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Montoro resucita la reforma del funcionariado que rechazó con Zapatero

Hace casi diez años el Gobierno aprobó el Estatuto del Empleado Público con el apoyo de todos los partidos excepto del PP.

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El exministro socialista Jordi Sevilla y el actual ministro de Hacienda Cristóbal Montoro | Archivo

En los últimos días, el ministerio de Hacienda está realizando diversas reuniones con los sindicatos mayoritarios y con los que se encargan de los funcionarios del Estado. Fruto de esas reuniones se han puesto sobre la mesa varias medidas que pese a parecer novedosas en realidad no lo son tanto.

Quizá la más polémica es la relacionada con ligar el salario de los funcionarios a la productividad. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reafirmó este martes la intención del Gobierno de negociar con los sindicatos vincular los salarios de la función pública al cumplimiento de objetivos.

"El salario de los funcionarios públicos tiene una parte fija que, por supuesto, es indiscutible, y tiene una parte variable que es más susceptible de llevar a cabo actuaciones de esta naturaleza", aseguró a los medios de comunicación antes de participar en un acto organizado por Cepyme.

Una medida que el presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, considera positiva pero de muy difícil aplicación. "Todo lo que nos sirva para evaluar el trabajo de los funcionarios, para que los ciudadanos sepan en qué se gasta el dinero es positivo, pero tienen que ser objetivos consensuados con los trabajadores y objetivos claros y lógicos", asegura Borra a Libre Mercado.

Más allá de la facilidad de aplicar esta medida, que sin duda, en términos estrictos es positiva para la eficacia del Sector Público, lo curioso de la propuesta es que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una medida similar hace casi diez años con el apoyo de todos los grupos excepto del Partido Popular.

En 2006, el Gobierno socialista, con su entonces ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, aprobó el Estatuto del Empleado Público. El texto contemplaba el compromiso de marcar objetivos a los empleados y hacer un seguimiento, con lo que se retribuiría al trabajador público en función de su desempeño.

Tanto en su tramitación en el Congreso como en el Senado la propuesta fue aprobada sin el apoyo del PP. El Estatuto contenía otras muchas medidas relacionadas con la carrera profesional, el código de conducta, las posibilidades de desempeño y la negociación colectiva.

¿Tarea realizable en las AAPP?

Ligar salarios a productividad es una cuestión muy compleja, difícil de analizar en muchas administraciones donde los objetivos no están tan claros como en otras y son difícilmente cuantificables. Por ello, es muy complicado que los presupuestos generales del año que viene incluyan partidas destinadas a esta retribución porque es difícil, por ejemplo, cuantificar la productividad de un cirujano del Sistema de Salud Público.

¿Cómo contabilizas su productividad? ¿Por número de operaciones? La sanidad, al igual que otros bienes, no deja de ser un producto inelástico. Nadie va más al médico aunque disminuya su precio, es decir, un individuo se somete a una operación de vida o muerte si lo necesita independientemente del coste de esa intervención.

Es complicado calcular, en términos estrictos, la productividad de ciertos empleos públicos. ¿Cómo calcular los objetivos de un Agente de Tráfico? ¿Por medio de las multas que tramita? Eso generaría externalidades negativas y supondría un incentivo claro a imponer multa de manera discrecional. Pese a estas dificultades de implantar un sistema por objetivos en algunas actividades públicas, lo cierto es que se trata de un mantra que se repite desde hace tiempo.

Sin embargo, apenas quedan unas semanas para que el Ejecutivo presente los Presupuestos Generales del año que viene. Unas cuentas en las que Rajoy se juega mucho y los funcionarios suponen una gran parte del electorado. Por ello, se comienza desde Hacienda a lanzar mensajes que buscan devolver la confianza de los electores.

Las peticiones de los funcionarios, según cuenta a LM CSIF, pasan por recuperar el 75% de la paga extra que todavía se les adeuda además de recuperar "la estructura salarial que tenían previamente al recorte de Zapatero en 2010". Fuentes de Hacienda aseguran a este periódico que aún no hay nada claro, que es necesario saber de cuánto dinero se dispone para poder calcular qué medidas se podrán llevar a cabo para devolver el poder adquisitivo que los funcionarios han perdido durante la crisis. En cuanto a la paga extra, "algo se devolverá, pero aún se desconoce si será todo o una parte".

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