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Las matemáticas no mienten: la ecuación que 'amenaza' el futuro de las pensiones

Sólo con una subida brutal de la productividad de sus trabajadores la economía española podrá mantener el poder adquisitivo de sus pensionistas.

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Los periodistas económicos saben que hay pocos temas que generen más interés que los que tienen relación con las pensiones públicas. Prácticamente cualquier noticia al respecto, ya afecte a los actuales jubilados o a los del futuro, se cuela en las más leídas/vistas/escuchadas del día. Y cualquier novedad en el sistema genera polémica. Por eso, entre otras cosas, le resulta tan complicado a cualquier Gobierno abrir este melón.

En cierto sentido es lógico. Todos nos sentimos concernidos en lo que tiene que ver con las pensiones. Cada mes, la Seguridad Social se lleva casi un 30% de nuestro sueldo (entre la parte del empresario y la del trabajador). A cambio, generamos un derecho futuro.

En este sentido, lo primero que hay que decir es que en un sistema de reparto como el nuestro no estamos ahorrando. El dinero que va la Seguridad Social no se guarda ni se invierte, sino que sirve para pagar las prestaciones de los actuales pensionistas. Lo único que nos garantiza el Estado es que cobrará a los trabajadores del futuro un cierto porcentaje de sus ingresos para que también nosotros tengamos una paga cuando llegue el momento.

En teoría, nada de esto debería ser objeto de discusión ideológica. Las bases del sistema son las que son. Lo que se podría discutir es si el modelo es mejor o peor, pero los fundamentos sobre los que se asienta tendrían que estar claros. Hay algunos gastos que no responden al pago de pensiones contributivas y algunos ingresos que no llegan de las cotizaciones, pero son una cifra muy reducida respecto al total. La Seguridad Social responde a la siguiente identidad contable:

(1) Número de pensionistas * (2) Pensión media

= IGUAL =

(3) Número de trabajadores * (4) Salario medio * (5) Cotización

Por lo tanto, para saber qué pasará con las pensiones del futuro y si el sistema es o no sostenible, habría que analizar qué pasará con cada uno de los cinco elementos de la identidad. No se puede saber con absoluta certeza qué ocurrirá en el futuro, pero sí hay tendencias que se pueden anticipar. Y no son demasiado alentadoras para los jubilados de 2030-2040 que sólo confíen en su pensión pública.

Más y menos

(1) Número de pensionistas: según The 2015 Ageing Report de la Comisión Europea, en 2013 España tenía 8,3 millones de mayores de 65 años (lo que supone el 17,9% de su población) y 2,6 millones de mayores de 80 años (5,6%). En 2050, serán 15,1 millones (33,3% del total) y 5,8 millones (12,7%) respectivamente.

(2) Pensión media: en diciembre de 2005, la pensión media de jubilación era de 686,61 euros. En junio de este año ascendía a 1.020,80 euros. Es una subida equivalente al 48,6%, aunque el IPC en estos diez años sólo ha subido un 18,8%.

Hay varias razones para esta subida. Por un lado están las leyes que garantizan el poder adquisitivo de las pensiones. Pero sobre todo, los nuevos pensionistas (los que cumplen 65 años) cobran más y tienen más derechos adquiridos que los que salen del sistema porque fallecen.

(3) Número de trabajadores: de nuevo según la Comisión Europea, la población entre 15 y 64 años pasará de 31,1 millones en 2013 a 24,3 millones en 2050. Esto no quiere decir que caiga el número de trabajadores, porque podría subir el porcentaje de la población que tiene un empleo. En este sentido, la tasa de actividad y la tasa de empleo en España están muy lejos de las de otros países europeos.

(4) Salario medio: en 2005, el salario medio en España ascendía a 18.676,9 euros. En 2013, última fecha en la que el INE ofrece datos, había subido a los 22.697,8 euros. Implica una subida del 21%. El IPC en ese período ascendió un 18,9%.

(5) Cotizaciones sociales: en estos momentos, los españoles pagamos el 28,3% de nuestro coste laboral a la Seguridad Social en concepto de contingencias comunes. El 23,6% es la parte llamada a cargo del empleador y 4,7% a cargo del empleado. En ambos casos, es coste salarial y puede entenderse como un impuesto al sueldo de cada empleado a cambio de generar un derecho a cobrar una pensión en el futuro.

El panorama

¿Qué panorama nos dejan los anteriores datos? Pues uno bastante preocupante para el futuro del sistema público de pensiones. Con respecto a los puntos 1 y 3, todos tenemos claro que no hay mucho que hacer. El número de pensionistas subirá y el de potenciales trabajadores bajará de aquí a 2050. El efecto en el empleo puede moderarse algo si conseguimos aumentar la tasa de empleo (personas entre 15 y 64 años que tienen un trabajo), pero las estimaciones más optimistas de la UE hablan de que a mediados de siglo habrá el mismo número de trabajadores que ahora.

