El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de manera cautelar el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado junio que fija el nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos, que supone un recorte de unos 1.700 millones de euros para este año.
En tres autos, el Alto Tribunal rechaza los así los primeros recursos que interpusieron otras tantas empresas contra esta normativa, así como contra la orden de 16 junio en la que se aprobaban los parámetros retributivos de las instalaciones.
Para la Sala de lo Contencioso, la suspensión generalizada de la citada orden podría "poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema eléctrico español", incluso si se admitiera que su aplicación inmediata puede generar a las instalaciones afectadas un inmediato perjuicio económico para sus titulares, cuyo eventual resarcimiento posterior, afirma, sería posible en todo caso.
También rechaza suspender de forma cautelar la orden para categoría o tipologías de instalaciones singulares porque, de lo contrario, se podría paralizar de forma generalizada el nuevo régimen retributivo aplicable a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
"El nuevo régimen retributivo, a la vez que trata de evitar esas consecuencias, confiesa su voluntad de permitir que este tipo de instalaciones cubran los costes necesarios para competir en el mercado, en un nivel de igualdad con el resto de tecnologías, y obtengan una rentabilidad razonable", subrayan las resoluciones.
Dicho sistema, que sustituye al de primas, establece 1.400 tipos de plantas y vincula el cobro de retribuciones adicionales a lo que reciban en el mercado eléctrico a una rentabilidad razonable vinculada a la evolución de la deuda pública para toda la vida útil de cada instalación. Así, cada planta cobrará en función de la inversión lo recibido hasta ahora y su vida útil. Con este esquema, hay plantas, fundamentalmente parques eólicos, que dejarán de recibir retribución adicional.
Su rentabilidad está vinculada a la evolución de las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos básicos, que actualmente ronda el 5,8 %, aunque el Ejecutivo ya manifestó que la referencia del bono será la correspondiente a cuando se aprobó la ley del sector eléctrico y que la situaba en el 7,5 %.
El año pasado, las primas a este régimen sumaron 9.000 millones en 2013, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones con el nuevo esquema retributivo. Según los cálculos del Ejecutivo, las tecnologías del régimen especial recibirán 200.000 millones de euros de retribución en toda su vida útil.
Desde este año, serán 142.530 millones a los que se suman los 56.294 millones que han cobrado desde 1998. El proceso de tramitación de esta norma ha estado acompañado desde hace un año de duras criticas del sector, que ha estado todo este tiempo trabajando con ingresos provisionales que ahora deberán ajustar. De hecho, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha admitido a trámite 350 recursos el real decreto y la orden.