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EDITORIAL

Rajoy y el descontrol del déficit autonómico

El PP, además de incumplir su promesa de reformar el sistema autonómico, ni cumple ni hace cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

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"No se puede gastar más de lo que se ingresa, y sobre el que gaste más caerá el peso de la ley, porque la primera obligación de un responsable político es saber gestionar con lo que tiene y no comprometer el futuro con lo que no tiene". Desde que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, pronunciara estas encomiables palabras, a inicios de 2012, para justificar la necesidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no ha habido un solo año en el que el conjunto de las Administraciones Públicas haya cumplido los objetivos de reducción del déficit a los que se refiere dicha ley. Y eso a pesar de que el Gobierno ha ido modificando permanentemente al alza dichos topes e introduciendo cambios contables del PIB que facilitan enormemente su cumplimiento.

De nada ha servido –salvo para retrasar y debilitar la recuperación económica– que el Ejecutivo popular haya aprobado una brutal subida de impuestos, pues el endeudamiento público ha crecido también a un ritmo y a unas cotas nunca vistos. De nada ha servido que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contemplara mecanismos de "vigilancia, sanción e intervención", tal y como el ministro Montoro advirtió en abril de 2012 a los manirrotos gobernantes autonómicos, justo después de incrementarles las transferencias y avalar su endeudamiento mediante los llamados hispabonos. El hecho es que el Gobierno no sólo no ha sancionado –menos aun intervenido– a ninguna de las comunidades autónomas que han incumplido sus objetivos de reducción del déficit, sino que las ha premiado con nuevas transferencias a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica y con topes de reducción del déficit más laxos que las que sí cumplieron.

Con estos antecedentes, a nadie debería sorprender que las Administraciones regionales vayan casi a duplicar el tope máximo del 1% fijado por Hacienda para este año, tal y como asegura el último informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Tampoco debe sorprender que entre las comunidades previsiblemente incumplidoras se encuentren muchas de las que sí cumplieron los objetivos el año pasado.

Sin duda, el sistema autonómico adolece de un mal diseño estructural, que permite al gobernante autonómico recoger el beneficio electoral de incrementar el gasto público pero no hacerle responsable del coste de subir los impuestos. Pero si el Gobierno de la nación, además de dejar aparcada su promesa de una "profunda reforma" del sistema autonómico, no cumple ni hace cumplir su propia ley de Estabilidad Presupuestaria, el desastre está servido.

Es posible que este Gobierno tan renuente a poner a adelgazar al sector público pida a las comunidades que suban sus impuestos, tal y como de hecho proponía Montoro hace escasos días. Pero lo más probable es que encubra su fracaso mostrando una hipócrita satisfacción con el nivel de cumplimiento logrado, cosa que ya ha hecho con la misma desfachatez que dice defender la austeridad pública.

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