank devolvió esta cantidad cuando se hizo cargo de la entidad. Por lo tanto, no hubo coste para el contribuyente.
- Banco de Valencia (filial de Bancaja): el Frob suscribió capital por valor de 5.498 millones. Fue adjudicado a Caixabank por el precio simbólico de un euro. La operación incluía un esquema de protección de activos que actúa como garantía de futuras pérdidas. Todas las ayudas públicas se han perdido.
- Unnim (Caixa Sabadell, Caixa Terrasa, Caixa Manlleu): el Frob le inyectó 953 millones, pero esa cantidad fue asumida por el Fondo de Garantía de Depósitos (en el que participan todas las entidades financieras) antes de que la entidad fuese comprada por el BBVA. En teoría, ni hubo coste para el contribuyente.
- Caja 3 (CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz): el Frob suscribió CoCos por valor de 407 millones y ésta cantidad no se recuperará.
- CAM: los 5.249 millones que se inyectaron antes de adjudicar esta caja al Banco Sabadell fueron asumidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que también se hace cargo de las garantías ofrecidas a la entidad catalana para el caso de futuras pérdidas.
- Banco Gallego: el Frob suscribió 245 millones de capital antes de su venta al Banco Sabadell.
- Banco Ceiss (Caja España y Caja Duero): en total, se han inyectado 1.129 millones en ayudas públicas a finales de 2013, pero el Frob se comprometió a meter 319 millones más destinados a comprar productos híbridos (preferentes y bonos) antes de su adquisición final por parte de Unicaja. Por lo tanto, el coste para el contribuyente se acercará a los 1.450 millones.
- Liberbank (Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura): el Fondo de Garantía de Depósitos puso 1.740 millones para el saneamiento y el Frob ha suscrito 124 millones en CoCos.
- Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra, Caja Granada): el Frob ha inyectado hasta el momento 1.645 millones y se ha hecho a cambio con el 65% del capital de la entidad. En teoría, cuando se coloque esa participación, la idea sería recuperar parte de la inversión. Eso sí, las últimas ventas realizadas no apuntan al optimismo.
- Novacaixagalicia (Caixa Galicia y Caixanova): en total, se aportaron 9.052 millones en diferentes inyecciones de capital por parte del Frob. Cuando se vendió la entidad a Banesco por 1.003 millones, se recuperaron 712 millones, a los que hay que sumar 71 millones de une venta previa de acciones. Por lo tanto, el coste para el contribuyente asciende a unos 8.270 millones.
- Catalunya Banc (Caixa Catalunya, Caixa Tarragona, Caixa Manresa): como ya hemos explicado estos días, el coste asciende a unos 11.600 millones, más lo que pueda acumularse en el futuro si se ejercen las garantías dadas a BBVA y Blackstone.
- Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caixa Laietana, Caja de Canarias): se han inyectado 22.424 millones en total. El proceso de desinversión ya ha comenzado. El Estado ha recuperado algo más de 1.000 millones de euros.
El total
Con todos estos datos encima de la mesa, puede empezar a calcularse, de forma aproximada, a cuánto ascenderá la factura del rescate bancario. Eso sí, al final buena parte dependerá de Bankia y de la capacidad de su actual equipo directivo de José Ignacio Goirigolzarri y José Sevilla de generar valor y hacer atractiva la entidad para los inversores. Desde el Gobierno, se ha llegado a insinuar que tanto en Banco Mare Nostrum como en Bankia se recuperará toda la inversión. O, por decirlo de otra forma, que los contribuyentes no perderán nada e, incluso, podría haber plusvalías.
Por ahora, las cuentas no son nada positivas. De los casi 61.500 millones en ayudas (incluidas las del FGD) no se ha recuperado casi nada, apenas unos 3.000 millones, no más del 5%. Como apuntamos, gran parte del resultado final va a estar en manos de Bankia, pero los 5.500 millones del Banco de Valencia, los 8.000 millones de Novacaixagalicia y los 11.500 millons de Catalunya Banc ya no volverán. Y entre las entidades menores suman otros 2.000 millones sin vuelta a atrás. Con cada nueva operación, sube la factura de las cajas públicas para el español medio. Ya está cerca de los 30.000 millones sólo por las inyecciones de capital.
Pero además, está el tema de los avales y las garantías. Según la información del propio Frob, de los 103.436 millones en avales ya se han recuperado 71.350 millones. O lo que es lo mismo, sigue habiendo 32.000 millones en el limbo.
No sólo eso, el organismo ya admite que, a 31 de diciembre de 2013, la pérdida esperado por los esquemas de protección de activos pactados con las entidades que han comprado alguna de las cajas rescatadas ascendía a 8.337 millones. Y la pérdida total máxima teórica a lo largo del período de vigencia de estos esquemas es de 28.667 millones.
Por último, el Frob ha aportado 2.192 millones al capital de la Sareb. De nuevo, tampoco aquí se puede saber cuánto se recuperará.
La banca pública
Sumando todas las cifras aparece una cantidad que da vértigo: ¿50.000 millones? ¿60.000? Y aquí habría que volver al comienzo del artículo. Todo este dinero del contribuyente irá destinado a tapar el enorme agujero dejado por las cajas públicas controladas por los políticos. Los bancos privados españoles lo han pasado muy mal esta crisis. Algunos, han tenido serias dificultades para cumplir con las exigencias de capital impuestas. Pero al final, todos ellos han conseguido salir adelante sin recurrir al dinero público.
En este sentido, resulta interesante ver cómo desde numerosas tribunas se pide la creación de una banca pública cercana al ciudadano, controlada por políticos, que tenga otros objetivos que no sean sólo la generación de beneficios y que impulse el crédito, aplicando criterios más laxos que los de los bancos. Es curioso, porque ésta es exactamente la definición de caja de ahorros. Además, hay que recordar que la mala gestión de las cajas se caracterizó por hacer lo mismo que ahora se les exige: dar créditos a personas y empresas sin garantías que, luego, no pudieron devolverlo.
En este sentido, llama la atención la extensión del discurso más populista. Primero, se exige a los bancos y cajas que den más préstamos, incluso aunque tengan que relajar sus criterios de solvencia. Si no lo hacen, se reclama que el Gobierno monte una banca pública para cubrir estas necesidades. Y cuando dentro de 10 ó 15 años esta banca pública quiebre por los préstamos no recuperados y haya que tapar el agujero, los mismos que ahora piden más crédito recuperan los eslóganes sobre el rescate a la banca y compararán las cifras con el gasto en educación o sanidad. Las decenas de miles de millones de euros que los españoles ya se han perdido aplicando esos criterios más "sociales" parece que no son una advertencia suficiente.