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Argentina impone el control de precios y la expropiación indiscriminada

El Gobierno argentino logró este jueves imponer su mayoría parlamentaria para aprobar la reforma de la Ley de Abastecimiento.

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El Gobierno argentino logró este jueves imponer su mayoría parlamentaria para aprobar la reforma de la Ley de Abastecimiento, rechazada frontalmente por la oposición y las patronales del sector por considerar que aumenta el control del Estado sobre la actividad empresarial.

Tras una sesión maratoniana, el oficialismo sacó adelante la reforma por 130 votos a favor, contra 105 votos en contra y 5 abstenciones. El Ejecutivo de Cristina Fernández presentó este paquete de medidas, que fueron ya aprobadas por el Senado argentino a comienzos de mes, como leyes de defensa del consumidor.

Esta ley "permite defender a las pequeñas y medianas empresas, promover la inversión, estimular el empleo en las economías regionales y establecer condiciones de regulación por parte del Estado, a los efectos de evitar el abuso de posición dominante y apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción", celebró el jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich afirmó que con esta norma se evita que "en la cadena de valor, los mismos 'vivos' de siempre, los que tienen posición dominante, perjudiquen al productor mediante un aumento artificial de precios".

"El Estado debe intervenir en la cadena de valor para defender al que produce y defender al que consume", dijo el funcionario, para quien, en la actualidad, se ha "distorsionado" este principio. Además, recalcó la necesidad de actualizar la anterior ley, vigente desde 1974, para incluir a las pequeñas y medianas empresas.

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El proyecto logró este martes el visto bueno en las comisiones parlamentarias, también dominadas por el oficialismo, pese a las críticas de diversas cámaras empresariales, que sostienen que el proyecto no cumple con los objetivos de la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, sino que establece la "intervención directa" del Estado en la economía y en las empresas.

Entre otras medidas, el proyecto contempla incautar, consignar y vender bienes y servicios por parte del Gobierno sin juicio de expropiación; otorga mayores atribuciones para fijar precios; dispone sanciones por acaparamiento de materias primas, por falta de continuidad en el abastecimiento o por no producir bienes dentro de los márgenes establecidos por el Estado.

Asimismo, permitiría al poder político intervenir en los procesos económicos de las empresas, fijando márgenes de utilidad y volúmenes de producción.

Bajo la modificación de esta ley también se faculta al Poder Ejecutivo para incautar toda la documentación comercial que considere pertinente, así como la clausura preventiva de los comercios, sin necesidad de intervención judicial. Como guinda de pastel, todas las sanciones impuestas por incumplimiento de la norma se pagarán primero y se reclamarán después.

Se trata de una ley muy similar a la que ha aplicado Venezuela en materia de precios y producción, y que ha desencadenado graves problemas de desabastecimiento en todo tipo de bienes y servicios.

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