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La receta de Podemos contra el paro costaría 140.000 millones de euros extra

El partido de Iglesias renuncia a la Renta Básica Universal, pero, a cambio, propone duplicar los empleados públicos, hasta un total de 6,4 millones.

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Pablo Iglesias, acompañado por los economistas Vincenç Navarro (i) y Juan Torres (d) | Efe

El partido de Pablo Iglesias ha renunciado a la Renta Básica Universal (RBU) que planteó en las pasadas elecciones europeas, pero ha sustituido esta opción por otro tipo de propuestas que consisten, igualmente, en disparar el gasto público de forma muy sustancial.

Así, una de las nuevas medidas estrella que recoge el borrador de programa económico de Podemos, elaborado por los economistas Juan Torres y Vicenç Navarro, plantea la posibilidad de garantizar un empleo público a los parados, con el fin de reducir la elevada tasa de desempleo.

El impacto presupuestario de esta política sería muy similar a la RBU que, en un principio, defendía Podemos. En este sentido, la formación que lidera Iglesias llegó a reconocer un coste próximo a 145.000 millones de euros al año para implantar la Renta Básica, mientras que la propuesta de Torres y Navarro rondaría los 138.000 millones.

Sin embargo, a esta factura habría que sumar la particular Renta Mínima de Inserción que también incluyen en su informe para garantizar unos ingresos mínimos a toda la población, y cuyo coste superaría los 11.000 millones, según los distintos cálculos que maneja dicho partido, de modo que sólo ambas medidas arrojarían un factura total cercana a los 150.000 millones de euros extra al año, aunque a esta cifra habría que restarle las consiguientes prestaciones por desempleo en caso de contratar parados (unos 25.000 millones como máximo, muy inferior en todo caso al gasto adicional de esta medida).

3,5 millones de empleados públicos adicionales

En concreto, el citado borrador apuesta por la creación masiva de empleo público para reducir el paro.

Generar demanda efectiva e ingresos para poder crear empleo suficiente y decente alcanzar el pleno empleo debe ser objetivo prioritario del gobierno de Podemos tanto a través del estímulo al sector privado como, cuando ello no sea suficiente, mediante la creación de empleo por parte del Estado corrigiendo el enorme déficit de infraestructura social del país a través de la expansión de los servicios públicos del estado de bienestar, hoy claramente subfinanciados en España.

Para ello, ambos economistas proponen lo siguiente:

[…] si España tuviera una persona de cada cinco, como tenía Suecia en 2010, en los servicios públicos -de los cuales la mayoría son los del estado de bienestar- en lugar de una de cada diez, tendríamos más de tres millones y medio de empleos adicionales en nuestro país.

Es decir, los gurús económicos de Podemos plantean más que duplicar el actual número de empleados públicos. A cierre de 2013, España contaba con cerca de 2,9 millones de empleados públicos, según la Encuesta de Población Activa (EPA), mientras que el gasto público en personal ascendió a 114.537 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. Así pues, si el sector público contratara a 3,5 millones de personas extra, su coste rondaría los 138.000 millones de euros adicionales.

Como consecuencia, España pasaría a contar con un total de 6,4 millones de empleados públicos, cuya factura superaría los 252.000 millones de euros al año. Si estas cifras se trasladaran al ejercicio 2013, el gasto del conjunto de las Administraciones Públicas aumentaría desde los 465.000 millones (44,3% del PIB) hasta los 603.000 millones (57,5%). Pero si, además, se sumara el coste de la nueva Renta Mínima de Inserción, estimado en unos 11.000 millones, la factura total ascendería a 614.000 millones (58,5% del PIB).

De este modo, y tan sólo teniendo en cuentas estas dos medidas, España se convertiría en el país con mayor gasto público del mundo desarrollado, a la altura de Finlandia y Grecia, y superando incluso a Francia. Por otro lado, si se tiene en cuenta que los ingresos públicos en 2013 alcanzaron 393.500 millones (37,5% del PIB), el Estado habría registrado un déficit próximo a 220.000 millones de euros de mantenerse todo igual, una agujero fiscal equivalente al 21% del PIB, triplicando así el déficit de 2013.

Más subidas de impuestos

Por ello, Torres y Navarro proponen la necesidad de incrementar los ingresos para poder financiar este tipo de medidas. ¿Cómo? Básicamente, combatiendo el fraude fiscal y disparando la fiscalidad sobre el sector privado (empresas y familias). Su objetivo, como mínimo, es elevar la recaudación tributaria en cerca de 10 puntos del PIB (unos 100.000 millones adicionales al año), para situarse en la media de la UE. Dichos economistas concretan algunas cifras a este respecto:

[…] los análisis del sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha) señalan que ese tipo de medidas permitirían obtener 38.500 millones de euros reduciendo en 10 puntos la economía sumergida y luchando de forma intensiva contra el fraude fiscal en grandes fortunas y corporaciones empresariales, 14.000 millones de euros elevando el tipo real del Impuesto de Sociedades de las mayores empresas del país con beneficios superiores al millón de euros (14.000 millones), 5.000 millones con un impuesto sobre operaciones financieras (5.000 millones) y 20.200 millones de euros igualando nuestra presión fiscal a la de la UE-27.

Cabe recordar que los españoles ya soportan uno de los esfuerzos fiscales más altos de Europa y del mundo desarrollado, pero Podemos apuesta por incrementar aún más esa pesada carga. En las últimas semanas, Iglesias ha citado los países nórdicos como referencia de su modelo económico, siendo Finlandia una de sus principales referencias socialdemócratas.

Es cierto que Finlandia tiene un elevado gasto públicos y también unos altos ingresos tributarios, superiores al 55% en ambos casos, pero Podemos olvida que la economía finlandesa es, al mismo tiempo, una de las más libres del mundo (ocupa el noveno puesto en el último ranking internacional sobre facilidad a la hora de hacer negocios), mientras que España se sitúa en la posición 33. El problema aquí es que el modelo económico de Podemos no tiene nada que ver con el de Finlandia, puesto que el partido de Iglesias aboga por todo lo contrario: mucho más Estado y menos mercado.

Por último, la citada contratación de 3,5 millones de empleados públicos extra convertiría a España, igualmente, en uno de los países con mayor porcentaje de trabajo estatal del mundo -exceptuando a los regímenes comunistas-. En concreto, la ratio de empleo público pasaría de representar el 12,5% de la población activa al 27,7%. Es decir, tres de cada diez personas en edad y disposición de trabajar estarían a sueldo del Estado y, por tanto, sufragados con los impuestos de los contribuyentes.

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