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Díaz no hará pública las listas de los defraudadores de la formación

Indignación en el PP e IU por la marcha atrás de la "implacable" presidenta andaluza.

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Susana Díaz ha dicho una y otra vez que sería implacable contra la corrupción, pero los hechos siguen yendo en otra dirección. Ahora, su consejero de Educación, Luciano Alonso, que eleva ya a 19,3 los millones a reclamar por irregularidades de subvenciones a la formación, no va a publicar la lista de empresas y entidades a quien se reclamará ese dinero. La gravedad del hecho está en que el propio Alonso lo prometió el pasado día 10 de septiembre. Tal conducta ha motivado la indignación del PP e incluso de su socio de gobierno, IU.

Tras informar en el Parlamento andaluz que sumaban ya 19,3 millones de euros las 640 resoluciones definitivas de reintegro por irregularidades varias(estando aún pendientes de estudio 3.352 expedientes de ayudas concedidas desde 2007, de los que 547 está en fase de requerimiento de información o inicio de reintegro y podrían plasmarse en más resoluciones firmes), el gobierno de Susana Díaz anunciaba su incumplimiento de la promesa.

Hace un mes, la "transparencia" era la palabra de moda. Como refleja ABC, el consejero dijo en el pleno del Parlamento "Volviendo a los compromisos de transparencia, cuanto antes se va a hacer público el listado de entidades con propuesta definitiva de reintegro". Es más, en un alarde de "transparencia" añadió: "Lo vamos a hacer de una manera aún más transparente porque vamos a publicar no sólo las resoluciones económicas, daremos un paso más y publicaremos el motivo del reintegro». Pero desde ayer se sabe que el Gobierno andaluz no va a revelar ni los beneficiarios ni el motivo de la devolución.

Ignacio García, de Izquierda Unida, dijo que no iban a aceptar esta marcha atrás del gobierno de Susana Díaz "ni como parlamentarios ni como ciudadanos". El PP calificó de "estafa" lo ocurrido. Lo hizo mediante la diputada que añadió: "Miente la presidenta de la Junta, el consejero y todo el Gobierno del PSOE e IU", dijo durante la comparecencia del consejero. El portavoz del PP, Carlos Rojas, criticó que "ahora se refugie en la Ley de Protección de Datos cuando publicó la lista de empresas exoneradas de justificar fondos incluso con el CIF".

Teodoro Montes, figura principal en la macrocausa sobre los cursos de formación que instruye la juez Alaya declaró ayer que firmó diplomas de 25 cursos de formación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que previsiblemente no se impartieron entre los años 2009 y 2010.

Además señaló con claridad a dos altos cargos de la Junta: a la actual delegada de empleo de Sevilla, Aurora Cosano, y a la secretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Auxiliadora de Nova. Según Montes, éstas le impusieron que expidieran los diplomas a pesar de que no estaban anotados en la herramienta informática adecuada, llamada Gefoc, que expidiera los diplomas. Según Montes obedeció pero dejó constancia por escrito de su negativa a hacerlo.

Podría haber más cursos en los que usara el mismo método expeditivo para "fabricar" diplomas en cursos no impartidos. Según denunció el funcionario en 2013 y recuerda El País, la FAFFE podría haber gestionado hasta 450 cursos y acumuló 48,8 millones de euros entre 2009 y 2010 de los que "no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello", según informó la Cámara de Cuentas.

El pasado miércoles, tras haber denunciado mordidas del 20 por ciento por parte de CEA, CCOO y UGT, Montes se desdijo, al menos, de la petición de mordidas desde la patronal andaluza y también de la vinculación que estableció entre el caso ERE y los cursos de formación. El diario de Prisa subraya que sus denuncias carecen de fundamento probatorio especialmente en el caso de la Fundación Faisem, a la que acusó de haber maltratado y anestesiado a enfermos mentales.

Aunque Montes volvió a ratificar que los sindicatos cobraron las comisiones, matizó ayer de nuevo su testimonio respecto a la CEA. Ha confirmado que se creó en la patronal una red de entidades que se lucraron a través de ella al poder acceder a los cursos que le eran adjudicados y que se ejecutaban en sus instalaciones y con sus docentes. Libertad Digital publicó un informe sobre ello. De este modo, el beneficio que obtendría con ello la patronal sería la posibilidad de realizar los cursos cuando y como quisiesen.

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