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Podemos propone un impago general de deuda pública, hipotecas, facturas y alquileres

El programa autonómico de Pablo Iglesias incluye quitas a CCAA, paralizar desahucios y dación en pago retroactiva, entre otras medidas.

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El programa autonómico de Pablo Iglesias incluye quitas a CCAA, paralizar desahucios y dación en pago retroactiva, entre otras medidas.

Un simpa general. Éste es uno de los grandes ejes que recoge el Programa del Cambio que presentó Podemos el pasado martes de cara a las próximas elecciones autonómicas. El documento, que incluye un total de 215 medidas, carece de concreción a nivel financiero, ya que no cuantifica el coste presupuestario de su implementación ni explica cómo financiarlo, puesto que la inmensa mayoría de las propuestas consiste en disparar el gasto público.

Sin embargo, del análisis del texto sí se desprenden una serie de principios programáticos muy claros, que dan idea de la profunda ideología estatista que propugna el partido de Pablo Iglesias: más impuestos, más gasto, planificación económica e impago general de deudas.

Así, uno de los primeros puntos que llama la atención es que, si bien Podemos se ha caracterizado por lanzar duras críticas al rescate público de cajas de ahorros y empresas vinculadas al poder político, dicha formación propone ahora extender dicho rescate al conjunto de la economía, profundizando con ello en el perverso modelo consistente en socializar pérdidas y privatizar ganancias que tanto ha denostado -en teoría-, a costa, cómo no, del siempre sufrido contribuyente: "Plan de rescate ciudadano", "Rescate contra el sobreendeudamiento", "Rescate a autónomos y pymes", "Rescate sanitario", "Rescate educativo", "Rescate de servicios y fondos públicos", "Rescate a personas dependientes", "Rescate fiscal", "Rescate energético"...

¿Y en qué se traduce todo este "rescate" generalizado? Básicamente, en mucho más gasto público, pero también en un impago masivo de deuda pública, créditos, facturas y alquileres. "La carga de una deuda excesiva -tanto pública como, especialmente, privada- sigue lastrando las posibilidades de crecimiento de la economía española", según enfatiza el programa. Su diagnóstico inicial en este ámbito no es incorrecto. Efectivamente, uno de los graves problemas estructurales de la economía española consiste en que familias y empresas acumularon un insostenible volumen de deuda durante la época de burbuja inmobiliaria, mientras que el Estado también disparó su endeudamiento tras el estallido de la crisis.

De ahí, precisamente, la necesidad imperiosa de elevar la productividad y aplicar férreos programas de austeridad pública para impulsar el crecimiento del PIB y equilibrar los pesupuestos con el fin de amortizar deudas y liquidar las malas inversiones acometidas en el pasado, tal y como reclaman numerosos expertos y organismos internacionales. Pero éste no es el caso de Podemos. La receta estrella que aporta el partido de Iglesias al problema de la deuda es mucho más simple y sencillo, al menos sobre el papel: impagar.

Que las CCAA impaguen al Estado

Podemos ya ha defendido en el pasado la necesidad de reestructurar e impagar la deuda pública que acumula el Estado, pero, al tratarse ahora del programa electoral para las autonómicas, ha decidido extender esta particular solución al conjunto de los gobiernos regionales.

Propuesta para aliviar la deuda autonómica. Impulsaremos la renegociación con el Estado del pago de la deuda pública autonómica -tipos de interés, periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización-, con el fin de reducir el coste del pago de la deuda y poder destinar ese ahorro a cubrir necesidades sociales inmediatas, así como inversiones para el futuro desarrollo del nuevo modelo productivo.

No es una cifra baladí. El Gobierno central ha prestado cerca de 185.000 millones de euros a CCAA y Ayuntamientos para evitar su quiebra, llegando a cubrir la práctica totalidad de sus necesidades financieras desde 2012.

Pero es que, además, el programa incluye la posibilidad de extender este particular default a todo tipo de empresas y organismos regionales, previa realización de una auditoría sobre sus deudas.

