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Kirchner propone cambiar la jusrisdicción de la deuda argentina

El Gobierno de Argentina plantea un nuevo canje de deuda y un cambio de jurisdicción que abre la posibilidad de cobro en Argentina a los acreedores.

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La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para tratar de garantizar el pago de su deuda reestructurada que incluye, entre otras medidas, un nuevo canje de deuda y un cambio de jurisdicción que abre la posibilidad de cobro en Argentina.

En un mensaje difundido por cadena nacional, Fernández dijo que la norma declara de "interés público" las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 así como el pago de los compromisos derivados de esos canjes. La iniciativa habilita al Ejecutivo a emitir "instrumentos legales que permitan el cobro" de todos los tenedores de los títulos emitidos con los canjes.

El proyecto autoriza al Ministerio de Economía a remover al Banco de Nueva York Mellon (BONY) como agente fiduciario de pago a los acreedores de la deuda reestructurada. Por el litigio con los fondos buitre, el juez neoyorquino del caso, Thomas Griesa, mantiene bloqueados fondos que Argentina depositó en el BONY para el pago a los acreedores que aceptaron los canjes. En lugar del BONY, se nombrará como agente de pago a Nación Fideicomisos, subsidiaria del estatal Banco de la Nación Argentina. Asimismo, los acreedores podrán establecer su propio agente que les garantice el canal de cobro.

Además, el proyecto habilita a crear una cuenta especial de Nación Fideicomiso en el Banco Central de Argentina para el depósito de los fondos destinados al pago de los compromisos de deuda y se mantendrán allí "hasta su efectivo cobro por parte de los acreedores" como una "certeza total a los acreedores de que nadie podrá tocar" ese dinero porque es de su propiedad, destacó Fernández. Los fondos serán distribuidos por las entidades que dispongan el Ministerio de Economía o los propios tenedores de bonos.

La iniciativa también abre la posibilidad de que cambiar la jurisdicción del pago de la deuda y de que los inversores sometidos a la legislación estadounidense accedan a un canje de títulos para quedar bajo la normativa argentina en iguales condiciones a los de 2005 y 2010. Asimismo, permite que quienes no se adhirieron a esas reestructuraciones puedan hacerlo si el proyecto es aprobado por el Parlamento, de mayoría oficialista.

Fernández dijo que, además, como señal de "buena fe", se abrirá una cuenta especial donde se depositará lo que deberían cobrar estos acreedores que no entraron a los canjes. "Estoy un poco nerviosa. Suelo tener más aplomo. Pero estamos viviendo un momento de enorme injusticia con la Argentina", dijo Fernández, con voz quebrada, en el tramo final de su extenso mensaje.

La mandataria afirmó que el "gran negocio de los buitres", que le reclaman a Argentina bonos impagos desde 2001 por 1.330 millones de dólares, más intereses, "es no negociar" y cobrar el ciento por ciento mas punitorios e intereses "a través de la vía judicial".

Recordó que los querellantes intentaron embargar a Argentina todo tipo de bienes, hasta restos de dinosaurios que se iban a exponer en Alemania, pero subrayó que los bienes del Estado, por "inmunidad soberana", no pueden ser embargados.

Lamentó que el juez Griesa inventara "al servicio de los fondos" una "novedosa" y "extravagante" forma de interpretar la jurisprudencia por la que terminó por bloquear los fondos que Argentina destinó al pago a su acreedores de deuda reestructurada.

"Argentina cumplió de acuerdo a los contratos formados en 2005 y 2010 y depositó en tiempo y forma en el BONY la suma de 1.150 millones de dólares", dijo Fernández, que así insistió en que el país no ha caído en cese de pagos porque ha depositado el dinero para sus acreedores. De esa suma, precisó la mandataria, 539 millones quedaron en un "limbo jurídico" porque no fueron embargados por Griesa ni tampoco llegaron a las cuentas de los acreedores.

Fernández aseguró que Argentina acudió a todas las audiencias de negociación dispuestas por Griesa "para intentar llegar a un acuerdo y fue imposible porque el negocio (de los fondos) es no arreglar". Luego, recordó, intentaron negociar con los querellantes bancos argentinos e internacionales, que "fracasaron también en el intento".

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