El Ayuntamiento de Madrid llevará al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) una reforma estatutaria que incluye un guiño al movimiento "okupa", colectivo del que proceden algunos de los concejales de Ahora Madrid.
La medida, acordada en la Junta de Gobierno del pasado viernes 9 de octubre, elimina la prohibición de que quienes hayan "okupado" ilegalmente una vivienda municipal puedan concurrir al registro de solicitud de la EMVS. Esto significa que se levanta el veto que impedía que quienes realizan este tipo de acciones puedan acceder a los programas de alquiler que financia el Ayuntamiento.
Pero hay más. También está previsto que, en el marco del nuevo reglamento, los "okupas" tendrán la oportunidad de legalizar su situación si acreditan al menos dos años de residencia en un piso municipal. No está claro cómo se verificará esta cláusula, pero en cualquier caso la "regularización de la okupación" ya está en marcha.
Evidentemente, esta situación genera un agravio comparativo. Al fin y al cabo, se premia a los "okupas" que llevan dos años residiendo ilegalmente en una vivienda municipal, ya que se les coloca en el mismo plano que aquellas familias que sigan el procedimiento oficial y cumplan con lo exigido por las Administraciones.
El concejal José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, ha denunciado que esta nueva situación "es un auténtico atropello desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista social, porque hay millones de madrileños que pagan sus hipotecas mes a mes y ahora se encuentran con esto".
Los "okupas", en el mismo plano que el resto
Antes de final de año, el Ayuntamiento tiene previsto sacar en régimen de alquiler más de 600 viviendas. Además, el equipo de gobierno de Ahora Madrid espera construir 700 nuevos pisos en los próximos dos años. A estas iniciativas se suma una promoción de vivienda en Carabanchel, de la que un tercio de los pisos irá a parar a refugiados sirios.