Tras la debacle electoral que sufrió el PP en las pasadas elecciones andaluzas y la brutal caída en intención de voto que arrojan los últimos sondeos, es evidente, incluso para la incompetente cúpula popular y sus nefastos asesores, que el partido en el Gobierno perderá buena parte de su actual poder en los próximos comicios municipales y autonómicos, y, desde luego, no revalidará, ni de lejos, la histórica mayoría absoluta que le concedieron los españoles en las pasadas generales de 2011.
Tanto es así que la dirección del PP ya admite abiertamente que tendrá que pactar con Ciudadanos tras las elecciones de mayo. Al igual que Podemos ha acabado comiéndose a IU y parte del voto socialista, todo apunta a que el bocado que le meterá el partido de Albert Rivera a Mariano Rajoy y sus secuaces será de órdago si se mantiene la actual tendencia.
Este deterioro electoral está siendo interpretado en los últimos días como un castigo directo a la política de austeridad y recortes que viene aplicando el Gobierno del PP desde el inicio de la legislatura. Nada más lejos de la realidad. Y lo triste es que incluso Génova ha comprado este erróneo diagnóstico. Prueba de ello son las últimas soflamas electoralistas lanzadas por el Ejecutivo con el ilusorio fin de detener la sangría electoral: atención primaria para los inmigrantes sin papeles; anulación de copagos sanitarios y tasas judiciales para los particulares; aumento de plantillas públicas; nuevas medidas contra los desahucios...
En definitiva, más gasto y "políticas sociales" para tratar de revertir la percepción negativa de los tan cacareados recortes. Y ello, a pesar de que la manida austeridad pública ha sido inexistente, tal y como evidencia la evolución presupuestaria y el mantenimiento del mal llamado Estado del Bienestar durante la crisis.
Resulta sorprendente que a estas alturas de la película haya que explica lo obvio, pero, visto lo visto, no queda más remedio que insistir: ¡No son los recortes, estúpidos, es el bolsillo del votante! Eso, y no otra cosa, es lo que explica el deterioro de su base electoral. En primer lugar, conviene recordar que el PP no ganó las elecciones de 2011 -apenas sumó 800.000 papeletas respecto a las generales de 2008-, sino que el PSOE se despeñó en las urnas -perdió 4,3 millones de votantes- debido a las mentiras de Zapatero a la hora de negar la crisis -muchos españoles se sintieron engañados- y, sobre todo, al brutal impacto que tuvo la posterior recesión en materia de paro, calidad de vida e incertidumbre de cara al futuro.
Es decir, la crisis, no los recortes, fue la principal causa del descalabro socialista. Al votante medio, en general, le dan igual las políticas que ponga en marcha uno u otro partido en momentos de grave dificultad económica, siempre y cuando se materialicen en efectos favorables para su bolsillo. De ahí, precisamente, la insistencia del Gobierno en resaltar la buena marcha de la economía y la creciente senda de recuperación que ha iniciado España en los últimos trimestres.
Pero, entonces, ¿por qué esta estrategia no está dando el resultado esperado? Una de las claves es que el PP olvida una cuestión muy importante a tener en cuenta. A saber, que el término "recuperación" significa, literalmente, "volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía", según la Real Academia Española (RAE). Y el problema aquí es que España todavía no se ha recuperado de la profunda recesión sufrida durante la primera mitad de la legislatura popular.
El PIB cayó un 2,1% en 2012 y un 1,2% adicional en 2013, mientras que apenas ha crecido un 1,4% en 2014. Como consecuencia, la economía nacional es hoy un poco más pobre que a cierre de 2011, cuando el PP tomó las riendas del poder. Es muy posible que este mismo año el PIB supere el umbral registrado entonces, siempre y cuando los factores exógenos lo permitan -petróleo, crisis del euro, etc.-, pero la mejora lograda durante toda la legislatura será, en todo caso, escasa, casi imperceptible para la mayoría de la población.
En este sentido, uno de los indicadores más relevantes a tener en cuenta es la evolución del paro, el principal problema del país. Es cierto que ahora España está creando empleo, sí, pero no lo es menos que la destrucción laboral continuó hasta finales de 2013. ¿Resultado? A cierre del pasado año, el número total de parados rozaba los 5,5 millones de personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA), unas 170.000 más que en 2011, y, aunque se lograran crear 500.000 empleos durante este ejercicio, la penosa realidad es que Rajoy cerrará su mandato con un 5% o un 10% menos de parados que Zapatero. Exiguo balance para tanto golpe de pecho, ¿no creen?
Estos datos no solo se reflejan en las grandes cifras económicas, sino que se perciben a pide calle, tal y como reflejan las encuestas. Los siguientes gráficos muestran la opinión de los españoles sobre la economía nacional y su particular situación personal en noviembre de 2011 y el pasado mes de marzo, según los barómetros elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
La comparativa ratifica lo expuesto anteriormente. Es decir, que, aunque las cosas van hoy un poco mejor, la situación general no difiere en exceso de la existente hace cuatro años tras la fuerte recesión sufrida en 2012 y 2013. Por ello, mientras que en 2011 más del 86% de los españoles calificaba la situación económica de "mala" o "muy mala", en la actualidad este porcentaje apenas se ha reducido hasta el 74%, lo cual implica un avance todavía escaso.
