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Podemos pretende imitar las 'leyes mordaza' de Venezuela, Ecuador y Argentina

El partido de Pablo Iglesias defiende el control mediático al estilo bolivariano, donde la libertad de expresión se somete a la voluntad política.

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El partido de Pablo Iglesias defiende el control mediático al estilo bolivariano, donde la libertad de expresión se somete a la voluntad política.
Un venezolando protestando por la censura mediática en Venezuela | Cordon Press

Una de las múltiples polémicas que ha generado el programa electoral de Podemos es la necesidad de aprobar una nueva regulación de los medios de comunicación para garantizar su "democratización", según explica el partido de Pablo Iglesias. Cabe recordar que esta formación usa habitualmente el término "democracia" como sinónimo de "control" o "nacionalización" por parte del Estado. En cuanto al sector de medios, el programa con el concurrió a las pasadas elecciones europeas señala lo siguiente:

Legislación destinada a impedir la formación de monopolios u oligopolios en el ámbito de la comunicación

Separación por ley de la propiedad de los grupos financieros y comunicativos, garantizando así la independencia de todos los medios de información de los diferentes gobiernos y grandes grupos empresariales. Creación de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión democrática e independiente de los gobiernos de turno.

Legislación destinada a instaurar una cuota mínima de medios públicos e independientes. Creación de una agencia de noticias europea independiente de estricto control democrático y ciudadano. Ninguna empresa o grupo podrá ostentar más del 15% del total de un ámbito comunicacional, sea prensa, radio, televisión, internet o el sector editorial.

Dicha propuesta se resume, básicamente, en reducir el tamaño actual de los grandes medios privados mediante la aplicación de límites y expropiaciones estatales bajo el argumento de defender la pluralidad.

Curiosamente, al mismo tiempo que cargan contra la propiedad privada de la prensa, cuya supervivencia depende, en última instancia, de la audiencia (mercado), proponen blindar y aumentar tanto la influencia como el tamaño de los medios públicos, cuya gestión y directrices dependen exclusivamente del poder político de turno, por mucho que se pretenda garantizar su "independencia".

Pero, ¿en qué se traduciría esta medida? El líder de Podemos ofrece algunas pistas al respecto en el libro Conversación con Pablo Iglesias, en donde, entre otras cuestiones, defiende el control público de, al menos, "una parte" de los medios de comunicación en España.

¿Por qué no va a existir una regulación que garantice la libertad de prensa en el mejor sentido del término, sin condicionantes de empresas privadas o de la voluntad de partidos políticos? La sociedad civil tiene que verse reflejada con independencia y veracidad en los medios de comunicación […]

¿Eso quiere decir que todos los medios tengan que estar bajo el control del Gobierno? Claro que no, eso quiere decir que los medios de comunicación, por lo menos una parte, tienen que tener mecanismos de control público. Y lo público no tiene que ser necesariamente institucional, en el sentido de ser corriente de transmisión de las estructuras que gestionan la administración.

Su particular discurso esconde, en la práctica, una realidad muy concreta. Preguntado sobre la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador aprobada por el Gobierno de Rafael Correa, conocida también como "ley mordaza" debido a la rígida censura institucional que ha implantado en el país, Iglesias se muestra "absolutamente" a favor de aprobar una regulación similar en España.

Si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho [`...] La gestión de la información no puede depender únicamente de hombres de negocios y de su voluntad por permitir la libertad de expresión […]

No puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté solo en manos de multimillonarios […] El problema de la privatización de los medios es que la lógica de funcionamiento es el beneficio, no el interés social ni la calidad ni la utilidad social.

La propuesta de Podemos

La regulación de la prensa es uno de los múltiples ámbitos en los que Podemos está trabajando para elaborar propuestas muy concretas y claras, más allá de la típica abstracción e indefinición de los programas electorales y las declaraciones políticas de sus líderes. Para debatir éstas y otras cuestiones, los miembros de Podemos han constituido recientemente un Círculo de Periodismo, en donde ya se empieza a atisbar con más claridad su particular modelo mediático.

Así, el pasado julio, dicho Círculo afirmaba en un comunicado que su propuesta consistía en establecer un "control ciudadano, transparente y democrático" en los medios de comunicación. Una declaración de intenciones que, aunque sobre el papel puede sonar bien para muchos, no significa otra cosa que el control político de la prensa mediante la creación de un nuevo órgano administrativo a nivel nacional, a imagen y semejanza del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC).

Por un lado, tal y como denuncia Podemos, es cierto que en España existe una especie de "oligopolio privado" en una parte del sector debido al reparto político de licencias para poder operar en radio y televisión, y a la estricta regulación que permite al Gobierno decidir en última instancia la compraventa o fusión de medios, pero la alternativa de los comunistas no es liberalizar este ámbito para que la audiencia decida qué información consumir, a qué precio y quién debe proporcionársela, sino en reforzar mucho más el poder e influencia del Estado sobre la prensa.

