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La 'guerra de Airbnb': Competencia, Gobierno y CCAA, a la gresca por el alquiler vacacional

Hacienda quiere cobrar a los propietarios, las autonomías prohibir el servicio y la CNMC pide que no se interfiera en el mercado.

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Airbnb puede ser el (inesperado) escenario de la próxima batalla política en España. En la última semana, Hacienda, las comunidades autónomas y las autoridades de Competencia han movido ficha en el sector de los alquileres vacacionales privados. El éxito de las webs de alojamiento a través de internet (especialmente de la americana) preocupa a unos y alegra a otros. No está claro qué pesará más, si su capacidad para generar ingresos para las administraciones o la presión de la industria.

Así, el miércoles de la semana pasada Hacienda presentaba su Plan de control Tributario y Aduanero para 2015 con un objetivo claro: internet y los nuevos servicios colaborativos. El Ministerio habla de "actuaciones de control sobre los prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios a través de Internet para garantizar la adecuada tributación de las rentas generadas". Incluso, amenaza con mandar a los chicos de Montoro a los pisos en alquiler con el objetivo de detectar actuaciones irregulares.

Dos días después, era la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que entraba en escena y anunciaba la interposición de un recurso contencioso-administrativo "contra el Decreto 79/2004, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en la Comunidad de Madrid". En concreto, la CNMC alega que el artículo 17.3 de ese Decreto, que prohíbe alquilar una vivienda para uso turístico menos de cinco días, es un "obstáculo a la competencia efectiva". Según el recurso, con este tipo de normas, "se restringe la capacidad de elección del consumidor (eliminando del mercado a cierto tipo de operadores) o se elevan los costes de estos operadores, lo que se vería reflejado en el precio que los consumidores deberán pagar". Por eso, la Comisión asegura que "la medida no está justificada en términos de necesidad y proporcionalidad y producirá una restricción grave para la competencia en este mercado".

La presión

Madrid no es la única región que ha legislado en contra de los intereses de este tipo de web. Como puede verse en esta recopilación de idealista news, prácticamente todas las regiones han aprobado normas (o las van a aprobar en el futuro cercano) para limitar o controlar la capacidad de los particulares para alquilar sus viviendas. El lobby hotelero presiona fuerte para detener un nuevo tipo de negocio que sienten que amenaza su futuro.

En realidad, Competencia, Hacienda y comunidades autónomas plantean cuestiones diferentes, pero que al final pueden acabar teniendo puntos en común. En principio, puede parece que el Gobierno central, las regiones y los hoteleros tradicionales forman un frente común. Todos ellos lanzan la misma acusación contra Airbnb y otras webs similares: que operan al margen de la ley, no pagan impuestos y se benefician así de una suerte de competencia desleal frente a los negocios establecidos.

Sin embargo, aunque en eso hay consenso, la aproximación al problema es diferente. Las regiones y las empresas hoteleras lo que quieren es prohibir la actividad y utilizan argumentos no sólo fiscales (también se habla de seguridad para los clientes, higiene de los alojamientos o molestias para los vecinos). A primera vista, lo que pretende Hacienda es otra cosa muy distinta: aprovechar esta nueva burbuja para recaudar. Y España es uno de los principales destinos turísticos del mundo por lo que hay mucho margen para obtener ingresos.

Sólo con coger los datos de Airbnb ya podemos hacernos una idea del tamaño del pastel. La compañía asegura que ya tiene más de 800.000 alojamientos en todo el mundo y gestiona más de 10 millones de reservas al año. ¿Cuánto corresponde a España? ¿A qué cantidad aspira Hacienda con su amenaza de inspecciones?

La cuestión es importante porque cambia por completo el terreno de juego. Como apuntamos, uno de los argumentos clásicos contra estos negocios es que no pagan impuestos. Y está claro que a la mayoría de los propietarios de las casas les interesa mantenerse como hasta ahora, por debajo del radar de Montoro. Pero cuidado, si Hacienda consigue su objetivo también acabaría de un plumazo con la acusación. Es decir, lo que puede ser malo por un lado podría servir por el otro para legitimar la situación de la compañía. Además, a esto se podría sumar la petición de Competencia de no interferir en el mercado; una postura que también debería ayudar al negocio.

En un país como España, la patronal de los hoteles siempre va a tener peso. Pero cuidado, no hay que minimizar la presión de la opinión pública. Si Competencia se une al bando de los usuarios y además las administraciones públicas comienzan a ver a las webs como una fuente de nuevos ingresos, no será tan fácil acabar con la actividad.

Una de las claves de la guerra de los taxistas con Uber, con un primer asalto que ha terminado con la victoria parcial de las organizaciones del sector, ha sido que la multinacional norteamericana prácticamente no había iniciado sus operaciones. Con el negocio en marcha y cientos de miles de clientes habría sido políticamente mucho más complicado echarle el cierre.

En este sentido, Airbnb y otras empresas similares tienen mucho ganado. Por una razón u otra, han conseguido establecerse antes de que las administraciones se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Habrá gresca seguro. Los hoteleros presionarán. Las regiones han escogido bando. En el caso del Gobierno central no está tan claro. Y en mitad de todo este follón la pregunta que sobrevuela no es fácil de responder: ¿se puede permitir España, tercer destino turístico del planeta, prohibir o dificultar la actividad de la empresa turística más exitosa de la última década?

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