Evaluación de la deuda de la Administración Pública y de las empresas con participación pública en capital, consorcios e institutos públicos. Se analizarán las posibles responsabilidades sancionables tanto económicas como legales de gobiernos anteriores. Se hará un análisis pormenorizado, caso por caso, del coste y de los beneficios de las actividades y los servicios públicos externalizados y del grado de calidad de la prestación, con la intención de iniciar un proceso de negociación con acreedores. En los casos de colusión o mala fe, se abrirán procesos de reestructuración de la deuda en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de derecho.

Impago de hipotecas y créditos

Asimismo, Podemos propone, una vez más, el impago generalizado de hipotecas mediante la paralización de los desahucios -que también afecta al impago de alquileres-...

Nos comprometemos a paralizar los desahucios que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica.

…Y la dación en pago con carácter retroactivo.

[…] en ningún caso las deudas hipotecarias podrán ser superiores al valor de la propiedad hipotecada:

a. Limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado (lo cual supone un reconocimiento del derecho a la dación en pago).

b. Quitas: reducción del capital pendiente del préstamo al ajustarlo al valor real de la vivienda. La dación en pago, que no deja de ser traumática, pues para el deudor supone la pérdida del bien hipotecado, podría evitarse al ajustar la deuda al valor real del inmueble (por ejemplo, una nueva tasación de la vivienda con los precios actuales en lugar de con los precios de la época de la burbuja inmobiliaria con los que se calculó el préstamo original).

c. En la práctica, este procedimiento judicial supondría dar respuesta a la demanda de la dación en pago retroactiva, porque todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya han entregado su vivienda al banco podrían acogerse a este procedimiento y cancelar así la deuda restante.

Poco importa que la morosidad hipotecaria en España sea baja y el número de desahucios reducido, que tanto la paralización de los desahucios como la imposición de la dación en pago retroactiva sean medidas inexistentes en los países más ricos, o que su aplicación acabaría perjudicando a la mayoría de españoles y generando un nuevo agujero en el sistema financiero de "desastrosas" consecuencias, según los expertos.

Además, este tipo de medidas no sólo se circunscribirían a familias, sino que también se extenderían a los créditos de autónomos y pymes, incluyendo la posibilidad de que el Estado avale o conceda, directamente, préstamos para reflotar negocios en dificultades, con la consiguiente factura extra al contribuyente en caso de impago.

Se ampliará la condición de consumidores a los pequeños y medianos empresarios para convertirlos en sujeto de aplicación del procedimiento simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas.

Se promoverá un plan de microcréditos a autonómos y pymes, a partir de planes de negocio y estudios de viabilidad que demuestren una orientación estratégica y operativa para conseguir reflotar técnica y comercialmente cada empresa dentro de los mercados elegidos.

Impago de facturas

Por último, pero no menos importante, Podemos también plantea que se impaguen -o socialicen- las facturas de luz, agua y calefacción, bien mediante la provisión o financiación pública del servicio...

Garantizaremos un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas.

Los suministros de gas y electricidad recuperarán el carácter de servicio público, entendiendo como servicio público una actividad cuyo objeto es la satisfacción de una necesidad colectiva, con independencia de si está gestionada por instituciones públicas o privadas.

El agua recuperará su carácter de servicio público y se garantizará su suministro a todos los hogares […] Se estudiará la creación, por parte de cada comunidad autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública para asegurar, entre otras políticas, el «rescate energético» de las personas aquejadas de pobreza energética.

Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada una situación de pobreza, el pago de ese mínimo vital no podrá superar el 10% de los ingresos mensuales del hogar. El dinero provendrá de un fondo autonómico contra la pobreza energética.

El consumidor tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro durante el periodo de un año, un derecho que se podrá ampliar anualmente y de manera indefinida, mientras la situación de pobreza persista.

…Bien mediante la imposibilidad de cortar el suministro.

No se procederá al corte de suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y, en particular, por pobreza sobrevenida. Se dotará a la Administración de los recursos necesarios para realizar las evaluaciones.

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