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Monedero, contra la confiscación tributaria

Si la altísima fiscalidad resulta inaceptable para quien inicia un proyecto empresarial ideológico, ¿por qué no para los no ideológicos?

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Las noticias que afectan a los miembros de Podemos suelen tratarse con demasiado apasionamiento: las filias y las fobias que desatan a partes iguales entre la población conducen a una progresiva frivolización personalista del auténtico meollo que pueden contener. Ya sucedió con el contrato universitario de Errejón —cuyo interés no estaba en si al dirigente de Podemos le faltaba o le dejaba de faltar un papel sino en ilustrar que la arbitrariedad corruptora del Estado se extiende a todos los niveles administrativos— o en la declaración de ingresos de Pablo Iglesias —cuyo meollo no era lo que el líder de Podemos ganara o dejara de ganar, sino mostrar que uno puede ubicarse en el top 1% de ingresos personales sin formar parte de una plutocracia que domine el mundo—.

Con el caso de Juan Carlos Monedero y su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 sucede algo parecido: más allá de lo anecdóticamente personal (cuánto ingresó, en cuánto tiempo, de quién y por qué motivo), creo que sí hay dos lecciones políticas de fondo que pueden y deben ser extraídas. Dos lecciones que, además, socavan varios presupuestos ideológicos y programáticos de Podemos, lo que debería motivar la sincera reflexión de los propios dirigentes de Podemos y del resto de la sociedad española que se adhiere a sus ideas.

Primero, los servicios de consultoría prestados en 2013 por los que Monedero ingresó 425.000 euros podían haber tributado en una de estas dos figuras fiscales: o por ingresos profesionales dentro del IRPF o por ingresos del Impuesto sobre Sociedades. En el primer caso, los ingresos estaban sometidos en el ejercicio fiscal de 2014 a una escala progresiva montorianamente confiscatoria: la suma entre 53.000 y 120.000 euros abonaba un tipo marginal del 47%; entre 120.000 y 175.000, el 49%; entre 175.000 y 300.000, el 51%; y por encima de 300.000 euros, el 52%. En el segundo caso, la fiscalidad era algo más reducida: los primeros 300.000 euros tributaban al 20% y a partir de ahí al 25%. Si Monedero escogió tributar por Sociedades y no por IRPF (a un tipo marginal máximo del 25% y no del 52%) es por lo obvio: porque Montoro convirtió el impuesto sobre la renta en un auténtico infierno fiscal… no sólo para las rentas más bajas, sino también para las más elevadas.

A este respecto, conviene recordar que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, suele apelar al "patriotismo fiscal" de los españoles para que éstos escojan voluntariamente maximizar los impuestos que abonan a la Hacienda nacional. Siempre me ha parecido un argumento débil, por cuanto pretende equiparar patriotismo con servilismo: si alguna obligación moral nos impusiera el patriotismo, ésta no sería desde luego la de cebar a una maquinaria estatal hipertrofiada, sino la de promover un florecimiento autónomo de la sociedad civil española, algo que solo puede suceder cuando es la sociedad, y no el Estado, la que retiene la riqueza que ella misma genera. Celebro que los dirigentes de Podemos no hayan adoptado en sus hechos el servilismo tributario que promueven constantemente en sus palabras: no se me ocurrirá tildarles de poco patriotas por ello.

De hecho, y este es el segundo punto que creo que merece la pena destacar, Monedero ha defendido orgullosamente su actuación aludiendo a que los ingresos como consultor facturados a través de su sociedad no tenían como cometido el enriquecimiento personal, sino que han ido dirigidos en su totalidad a financiar La Tuerka, creando con ello puestos de trabajo y riqueza en España. Según nos relata, y no tenemos por qué no creerle, sus necesidades personales las tiene suficientemente cubiertas con su sueldo universitario: no requiere de nada más. Pero este discurso tiene un problema: es evidente que una muy acuciante necesidad vital de Monedero era la de constituir una productora de televisión que divulgara sus ideas y sus ideales dentro de España; y, para colmar tan legítima necesidad vital, a Monedero no le bastaba con su sueldo universitario, sino que necesitaba un capital adicional de, según él mismo nos dice, 425.000 euros.

¿Moraleja de estos hechos? No es verdad que una persona pueda satisfacer todas sus legítimas aspiraciones vitales con un sueldo de 2.000 o 3.000 euros mensuales. Gravar desaforadamente los ingresos que superen tales cuantías (o establecer sueldos máximos que no excedan tales cuantías) no equivale a gravar las excentricidades y los lujos de los ricos degenerados: en muchos casos, puede suponer socavar las bases de la autoestima y de la autorrealización de las personas. Si la alta fiscalidad hubiese impedido que Monedero contara con capital suficiente para montar La Tuerka, a buen seguro su vida habría sido mucho menos satisfactoria de lo que lo ha sido hasta ahora. ¿Habría sido justificable que el Estado, en aras de la "justicia social", arruinara gran parte de las muy lícitas aspiraciones vitales de Monedero confiscándole los fondos que necesitaba para iniciar sus actividades como productor televisivo? Ni lo creo yo ni, al parecer, lo creen los dirigentes de Podemos atendiendo a su comportamiento.

Por desgracia, tengo la sensación de que desde Podemos y desde la mayor parte de la sociedad española no se generalizan estos mismos principios a casos que son esencialmente análogos: montar una empresa —no solo una productora televisiva, sino cualquier empresa— forma parte de los legítimos proyectos vitales que contribuyen a la autorrealización personal. En el caso de La Tuerka, los dirigentes de Podemos parecen verlo bastante claro: se trata de una empresa ideológica promovida por personas con compromiso ideológico. Pero, como decimos, esa misma lógica no parecen extenderla a otras sociedades mercantiles con finalidades no ideológicas: acaso por falta de perspectiva a la hora de comprender y tolerar motivaciones personales distintas a las del intelectual medio de la facultad de Ciencias Políticas de una universidad, desde Podemos —y desde la mayor parte de España— no se reconoce que muchos empresarios pueden poseer el igualmente legítimo sueño de que sus empresas crezcan y prosperen. Por ejemplo, quien ha creado una compañía bien puede asimilar semejante proyecto empresarial con un hijo al que quiere ver llegar a lo más alto de una sociedad; quien ha heredado una empresa de su padre, bien puede querer honrar la memoria de su progenitor expandiendo y engrandeciendo la organización que éste le legó.

Si la altísima fiscalidad resulta inaceptable para quien desea iniciar un proyecto empresarial ideológico, ¿por qué, en cambio, debemos reputarla aceptable para quien desea iniciar un proyecto empresarial no ideológico? ¿Acaso los únicos fines vitales legítimos son los estrictamente políticos? ¿No puede una persona vivir una vida plena siendo un buen y virtuoso comerciante de ropa, medicinas, tuberías, tornillos, hamburguesas o cemento? No hay razón fundada para justificar una baja fiscalidad en unos casos y un expolio tributario en otros. Y, como no la hay, espero que Podemos y la sociedad española vayan poco a poco comprendiendo que los actuales niveles de fiscalidad sobre la renta son del todo inadmisibles e injustificables. Son un robo que, para más inri, bloquea la creación de riqueza y empleo dentro de nuestras fronteras.

A este respecto, podríamos empezar, por ejemplo, por establecer un tipo máximo en el IRPF del 25%: así todos los españoles podrían tributar al mismo gravamen que en el Impuesto sobre Sociedades. Un gravamen que, al parecer, los dirigentes de Podemos consideran en sus hechos mucho más justo y proporcional que los actualmente confiscatorios tipos marginales del IRPF.

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