El Gobierno acaba de presentar el informe anual de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), el proyecto estrella que encabeza la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el objetivo de mejorar la eficiencia y, sobre todo, prescindir del enorme gasto superfluo en el que incurre el conjunto del sector público, en un momento de especial dificultad a nivel económico y fiscal. No en vano, cabe recordar que España sigue registrando un déficit público próximo al 7% del PIB, entre los más altos de la zona euro, y una deuda que ya supera el billón de euros y roza el 100% del PIB. Así pues, el espíritu del proyecto no sólo es loable sino imprescindible para que España salga de la crisis.
Sin embargo, por desgracia, la CORA no es más que papel mojado y, por tanto, un nuevo e inaceptable engaño del Ejecutivo del PP a la ciudadanía. De hecho, dada la paupérrima situación que siguen presentando las cuentas públicas y las brutales subidas de impuestos que han sufrido las familias y empresas españolas para tratar de mantener en pie la elefantiásica estructura estatal, las mentiras oficiales sobre la pretendida austeridad que blande el Gobierno han dejado de ser una broma de mal gusto para convertirse en poco menos que un insulto.
Solo así cabe calificar las absurdas cifras que pregona la CORA. Según Sáenz de Santamaría, gracias a este plan, las distintas Administraciones Públicas han logrado ahorrar 10.417 millones de euros desde 2012 hasta el pasado junio, y mantiene que el recorte acumulado ascenderá a un total de 37.620 millones de euros a cierre de 2015. Pero, en realidad, estos números son puro humo, una mera ilusión para publicitar a bombo y platillo una reforma muy exigua, cuando no inexistente, que en ningún caso servirá para solventar los graves problemas de funcionamiento y el brutal despilfarro que sigue padeciendo el sector público español.
El engaño consiste, básicamente, en tratar de vender como reducción de gasto algo que no es tal. Así, por ejemplo, el Gobierno incluye en esta partida los 766 millones de euros que, en teoría, se han ahorrado los españoles en trámites y procedimientos administrativos -por no coger un taxi, por ejemplo-, o la reducción de costes que, en teoría, supondrá la aplicación de la nueva Ley de Régimen Local, entre otras partidas cuya estimación es más que dudosa. Así pues, la CORA es más bien un cajón de sastre en el que cabe y vale todo, pero cuya credibilidad y eficacia a la hora de reformar el sector público son nulas.
Prueba de ello es que Sáenz de Santamaría citó este viernes el plan del Estado para eliminar las embajadas autonómicas -de adscripción voluntaria- como modelo de éxito, pese a que País Vasco y Cataluña, que son las regiones que mantienen más oficinas en el exterior, no se han sumado a esta medida, con lo que la pretendida reducción de entes inútiles en este campo ha sido mínima. En realidad, el análisis detallado del informe arroja un resultado muy diferente al que anuncia el PP. El recorte estimado de gasto que, de verdad, incluye la CORA es de apenas 6.500 millones entre 2012 y 2015. Y eso, siempre y cuando todas las Administraciones implicadas cumplan sus compromisos y el Gobierno no eleve el gasto público.
Y el problema aquí es que, lejos de reducir el insostenible tamaño estatal, el Ejecutivo popular ya ha empezado a aumentar de nuevo el gasto de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, confiando en que la recuperación económica se encargará de incrementar la recaudación fiscal para, de este modo, cumplir los laxos objetivos de déficit marcados por Bruselas en 2014 y 2015. Los datos demuestran, por tanto, que el PP nunca tuvo la intención de reformar en profundidad el enorme aparato estatal, y aún menos el autonómico o local, que tantos problemas generan a la economía española. Es cierto que en 2012 redujeron algo el gasto público para intentar esquivar la quiebra del país, pero, en cuanto el PIB ha repuntado mínimamente, les ha faltado tiempo para subir el gasto, repitiendo así los graves y costosos errores del pasado.