El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto que desarrollará la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y que fijará la retención de recursos cuando la Administración del Estado se haga cargo del pago si se incumple el plazo máximo.
"Erradicar la morosidad, ése es un objetivo clave para superar la crisis económica de nuestro país", ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Montoro ha recordado que la Administración Central, que tiene la obligatoriedad de pagar sus facturas a 30 días, "lo hace ya a 26,8 días, cuando en 2012 lo hacía a 41".
Así, las Administraciones deberán haber publicado en el mes de octubre cuáles son sus plazos medios de pago a proveedores. En caso de incumplimiento, el Gobierno puede intervenir en su cuota correspondiente de sus sistemas de financiación autonómica y local.
El período medio de pago definido en el real decreto mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, sin perjuicio del periodo legal de pago establecido.
El cálculo del periodo medio de pagos se fundamentará principalmente en la información que obre en el registro contable de facturas creado tras la ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público.
El responsable de la cartera de Hacienda, también ha hecho balance sobre el plan de pago a proveedores, en el que se han pagado directamente 8 millones de facturas y se han atendido a 190.000 proveedores. Desde su puesta en marcha, se han destinado 41.800 millones a este concepto.
La reestructuración del FLA, el viernes
También, Montoro se ha referido al anuncio de que el Gobierno va a reestructurar los créditos del FLA "para dar más liquidez" a las CCAA. El ministro ha dicho que el Gobierno ha desarrollado procedimientos para el FLA, cuyas condiciones de financiación "mejorarán en los próximos días".
El ministro ha avanzado que esta reestructuración se planteará en el marco de la reforma fiscal que se probará el próximo 1 de agosto y será "una de las claves" del texto.
Así, las CCAA que lo necesiten tendrán más facilidad de acceso a liquidez, menores cargas de intereses o se les podrá aplazar el principal. "También, estudiamos alargar los plazo de las liquidaciones negativas pendientes", ha dicho el ministro.