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La polémica sobre el artículo 135

Lo que no es bueno para la economía familiar (gastar más de lo que se ingresa) no puede serlo para la economía pública, y menos para la economía de la nación.

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La búsqueda desaforada de votos suele devenir en la negación de derechos fundamentales de las personas, so pretexto de otorgar dádivas o prebendas a sectores que se pretende captar. La historia, a medio plazo, suele castigar a quienes usaron malas artes para arrancar votos mediante la confusión, privándoles de los votos esperados y del honor que debería estar implícito en quien pretenda representar al pueblo soberano.

Quien hace lo que no debe buscando capitalizar una situación adversa recibirá el reproche de la comunidad. De algún modo se hará realidad aquel reproche que hiciera Churchill a Chamberlain, al presumir éste del acuerdo con Hitler: "Habéis prometido paz con honor, habéis perdido el honor y ahora perderéis también la paz". Pronto o tarde, las falsas promesas, las maquinaciones torticeras para modificar voluntades dejan a cada uno en el sitio que le corresponde, y ello para perpetua memoria.

El artículo 135 de la Constitución Española de 1978, en su versión consolidada tras la reforma de 27 de septiembre de 2011, siendo presidente del Gobierno el señor Rodríguez Zapatero, es una garantía para los españoles y para todos aquellos que, en sus relaciones con España, ponen su confianza en los preceptos constitucionales que rigen nuestra convivencia.

La garantía no lo es únicamente en lo referido por el apartado tercero, "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública (…) se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta", al fin y al cabo algo semejante se decía ya en el artículo 355 de la Constitución de 1812:

La deuda pública reconocida será una de las primeras atenciones de las Cortes, y éstas pondrán el mayor cuidado en que se vaya verificando su progresiva extinción, y siempre el pago de los réditos en la parte que los devengue…

Garantía para todos la constituye el apartado segundo al establecer: "El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros", con independencia de que esta limitación entrará en vigor a partir de 2020. Tratar de alterar estas garantías en función de otros objetivos debe considerarse una tropelía de la que resultarán perjudicados el pueblo español (ricos y pobres) y las relaciones de éste con terceros países.

Lo que no es bueno para la economía familiar (gastar más de lo que se ingresa) no puede serlo para la economía pública, y menos para la economía de la nación en su conjunto. Pensar que las visiones macro desmienten las micro es un error que suele pagarse muy caro. Los ejemplos son bien elocuentes.

En España sobran milagreros, cuando, precisamente, todos tendríamos que hacer lo que deberíamos hacer para el bien de la sociedad en su conjunto

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