El Tribunal de Cuentas certifica que en el año 2014 se "interrumpió la continua reducción del déficit" que desde 2012 habían conseguido las comunidades autónomas, y critica que el Ministerio de Hacienda no tomara ninguna de las medidas que le permite la ley ante los desvíos en las ejecuciones presupuestarias de algunas regiones.
Así consta en el 'Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económico-financieros (PEF), planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de Pago a Proveedores'.
En dicho documento, que recoge Europa Press, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que las medidas de ajuste del déficit han ido "perdiendo eficacia" con el paso de los años como consecuencia, por una parte, de la fijación de un objetivo único para todas las comunidades y, por otra, por haber planteado los planes económico-financieros usando cifras que posteriormente fueron modificadas.
Así, pese al "considerable esfuerzo realizado por la práctica totalidad" de comunidades autónomas para ajustar su déficit (un 67,42% de media entre 2011 y 2014), el subsector autonómico ha incumplido de forma sistemática sus objetivos anuales.
"Significativo" deterioro en 2014
En este sentido, el Tribunal destaca la "buena gestión" realizada por Castilla-La Mancha y Andalucía, que han reducido su desequilibrio presupuestario más de un 80% en dicho periodo, así como los resultados obtenidos por Canarias, Galicia, Madrid, La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Asturias y Extremadura que, sin embargo, "han experimentado en 2014 un significativo deterioro".
"En general, el ejercicio 2014 ha supuesto una interrupción de la continua reducción del déficit desde 2012", lamenta el organismo, que critica que durante los últimos años ninguna comunidad autónoma con desviaciones planteara medidas de autocontrol adicionales, salvo Andalucía (que finalmente no alcanzó sin embargo el objetivo), Canarias y Extremadura (que sí consiguieron cumplir con el objetivo).
En este sentido, el organismo fiscalizador recalca que la mayor parte de los planes económico-financieros no detallan suficientemente las medidas de control del gasto ni las vinculen con partidas presupuestarias concretas, lo que impide cuantificar de forma precisa el ahorro y dificulta su seguimiento.
Por eso, sugiere a las comunidades que adopten "medidas de ajuste extraordinarias" para conseguir sus objetivos, que eviten desviaciones, que aporten información más "precisa y mensurable" sobre sus ajustes y que hagan "mayores esfuerzos" para la consolidación.
Críticas a Hacienda
Además, el Tribunal critica que pese a que los sucesivos informes de seguimiento de los planes de ajuste de 2012 y 2013 pusieron de manifiesto que varias comunidades se estaban alejando del cumplimiento de sus objetivos de déficit, "no consta que el Ministerio de Hacienda adoptase ninguna de las medidas" coercitivas que le permite la normativa vigente.
Es más, el organismo fiscalizador cuestiona incluso la decisión del departamento que dirige Cristóbal Montoro de fijar un objetivo de déficit único para todas las comunidades autónomas, algo que, a su juicio, limita la "eficiencia" del procedimiento de consolidación fiscal y convierte en un "mero formalismo" el procedimiento de fijación de objetivos individuales.
Y es que la normativa de estabilidad presupuestaria "contempla como situación normal la existencia de objetivos de déficit diferenciados para cada comunidad autónoma". "Sin embargo, la práctica ha sido la fijación del mismo objetivo de estabilidad para todas las comunidades e igual al fijado para el conjunto autonómico", apostilla el documento.
Todo ello con la excepción del año 2013, cuando sí hubo objetivos asimétricos para las diferentes regiones, sin que el Consejo de Ministros justificara ni en un caso ni en los otros la motivación del criterio adoptado en cada momento. Por todo ello, el Tribunal recomienda a Hacienda que "extreme el control" y que explique "tanto los criterios de distribución (del déficit) entre subsectores como la distribución horizontal entre comunidades".