Herramientas como un Estatuto de la Información o una autoridad ciudadana independiente y transparente, permitirían proteger la independencia del periodista , así como garantizar la verdadera pluralidad e independencia de los medios , sin las cuales el derecho constitucional a una información veraz queda en un brindis al sol sin garantías concretas que lo hagan efectivo.

Es decir, la "autoridad ciudadana" (Estado) sería la encargada de determinar, en última instancia, qué y quién puede proporcionar información "verdadera". No es ninguna novedad. Durante la presentación del Círculo de Periodismo que tuvo lugar el pasado junio, el periodista José Manuel Martín Medem avanzó algunas de las claves de la propuesta de Podemos sobre la "democratización de los medios".

El modelo a imitar no es otro que el de las recientes "leyes audiovisuales" aprobadas por los regímenes bolivarianos de América Latina, como es el caso de Venezuela y, muy especialmente, Argentina y Ecuador, que -según Medem- poseen las "mejores regulaciones del mundo" en esta materia.

De hecho, es un sistema muy similar al que acaban de proponer los terroristas de las FARC en el proceso de negociación abierto con el Gobierno de Colombia para "democratizar" los medios de comunicación en este país. "La propuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es la mejor de la izquierda latinoamericana", afirma Medem.

La idea básica de Podemos se podría concretar en tres puntos:

- Reservar un espacio de 14 horas semanales en Radio Televisión Pública Española (RTVE) para los agentes políticos, sindicales y sociales minoritarios con el fin de debilitar el bipartidismo imperante.

- Reformar el sistema de licencias para que un tercio de los permisos radioeléctricos se reserve en exclusiva a medios públicos (teles y radios del Gobierno, CCAA y ayuntamientos), otro tercio para negocios audiovisuales (empresas privadas) y el tercio restante para "medios sociales o comunitarios" sin ánimo de lucro. Y lo mismo sucedería con la financiación pública, ya que la llamada publicidad institucional se repartiría de igual modo.

- Aprobar una nueva ley audiovisual a imagen y semejanza de los regímenes bolivarianos, con el correspondiente órgano sancionador para garantizar la "democratización" mediática.

Censura y escasa libertad de expresión

En este sentido, basta observar lo que ha sucedido en Venezuela, Argentina o Ecuador, entre otros países de esta órbita ideológica, para aventurar lo que sucedería en España en caso de imitar este profundo intervencionisimo. La libertad de prensa y de expresión, derechos fundamentales en toda democracia que se precie, han sufrido un drástico deterioro desde su implantación.

Según el último ránking de Libertad de Prensa, elaborado por Reporteros sin Fronteras, Venezuela ocupa el puesto 116 del mundo -sobre un total de 180 países-, Ecuador cae hasta el 95 y Argentina se sitúa en el 55, muy alejados de la posición 35 que, hoy por hoy, ocupa España.

Mapa de Libertad de Prensa

En cuanto a la libertad en internet, el mayor censor del mundo es Cuba, junto a algunos regímenes árabes (Siria, Etiopía o Irán) y China, pero seguidos no muy de lejos por Venezuela y Ecuador, calificados como países "parcialmente libres", según la última clasificación elaborada por la organización Freedom House. Argentina, por el contrario, permanece como un "país libre" en el ámbito de internet, junto con EEUU y los casos analizados en Europa.

Libertad en Internet

Los propios periodistas y ONGs denuncian el acoso e indefensión que sufren en el ejercicio de su profesión bajo los regímenes que tanto admira y defiende Podemos.

La organización Espacio Público lleva años condenando los constantes ataques a la libertad de expresión que sufre Venezuela desde que el chavismo se hizo con el poder. En 2013, una vez más, "aumentaron los casos de persecución judicial de opiniones o informaciones o la prohibición expresa de hacerlo, lo cual indica un patrón restrictivo del ejercicio del derecho a la libertad de expresión", señala en su último informe anual.

Lo mismo sucede en Ecuador, donde Fundamedios se dedica a recopilar los atropellos de Rafael Correa contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Por último, aunque en Argentina la libertad en internet es mayor que en estos dos países, los medios tradicionales han sido sometidos en la última década a una creciente presión gubernamental para plegarse a la voluntad de la clase política mediante todo tipo de maniobras, tal y como denuncia el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Medios y periodistas argentinos pasaron a soportar como algo cotidiano persecuciones, presiones, escraches, agresiones físicas, cepo oficial para que las grandes cadenas de supermercados no se publiciten en los diarios críticos, intimidaciones del organismo recaudador (AFIP), falsas denuncias penales, fuerte hostigamiento público por parte del Gobierno, así como amenazas directas de expropiación o cierre gracias a la nueva Ley de Medios Audiovisuales.

Joaquín Morales Sola, columnista del diario La Nación, afirma que Argentina ocupa "un lugar entre los peores en libertad de expresión", y "únicamente se puede decir que esta libertad está bien si sólo se la compara con lo que sucede en Venezuela y Ecuador y, en realidad, tampoco está mucho mejor que en esos países".

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