En 2008, se aprobó el llamado Fondo Estatal de Inversión Local, que popularmente se conoció como Plan E, o Plan Zapatero. Se trataba de ayudas a municipios y entidades locales para llevar a cabo pequeñas obras con el objetivo de fomentar el empleo.
Aprobadas y entregadas las ayudas, y realizadas las obras, el Gobierno empezó a requerir la devolución de dichas ayudas, en la mayoría de casos por meros defectos formales en su tramitación, e incluso en algunos casos, como el del ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), porque el cartel anunciador del Plan E no era de las dimensiones suficientes.
En 2009, se aprobó el segundo Plan E -Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local-, que fue declarado inconstitucional por sentencia número 150/2012 del Tribunal Constitucional. El ayuntamiento de La Portella (Lérida) se ha visto inmerso en un pleito con la Administración General del Estado, en el que se reclama el reintegro de una ayuda de más de 150.000 euros por meros defectos formales en la tramitación administrativa, si bien la obra objeto de la ayuda -la mejora de la red de alcantarillado local- se realizó efectivamente, y se contrató a los trabajadores que preveía la ayuda.
Antes de dictar sentencia y a instancia de la defensa del ayuntamiento, a cargo de Maite Nolla Abogados, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha decidido suspender el pleito y plantear la cuestión de inconstitucionalidad para que el primero de los llamados planes E sea, también, declarado inconstitucional.