Esta relativa mejora es incluso menor si se atiende a la percepción que manifiestan los españoles acerca de su situación económica personal, ya que quienes la califican de "buena" apenas sube del 25% al 33%, mientras la "mala" sólo baja del 24% al 20,8%.
Asimismo, las expectativas a un año vista, siendo favorables, tampoco son para tirar cohetes, puesto que el volumen de encuestados cuya situación cree que será mejor pasa del 17,6% a finales de 2011 al 20,9% el pasado marzo.
En cuanto a los principales problemas de España, el paro sigue a la cabeza, con más del 80%, de forma muy similar a 2011. En este caso, la preocupación por los problemas económicos ha caído de forma sustancial, desde el 48% hasta el 25%, fruto del actual contexto de recuperación (el PIB crece y se crea empleo), al tiempo que destaca el fuerte aumento del problema de la corrupción política debido al reguero de escándalos que ha saltado a la luz en los últimos años.
Sin embargo, uno de los datos más relevantes es que, a diferencia de lo que se suele aducir, la inmensa mayoría de españoles no cita los "problemas de índole social" o la situación de la "Sanidad" y la "Educación" públicas entre los supuestos casos de alerta social que tan habitualmente pregonan tertulianos y políticos.
Otro punto reseñable consiste en observar la evolución de los problemas que más afectan personalmente a los encuestados, puesto que el paro y los asuntos económicos siguen liderando, de lejos, la respuesta de la mayoría, con un 46% y 28%, respectivamente, frente a los "políticos", la "corrupción", el funcionamiento de los principales servicios públicos o las cuestiones "sociales".
Por último, también resulta interesante comprobar el perfil de los encuestados para percatarse de que el número de parados permanece invariable entre 2011 y 2015, por encima del 23%, mientras que el porcentaje de trabajadores incluso disminuye ligeramente desde el 41% al 40%.
Así pues, los datos anteriores ponen de manifiesto que, a pesar de la recuperación iniciada hace algo más de un año, tanto la situación económica general como la personal de la mayoría de españoles no ha cambiado de forma sustancial durante la presente legislatura. Por esta misma razón, a Rajoy le interesa retrasar al máximo la convocatoria de las elecciones generales, confiando en que el crecimiento y la creación de empleo se vaya extendiendo y notando poco a poco entre la población, pero, aún así, la mejora prevista será mínima respecto a 2011, de modo que su efecto también será limitado entre los votantes.
La base electoral del PP confió en Mariano Rajoy para sacar a los españoles de la crisis, pero el balance obtenido hasta el momento es que su situación económica personal ha cambiado poco y, por encima, ha sufrido la mayor subida de impuestos de la historia de España, en contra de lo prometido por los populares, con el consiguiente daño a sus bolsillos.
En este apartado cabe señalar, igualmente, el recorte salarial a los empleados públicos, que, sin duda, también ha provocado enfado entre su votante funcionarial, ya que Montoro bien podía haber optado por intensificar al máximo la eliminación de plantillas prescindibles y el cierre de todas las empresas, televisiones, fundaciones y chiringuitos de toda índole que aún conserva el sector público para ahorrar el mismo o incluso mucho más dinero.
Si a la escasa mejora económica y el inédito sablazo infligido al bolsillo de sus votantes, se suma el vergonzoso abandono de los principios y valores ideológicos del PP, no es de extrañar que muchos hayan visto en Ciudadanos la oportunidad de mostrar su rechazo a la actual dirección popular haciendo uso del tradicional voto de castigo.
Por el contrario, los recortes poco o nada pintan en esta materia. En primer lugar, porque la oposición a las necesarias políticas de austeridad se concentra en la izquierda política y social, que nunca votará al PP -haga o no recortes-, y, en segundo término, porque las propias encuestas le otorgan una importancia absolutamente marginal a dicha cuestión. En concreto, tan sólo un 3,9% de los españoles cita los "recortes" entre los principales problemas del país, mientras que otros temas sensibles, como los "desahucios" (2,4%), las "pensiones" (2,2%) o la "reforma laboral" (0,1%) recaban incluso menor atención.
Por último, según admiten los encuestados, el perverso problema de los "recortes" apenas afecta hoy personalmente al 4,3%, los "desahucios" al 0,6%, la "reforma laboral" al 0% y el problema de las "pensiones" al 5,2%. Señores del PP y todólogos varios, es el bolsillo de los españoles -y el sentimiento de traición ideológica que manifiestan muchos de sus electores-, no los imprescindibles y sanos recortes del sector público, lo que sigue pesando, y mucho, a la hora de votar.