Además, hay que tener en cuenta que cambiar los patrones demográficos es muy complicado a corto plazo, por no decir imposible. Los trabajadores de 2040 deberían haber nacido ya. Si no lo han hecho, llegamos tarde. Imaginemos que las familias españolas decidieran cambiar de un día para otro su planteamiento sobre cuántos hijos quieren y empiecen a ampliar su descendencia. Este panorama no parece muy posible, pero es que incluso aunque se produzca, los nuevos hijos que tengan a partir de ahora no llegarán al mercado laboral como mínimo hasta 2040, cuando ya habrá una carestía de nuevos trabajadores.

Por otro lado, lo de los mayores de 65 años es una gran noticia. Quiere decir que viviremos más y mejor. Pero que se algo positivo no quiere decir que no tenga implicaciones financieras. De nuevo, es un fenómeno que sabemos que ocurrirá. Salvo catástrofe (y esperemos que no pase), ya podemos calcular con bastante fiabilidad cómo será la estructura de edades de la población española en 2050. Los jubilados de ese año ya han nacido y podemos estimar cuánto vivirán.

Sobre los demás elementos de la ecuación hay más dudas, entre otras cosas porque son cuestiones sujetas en parte a decisiones políticas. Respecto al punto 2, la pensión media, sabemos que subirá si no se hace nada. Como decíamos, los nuevos jubilados llegan a los 65 años con más derechos y habiendo cotizado más que los antiguos. Pero esto podría cambiar, y de hecho está cambiando: no hay más que subir la edad legal de jubilación, endurecer los requisitos para cobrar el 100% de la pensión, penalizar más las anticipadas,...

El punto 5, cotizaciones sociales, también podría cambiar, al menos en teoría, sólo habría que modificar la ley. Pero parece poco probable que lo haga, al menos al alza. Los costes no salariales del empleado medio español ya están entre los más altos de Europa. Subir las cotizaciones sociales sólo perjudicaría aún más nuestra ya débil competitividad. De hecho, lo que recomiendan los expertos es, si acaso, bajar estas cotizaciones.

Por lo tanto, para detener la imparable tendencia de los puntos 1-2-3 sólo queda un recurso: sueldos más altos que paguen cotizaciones más elevadas. Eso sí, esto no es tan fácil. Ya hemos visto que los salarios medios han crecido por debajo de la pensión media en los últimos años.

Pero subir sueldos no es algo que se pueda hacer por decreto, aunque algunos políticos así lo piensen. Para que sea sostenible, un incremento de los salarios medios debe ir acompañado de un movimiento equiparable en productividad. Y no parece que los cambios legislativos que puedan empujar en esa dirección (liberalizar sectores protegidos, flexibilizar los mercados, impulso de la competencia, premio a los que mejor lo hagan,...) estén en lugares destacados de nuestra agenda política.

Las alternativas

Con todo esto, ¿cuál es el panorama que nos espera? Siendo muy optimistas, podemos imaginar que las pensiones medias podrían llegar a mantener el poder adquisitivo que tienen en la actualidad. No será fácil, pero sumando el endurecimiento de los requisitos para cobrar una pensión (aunque esto es una rebaja pura y dura, se venda como se venda) y el incremento de los salarios, podría conseguirse. Cuidado, esto oculta una realidad: dentro de 40 años todos seremos más ricos, por lo que si las pensiones sólo logran mantener su poder adquisitivo, los jubilados quedarán mucho más atrás respecto al conjunto de la sociedad. Es decir, la tasa de sustitución entre el último salario y la primera pensión será muchísimo más baja que ahora. Y eso en el escenario positivo.

En segundo lugar, está la cuestión de la reforma silenciosa del sistema. La que se hace año a año, recortando de un sitio y poniendo un poco en otro. La jugada, básicamente, consiste en subir las bases máximas de cotización por encima de lo que sube la pensión más alta (incluso hay quien ya pide abiertamente eliminar los topes de cotización sin tocar por ello las pensiones más elevadas). Al mismo tiempo, se van incrementando las prestaciones más bajas. Lo que se consigue es pasar de un sistema contributivo (tanto aportas, tantos derechos generas) a uno asistencial (más o menos todos cobrarán lo mismo). Es una tendencia que parece imparable, entre otras cosas porque tiene muy pocos costes políticos a corto plazo. Eso sí, no saldrá gratis: según la sociedad vaya tomando conciencia de esto, la legitimidad del modelo (que se basa en buena parte en ese carácter contributivo) empezará a quebrar.

Por último, queda la alternativa a la que siempre recurren los políticos: que pague el contribuyente. Es decir, financiar la Seguridad Social vía impuestos. Pero esto también tiene un coste. Si el incremento en el peso de las pensiones en el gasto público se quiere pagar con impuestos, habrá que subir esto (dañando de forma irreversible nuestra competitividad) o recortar gastos de otras partidas.

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